Durante dos décadas, Pedro Antonio Bermúdez Suaza fue un hombre clave del narcotráfico en Colombia y, vía México, movilizó incontables cargamentos de cocaína. Desde el pasado 2 de octubre se encuentra detenido en Ciudad de México y es solicitado por narcotráfico por el Distrito Este de Nueva York. Como si fuera poco, la semana pasada la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos lo incluyó en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT).
En contraste, en Medellín, hasta hace pocas semanas, el mismo Pedro Antonio Bermúdez Suaza oficiaba como acreditado hombre de negocios, poseedor de varias compañías, como Taxi Aéreo Antioqueño, Agroganadera Los Santos S. A. o el Grupo Falcón S.A., entre otras. Aunque sus propiedades se extienden a Panamá y México, en el país su negocio más conocido es la hostería Llano Grande, ubicada en Rionegro, exclusivo sitio para eventos sociales.
Por muchos años, Bermúdez Suaza, conocido como El Arquitecto, amasó una cuantiosa fortuna sin despertar sospechas. Sus empresas aéreas o agropecuarias lo catapultaron a la fama, y poco a poco fue integrando a su grupo familiar al desarrollo de sus negocios regionales. Sin embargo, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (FinCen) como la misma DEA empezaron a sospechar que su exagerado patrimonio podría tener un origen ilícito.
No obstante, la primera evidencia de sus oscuros negocios sobrevino por la vía menos esperada. El 24 de septiembre de 2007, por fallas mecánicas se desplomó en el municipio de Tixkokob, en la región mexicana de Yucatán, una avioneta Cessna en la que se transportaban 743 kilogramos de cocaína. La consecuente investigación permitió un mes después la captura de su hijo Felipe Bermúdez Durán, quien habitaba en el selecto sector de Bosques de Las Lomas, ubicado a las afueras del Distrito Federal.
Esta acción fue el comienzo del fin de un capo del narcotráfico que tenía la mayoría de sus bienes en Colombia y Panamá, pero pasaba de agache residiendo ampulosamente en México. El día de su captura, 2 de octubre de 2008, se le encontraron documentos de identidad con su foto, pero con siete nombres distintos, y se le decomisaron además de un vehículo Toyota Runner, un sofisticado aparato de radiocomunicaciones, un chip telefónico, tres teléfonos celulares y 12 mil pesos mexicanos en efectivo.
De la noche a la mañana pasó de ser un colombiano exitoso en México a un capo con sus bienes congelados. Pero lo que hasta ahora empieza a descubrirse en Colombia es que desde principios de 2008, a petición de las autoridades judiciales, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF), reportó una extraña transacción financiera que permitió establecer una red de negocios con millonarios dividendos y un escenario conocido: el Valle de Aburrá en Antioquia.
El caso se originó en el municipio de Sabaneta, donde existía un lote de 29.537 metros cuadrados ubicado en la zona industrial, el cual le fue otorgado al Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de Colombia, en desarrollo del proceso de liquidación de la sociedad Química Industrial y Textil S.A. Con el fin de que el valor del lote compensara las mesadas pensionales de los trabajadores, éste se puso en venta y, según los rastreos financieros, el negocio se hizo efectivo en julio de 2005 por la suma de $9.000 millones.
Lo peculiar del asunto es que el lote terminó comprado por el ciudadano Fabio Jaramillo Guzmán, quien a su vez, hacia septiembre de 2005, lo cedió a la Sociedad Franzul S. A. En la transacción no habría sorpresas mayores de no ser porque los recursos que se utilizaron para el pago del bien, primero llegaron de diferentes fuentes bancarias sin relación aparente con el primer comprador, y después de que éste aportó el 75% del valor, apareció Franzul S. A. con otras particularidades.
Por ejemplo, en el acto de formalización de la compra del inmueble, en una consignación por valor de $593 millones, quedó claro que el nombre del depositante fue ocultado. Fuera de ello, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos requirió información sobre los dos compradores del lote y encontró más sorpresas. En principio, se estableció desde noviembre de 2006, que la Fiscalía General de la Nación ya venía averiguando sobre Fabio Jaramillo Guzmán.
En cuanto a Franzul S. A., las autoridades norteamericanas y colombianas hoy tienen claro que se trata de una sociedad comercial creada en abril de 2004 en Medellín y que el 98% de su composición accionaria corresponde a una propiedad familiar del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, El Arquitecto. De paso, ya se ha verificado que le pertenecen también las firmas Agroespinal S. A., Ases de Competencia S. A., Hierros de Jerusalem, entre otras empresas.
Las pesquisas en Colombia les han dado la oportunidad a las autoridades de ahondar en tan extraño negocio. No solamente porque ninguna de las consignaciones del 75% del valor del inmueble las hizo el comprador Fabio Jaramillo Guzmán, sino porque cuatro de los depositantes ya habían sido requeridos judicialmente y ocho más habían sido reportados por el sector financiero como promotores de operaciones sospechosas, es decir, de transacciones bancarias por encima de los montos normales o por la manera como se hicieron.
Por ejemplo, la firma Completo Manejo de Servicios El Agrario aportó un cheque por $593 millones, pero lo extraño no es el monto del capital, sino el hecho de que uno de los integrantes de su junta directiva oficia como firma autorizada de un individuo que figura en la lista OFAC que expide el Departamento del Tesoro de EE.UU., además son evidentes los nexos económicos y negocios entre esta empresa y la sociedad Franzul S.A. del detenido narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez.
Otro capítulo del negocio del lote Sabaneta lo constituyen los pagos en cheques y efectivo de Bertha Villegas Arbeláez. Hizo siete consignaciones en efectivo por $702 millones y tres en cheque por $138 millones. Según las autoridades judiciales, esta misma mujer está relacionada en un informe entregado a la Fiscalía por aparecer como beneficiaria de cheques de una entidad investigada. Caso parecido al de Álvaro Mejía Restrepo, promotor de la venta del lote, requerido por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos.
En síntesis, más allá de las pesquisas en México o Estados Unidos, sobre las actividades y negocios en Colombia del inadvertido Pedro Antonio Bermúdez Suaza, aún hay mucha tela que cortar. Al menos en la historia de la extraña compra de un lote en Sabaneta, las autoridades colombianas indagan cómo aparece la empresa Franzul S. A., de propiedad de Bermúdez, cuál es el papel del aparente comprador Fabio Jaramillo y de qué manera, con consignaciones fraccionadas en cheque o efectivo, una veintena de organizaciones o personas naturales terminan aportando cerca de $7.000 millones.
La actual gerente y accionista de la hostería Llano Grande, Martha María Múnera Velásquez, al conocer el anuncio de que las empresas de Bermúdez Suaza entraron a la denominada Lista Clinton, entre ellas la referida firma, manifestó su interés en aportar toda su colaboración a las autoridades, defendiendo su condición de persona trabajadora. Lo cierto es que este acreditado establecimiento, que ha servido varias veces de concentración a la selección Colombia, constituye apenas uno de los ejes del imperio económico de Pedro Antonio Bermúdez en Colombia.
A raíz de su captura en México, se dice que su incursión en el mundo de las drogas existe desde tiempos de Pablo Escobar y que en dos etapas distintas trabajó con los extraditados narcotraficantes Luis Eduardo Gómez Bustamante, alias Rasguño, y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. Son rumores por corroborarse, pero por lo pronto, tras la inclusión de Bermúdez Suaza en el catálogo de narcotraficantes especialmente designados, se abre un nuevo capítulo judicial en Colombia, del cual ya existen tentáculos dónde escarbar el paso de oscuros dineros.
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