La plata de la Fiscalía para la paz

Desde que se posesionó Eduardo Montealegre, por lo menos unos US$2 millones se han destinado a asesores que manejan temas como justicia transicional y el Marco Legal para la Paz.

Eduardo Montealegre llegó a la Fiscalía el 29 de marzo de 2012 y nombró como su mano derecha a Jorge Perdomo.  / Gabriel Aponte
Eduardo Montealegre llegó a la Fiscalía el 29 de marzo de 2012 y nombró como su mano derecha a Jorge Perdomo. / Gabriel Aponte

Hoy arranca la Semana por la Paz como un buen recordatorio de las tantas personas y entidades que están abonando el camino para que el conflicto colombiano, que ya lleva 50 años sacudiendo las bases del país, de una vez por todas llegue a su fin. Justicia transicional, Marco Legal para la Paz, crímenes internacionales; son varios los campos en los que los organismos del Estado buscan herramientas para trabajar. Y si hay uno particularmente ‘emocionado’ en esa búsqueda es la Fiscalía, que en ese contexto ha invertido hasta ahora casi US$2 millones (más de $3.628 millones) en asesores particulares, contratados directamente. A dedo, es la expresión que suele usarse.

Ese tipo de nombramientos sin licitación son comunes en todas las entidades y tienen una razón de ser: en temas de especial importancia, las cabezas de las entidades prefieren trabajar con personas que, además de contar con los méritos profesionales, sean de su total confianza. En el caso de la Fiscalía de Eduardo Montealegre, las asesorías sobre justicia penal internacional, justicia transicional, Marco para la Paz, priorización y acuerdos con las Farc se han dejado en manos, principalmente, de 13 personas o firmas. Y, si la confianza es proporcional al número de contratos, en quien más confían en el despacho del fiscal es en Alejandro Aponte Cardona.

El Espectador examinó los contratos que la Fiscalía ha designado directamente desde el 29 de marzo de 2012 —día en que Eduardo Montealegre se posesionó— y que aparecen registrados en el sistema de información oficial. Aponte Cardona, doctor en derecho penal de la universidad alemana de Saarland, y exconsultor de la agencia de cooperación alemana GTZ y del Centro de Toledo para la Paz, ha conseguido cuatro contratos entre 2012 y 2014, por un valor total de $816 millones: tres de ellos destinados a prestar asesoría técnica al despacho del fiscal en temas relacionados con justicia transicional y justicia penal internacional; y, el último, para apoyar al fiscal y al vicefiscal Jorge Perdomo en propuestas alrededor del debate del Marco Legal para la Paz.

En ese mismo nivel de honorarios la única que figura es Natalia Springer. A la reconocida analista política de La FM, columnista de El Tiempo y exdecana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se le asignó un contrato por $895 millones a través de su compañía Springer Von Schwarzenberg Consulting Services. El contrato, firmado el 10 de septiembre del año pasado y vigente por ocho meses, indica que la firma de Springer asesoró al fiscal en “el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales / internacionales cometidos en el marco del conflicto”, construyendo bases de datos, procesamientos estadísticos y hasta análisis de algoritmos.

Otro de los asesores ‘estrella’ ha sido el exjuez español Baltasar Garzón, conocido mundialmente por dos cosas: haber pedido en extradición al exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998, y haber sido inhabilitado por 11 años para ejercer en la Rama Judicial por haber interceptado ilegalmente las conversaciones entre unos abogados y sus defendidos. El organismo investigador le pagó $725 millones por prestar apoyo técnico al fiscal general para la investigación penal de la macrocriminalidad en contextos de justicia transicional. Garzón firmó su primer contrato el 8 de octubre de 2012, es decir, diez días antes de que Gobierno y Farc se encontraran por primera vez en Oslo (Noruega) para iniciar los diálogos de paz.

La empresa de publicidad del argentino Ángel Becassino obtuvo $150 millones por apoyar durante seis meses el proceso “de institucionalización y conocimiento de la sociedad de la política de priorización que propone la Fiscalía”. A Catalina Sánchez Daniels, de la corporación Vivamos Humanos —fundada por el expresidente Ernesto Samper—, le dieron un contrato de $143 millones por asesorar durante un año a la Fiscalía en justicia transicional y en propuestas para reglamentar el Marco para la Paz. Caterina Heyck Puyana recibió $72 millones por analizar, en un semestre, el Acto Legislativo 01 de 2012 (justicia transicional) y a Proyectos Semana le pagaron $140 millones por llevar a cabo un foro del Marco Legal para la Paz.

Y así, la lista continúa. Pedro Medellín, excolumnista de El Tiempo y consejero editorial de Semana, se ha hecho a dos contratos, cada uno de seis meses, por un valor total de $241 millones. El primero, de 2013, para asesorar al despacho del fiscal sobre “la internacionalización de la Fiscalía” y su función en el marco de justicia transicional, así como en comunicación estratégica sobre “los acuerdos que marquen el final del conflicto” entre Gobierno y Farc. El segundo, de 2014, para asesorar al mismo despacho en aras de “facilitar el seguimiento y la comprensión de la comunidad nacional e internacional en torno a los acuerdos alcanzados entre las Farc y el Gobierno colombiano”.

A Luis Eduardo Jaramillo Hoyos —de quien no aparece información por internet— le pagaron $385 millones por asesorar al fiscal en justicia transicional, posconflicto y reconciliación, así como por realizar “un trabajo conceptual, normativo y filosófico sobre la necesaria articulación entre el aspecto jurídico y el aspecto político en las negociación de paz con la guerrilla de las Farc”. El contrato de menor valor y duración se lo dieron a Andrea Mejía Pérez ($17 millones, tres meses), por “hacer una propuesta argumentativa para disolver el antagonismo entre justicia y paz”. Mejía estudió literatura en los Andes y allí mismo, hace cuatro años, terminó una maestría en filosofía.

