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hace 11 horas

Reclaman tierras de los Hernández de la Cuesta

Se trata de una hacienda de 736 hectáreas en el Urabá, cuyos dueños son Juan Carlos, Jorge y Ricardo Hernández de la Cuesta, accionistas de La República y El Colombiano.

Del Urabá se desplazaron 405.720 víctimas entre 1996 y 2012: Unidad de Víctimas. Luis Benavides

Los hermanos Jorge, Juan Carlos y Ricardo Hernández de la Cuesta están en una incómoda posición: su familia es dueña de la mitad de El Colombiano y tiene acciones en La República; son los hijos del exsenador conservador Jorge Hernández Restrepo, cuya muerte en enero de 2014 lamentó hasta el presidente Juan Manuel Santos (quien lo llamó “amigo de vieja data”); pero también poseen un predio que un grupo de víctimas reclama como suyo. Se llama Flor del Monte, está ubicado en Blanquicet, vereda de Turbo, y en sus 736 hectáreas cabrían 30 estadios Maracaná.

“La fase restitutiva tiene reserva, pero podemos confirmar que sobre ese predio sí hay reclamaciones”, expresó el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal. Este diario supo que la información llegó a la URT en 2012: el 12 de marzo de ese año se presentó la primera reclamación, relacionada con uno de los predios que integran la hacienda Flor del Monte; y la segunda, el 31 de julio de 2012, esta vez con respecto al total de predios (son 10) que el Incora adjudicó durante 17 años y que hoy conforman el terreno.

Ningún juez ha conocido aún este caso, explicó Sabogal, porque la URT tiene que esperar a que la zona esté “microfocalizada”. En cristiano, a que el Ministerio de Defensa dé luz verde porque en estos procesos tiene que haber garantía de retorno para las víctimas. “Vamos hacia esa intervención. No sé cuándo, pero seguramente saldremos de Macondo e iremos para Blanquicet”, afirmó el alto funcionario.

Macondo es un corregimiento vecino de Blanquicet, sobre el cual la URT empezó a hacer solicitudes de restitución en diciembre de 2013: justo esta semana, el 8 de abril, salió el primer fallo a favor de cinco víctimas.

Ricardo Sabogal no da fechas. Este diario, sin embargo, confirmó con otras fuentes que microfocalizar la vereda Blanquicet, donde está Flor del Monte, es un plan a corto plazo para la Unidad de Restitución. “Nosotros, partiendo del dicho de la víctima, nos vamos con todo, independientemente de quién esté en los predios disputados. Del otro lado nos encontramos a cualquiera. Los procesos de restitución se dan ante los jueces, ellos tienen la última palabra”, puntualizó el alto funcionario.

La historia de Flor del Monte

Los hermanos Hernández de la Cuesta, además de estar en el negocio de los medios, son prósperos empresarios y dueños de criaderos de caballos. ¿Cómo terminó en sus manos una tierra que hoy reclaman personas que se declaran víctimas del despojo? La historia comienza el 14 de noviembre de 1997: ese día se registró en la Notaría Única de Chigorodó (Urabá antioqueño) la compraventa de un predio de 104 hectáreas. El vendedor: Jesús Martínez Muñoz. El comprador: Raúl Mora Pérez.

Esa transacción se llevó a cabo entre 1997 y 1999 una decena de veces. En todos los casos, los compradores fueron Raúl Mora Pérez o su padre, Raúl Mora Abad. Ocho eran terrenos baldíos adjudicados por el Incora a campesinos entre 1979 y 1992, y dos, después de 1994, año en que se expidió la ley que señala explícitamente que no se pueden acumular Unidades Agrícolas Familiares (o sea, tierras entregadas por el Incora a campesinos). La hectárea más barata se pagó a $54.545 y la más cara a $98.636, lo que hoy serían unos $147.000 y $252.000, respectivamente.

El 11 de junio de 2001, los 10 predios fueron “englobados”: se volvieron uno solo, el que ahora es la hacienda Flor del Monte. Ese mismo día se registró que la mitad fue vendida a Jorge Andrés y Ricardo Hernández de la Cuesta. En septiembre de 2002, Juan Carlos Hernández también se volvió propietario de una parte del predio. Al final, Mora padre y Mora hijo cedieron todos sus derechos. Los Hernández hicieron de Flor del Monte una finca ganadera hasta que, diez años más tarde, apareció el primer problema: una denuncia por cuenta de un “presunto despojo por vía jurídica”.

Así lo consignó la Superintendencia de Notariado en un informe de agosto de 2011, que fue una primera radiografía de los predios rurales del Urabá antioqueño. La entidad tomó en cuenta, entre otras cosas, las denuncias de posibles irregularidades en 768 casos —Flor del Monte era uno— presentadas por las ONG Forjando Futuro y Tierra y Vida. En la mayoría de denuncias, Supernotariado concluyó que los reclamantes no tenían relación con los predios. Pero se encontraron también anomalías que el organismo les pidió al Incoder y a la Fiscalía indagar: de ahí surgió el expediente del Fondo Ganadero de Córdoba.

Un mes después de que se divulgara el informe, en la matrícula de la hacienda Flor del Monte se anotó: “Especificación 0927 – predio declarado en abandono”. El reclamante era Jesús Martínez Cantero, quien 14 años atrás le había vendido su predio de 48 hectáreas a Raúl Mora Pérez por $3 millones ($62.500 por hectárea, hoy serían $169.000). Ese código, el 0927, es una medida de protección con que cuenta Supernotariado, aunque el predio no sale del mercado: es como presentar una demanda, la cual, en este caso, está sin resolverse.

El Espectador consultó a la familia Hernández de la Cuesta y la vocería la tomó Juan Carlos Hernández, gerente general de La República. Aseguró que él y sus hermanos les compraron las tierras a Raúl Mora Abad y Raúl Mora Pérez, “ganaderos conocidos en Antioquia, mediante una negociación libre y espontánea, previo análisis de títulos y de la conveniencia económica de la operación”. Y agregó: “No conocemos detalles de negocios anteriores sobre los predios. Al adquirirlos habían transcurrido tres años o más desde que el señor Raúl Mora los adquirió y no existía ningún tipo de reclamación sobre éstos”.

Hernández agregó: “No éramos conscientes de lo que usted denomina expansión paramilitar y nunca hemos tenido dificultades de orden público”. Para la época en que ellos adquirieron Flor del Monte (2001), el Urabá antioqueño ya arrastraba la historia de la barbarie: 40 masacres y 306 víctimas mortales entre 1995 y 2001, según el Observatorio Presidencial de Derechos Humanos —como consecuencia de la disputa entre Farc y paramilitares—. La mitad de los asesinatos entre 1990 a 2007, que fueron 10.227, se cometieron entre 1994 y 1998.

El fallo que acaba de expedir el Tribunal Superior de Antioquia en relación a Macondo es también una constancia de cuál era el panorama en el área rural de Turbo a mediados de los 90. Describe que Raúl Hasbún y subalternos suyos como Lázaro y Palillo llegaron hacia 1996 y desplazaron a familias campesinas en Blanquicet, Macondo y Guacamayas. Y, según la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, el pico del desplazamiento en el Urabá fue entre 1996 y 1997: en ese periodo, 221.302 personas se declararon desterradas. Entre 1996 y 2012, la cifra fue de 405.720.

Los Hernández sostienen que no conocían los reclamos sobre Flor del Monte: “No hemos sido notificados de ningún proceso judicial. Ya hemos pedido cita (con Ricardo Sabogal, señaló su abogado Rodrigo Puyo) para enterarnos. Las anotaciones que aparecen en el certificado de registro las conocimos en 2014, coincidiendo con la muerte de nuestro padre y el inicio de los trámites sucesorales de su patrimonio. Recientemente hemos solicitado una asesoría legal y estamos en espera de un concepto jurídico sobre esta materia”.

Los socios Mora

Antes de Flor del Monte, los hermanos Hernández de la Cuesta y los Mora adquirieron juntos seis predios en el Urabá entre agosto y diciembre de 2000. Todos están en zona rural de Turbo. Adquirieron cuatro fincas y dos lotes, estos últimos localizados en la vereda Blanquicet, la misma donde se halla la hacienda Flor del Monte. Los seis predios suman 117 hectáreas. El precio más bajo que pagaron por hectárea fue $66.000 (hoy serían $128.000) y el más alto, $1’260.000 (que hoy serían $2’478.000).

Raúl Mora Abad impulsó la creación de Agropecuaria Montes de María S.A. Su hijo, su esposa Luz Elena Pérez y una mujer llamada Ana Patricia Serani Toro integraban la junta directiva; Mora Abad y su hijo son los liquidadores desde enero de 2014. En las oficinas de instrumentos públicos de El Carmen de Bolívar y Corozal se registró que esa compañía compró al menos 22 predios en los Montes de María que sumaban no menos de 845 hectáreas, y conformó nueve fiducias, cada una por más de $1.600 millones, aunque nunca registró ganancias en sus estados financieros.