En total son 18 contratos y poco más de $3.628 millones destinados durante dos años y medio, sin incluir otros que se han otorgado como parte del proyecto más ambicioso que ha emprendido Eduardo Montealegre: la modernización de la Fiscalía. Beltrán & Castellanos Asociados, por ejemplo, cuyo representante es el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, recibió $319 millones este año por un contrato de 11 meses para apoyar al organismo investigativo “en temas de derecho constitucional y en defensa de los decretos leyes expedidos en virtud a las facultades extraordinarias” de la ley que dio luz verde a la reforma de la Fiscalía. Dicha reforma tradujo en enero de este año una revolución a su estructura.

Ese ‘revolcón’, como ya es bien sabido, significó que el despacho del vicefiscal pasara de tener ninguna dependencia a cargo a tener la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, de Análisis y Contextos, de Fiscalías Nacionales, del CTI y de Policías Judiciales Especializadas, entre otras. Dentro de la Fiscalía a nadie tomó por sorpresa esta decisión, pues es el fiel reflejo de lo que viene ocurriendo desde que Eduardo Montealegre y su vicefiscal, Jorge Perdomo, se posesionaron: Montealegre ha elegido centrar su atención en asuntos políticos, como el proceso de paz y Perdomo, sostienen en cualquier despacho de la entidad, “es el que maneja todo”.

No deja de llamar la atención que los contratos asignados a dedo en la Fiscalía contienen cifras mucho más altas que contratos asignados de la misma manera —por contratación directa— en el Ministerio de Justicia para tareas similares. Analizando el mismo período (desde el 29 de marzo de 2012 hasta el 5 de septiembre de 2014, que fue el pasado viernes), El Espectador encontró 15 contratos que cubrían temas similares que aquellos designados por la Fiscalía, sobre todo en justicia transicional y Marco Legal para la Paz, por un valor total de $962 millones. Es decir, una cuarta parte del monto de la Fiscalía.

Esos contratos tienen objetos parecidos a los determinados por el ente investigador, pero, por ejemplo, mientras la Fiscalía pagó $565 millones por asesorías al despacho del fiscal en temas de justicia transicional durante un año, el exmagistrado de la Corte Suprema Augusto Ibáñez recibió $93 millones por asesorar durante ocho meses al despacho del ministro en la misma materia. Mientras la Fiscalía canceló $174 millones por apoyo técnico durante ocho meses al fiscal y al vicefiscal en propuestas para el debate del Marco Legal para la Paz, la contratista Juanita Candamil recibió $111 millones del Ministerio de Justicia por asistencia técnica y jurídica para la construcción del Marco durante dos años. Y así.

Sólo quien pide las asesorías sabe a ciencia cierta si fueron útiles, y quizá los detalles de cada contrato dificulte o imposibilite comparar el trabajo hecho para la Fiscalía o para el Ministerio. De cualquier modo, si algo se ha evidenciado durante los 29 meses de Eduardo Montealegre en cabeza de la Fiscalía es que no quiere ocultar su interés en respaldar a capa y espada el proceso con la guerrilla de las Farc, a punto de terminar en el ojo del huracán de vez en cuando con afirmaciones como que los guerrilleros podrían evadir la cárcel o que una amnistía condicionada no iría en contravía del Estatuto de Roma. La Fiscalía resultó ser la aliada por excelencia del presidente Santos en su titánica iniciativa de paz: casi US$2 millones en contratos así lo demuestran.

La disputa entre el fiscal y el ministro

A comienzos de este año el fiscal general, Eduardo Montealegre, se anotó otro gol: la sanción del Código de Extinción de Dominio que dice que de los bienes incautados la Fiscalía obtiene el 25%. En principio, Montealegre quería el 50% del presupuesto del Frisco, estimado en $5 billones. La propuesta, sin embargo, fue la manzana de la discordia con el ministro de Justicia de entonces, Alfonso Gómez Méndez, cuya cartera maneja el 50% de esos recursos.

Aun así, la sanción del Código no fue el punto final de la pelea: “El ministro de Justicia se ha convertido en un obstáculo gigantesco para los avances de la justicia penal en Colombia”, dijo Montealegre ante cámaras. Al empezar el segundo período del presidente Juan Manuel Santos, Gómez Méndez fue reemplazado por Yesid Reyes.

¿Un funcionario demasiado poderoso?

Hace un mes, ese fue el cuestionamiento que planteó la revista Semana con una portada dedicada al tema. El medio resaltó la personalidad frentera de Eduardo Montealegre, sus argumentos estructurados, sus debates de altura y sus credenciales en el derecho penal.

No obstante, trajo a colación la manera como tres de las columnistas más leídas en el país se habían referido a él en los últimos días. Cecilia Orozco, quien publica en este diario, lo acusó de vanidoso y de sufrir de afán electorero. María Elvira Samper, también en El Espectador, habló de su lucha por ganar poder en la Rama Judicial y en la Contraloría. Mientras que María Isabel Rueda, en el diario El Tiempo, señaló: “Montealegre produce la desazón de que tiene agenda propia”.

 

Semana dio por hecho que Montealegre ha acumulado más poder que sus antecesores y concluyó que sólo el tiempo dirá si tal situación fue benéfica o perjudicial para el país.

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Diana Carolina Durán Núñez

Investigación

La plata de la Fiscalía para la paz

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