Revisando las adquisiciones de la Agropecuaria se advierte que el Incoder inició diligencias hace dos años para esclarecer a quién le pertenecen realmente tres de esos predios. En cuatro ocasiones, la empresa compró sin contar con el aval previo del Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, como lo exigen las normas para prevenir que se comercialicen bienes rurales bajo presión (los permisos llegaron luego). Y, desde el año pasado, la Unidad de Restitución de Tierras examina si otros dos de sus predios deben incluirse en el registro de tierras despojadas.

El Espectador confirmó que ni Raúl Mora Abad ni Raúl Mora Pérez tienen alguna investigación pendiente en la Fiscalía. La Dirección de Análisis y Contexto de ese organismo está trabajando en 23 casos de posible despojo en Macondo, Guacamayas y Blanquicet, pero la hacienda Flor del Monte no hace parte de ese listado. “Yo no sé de reclamaciones sobre Flor del Monte. Hablaría con mucho gusto si conociera pero no estoy enterado. Les contestaré a los jueces con mucho gusto”, le dijo Raúl Mora Abad a este diario.

El origen de la denuncia

El Espectador contactó a Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, quien explicó que las denuncias radicadas en Supernotariado y la Unidad de Restitución surgieron de las declaraciones en Justicia y Paz de la Fiscalía del exjefe paramilitar del bloque Bananero Raúl Emilio Hasbún, el llamado “cerebro” de la paraeconomía. “Hasbún ha admitido que en Urabá las Convivir no sólo fueron una fachada para que ciertas empresas bananeras les aportaran dinero a las Auc sino, también, un vehículo para expulsar a miles de campesinos de la región”, expresó Vega.

Rodrigo Puyo, amigo de Jorge Hernández Restrepo que asesora legalmente a los hijos del excongresista, le dijo a este diario que el problema en Flor del Monte no son los supuestos despojos, sino las invasiones de Gerardo Vega. Se refirió a él como “el dueño de la restitución en el Urabá”. Y añadió: “Vega es quien ha estado azuzando la invasión de las tierras de Jorge Hernández. A una de las nietas de Jorge, que ha sido muy activa en el tema de la ganadería, le han llegado amenazas. A mí esto realmente me sabe bastante desagradable”.

Vega dice que las acusaciones no lo sorprenden: “Nos acusan de invadir tierras, es una constante. Tengo 11 procesos abiertos, hay una campaña entre los bananeros para denunciarme. Han sacado a nuestros topógrafos a tiros. Me he tenido que exiliar. Pero es que el Urabá siempre ha estado cooptado por la criminalidad”. En 2012, Forjando Futuros y Tierra y Paz recibieron el Premio Nacional de Paz: “Mediante un apoyo institucional han logrado una destacable labor para el retorno de los desplazados de Urabá (…) claro ejemplo de resistencia civil y pacífica”, reseñó entonces la revista Semana.

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El lío con La Larga-Tumaradó
 
La hacienda Flor del Monte tiene otro problema: está dentro de La Larga-Tumaradó, un territorio colectivo de 107.000 hectáreas que el Incora les entregó a las comunidades negras en 2000. Con el agravante de que cuando la entidad lo constituyó, pasó por alto que allí había predios privados legítimamente adquiridos y baldíos adjudicados antes de ese año.
 
Los predios de tradición privada, y en esto fue enfático el director de la Unidad de Restitución, Ricardo Sabogal, deben ser respetados y no pertenecen al territorio colectivo. Pero determinar quién tiene derecho a qué en La Larga-Tumaradó no será fácil.
 
La Fiscalía, por su parte, indaga si en ese territorio se cometieron crímenes como desplazamiento, desaparición forzada, asesinatos o invasión de áreas ecológicas. El organismo cree que en La Larga podrían encontrarse patrones similares a Curvaradó: despojo para expandir ganadería, palma, banano y madera.
 
Urabá, el reino del destierro
 
Si hay una región que sufrió sin piedad el drama del desplazamiento, esa es el Urabá. Para hacerse una idea, mientras en 1996 en la Orinoquia y la Amazonia la cifra de desplazados fue de 16.943; en el sur de Bolívar, de 9.117; en el sur del Cesar, de 6.043, y en el Catatumbo, de 4.171 —las cifras son de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas—, en el Urabá los números sobrepasan los de esas regiones con creces: 122.532.
 
Casos como los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó o Las Tulapas le han permitido al Estado ir desenmarañando, de a pocos, los caminos que tomaron paramilitares, empresarios, notarios y políticos locales para hacerse a predios ajenos. Los planes de expansión de los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil, y de personas que los respaldaron ciegamente en su propósito de apropiarse de tierras de los campesinos como Sor Teresa Gómez (foto), cumplieron un rol determinante en la pesadilla que se vivió en Urabá durante mucho tiempo y cuyas consecuencias aún se palpan.