Las tierras enredadas de Tubará

El robo continuado de tierras ha sido advertido en este municipio del Atlántico. La historia de una familia ejemplariza lo que hoy sucede a muchos propietarios.

Panorámica del municipio de Tubará, en el departamento del Atlántico.

En agosto de 2013 fue la entonces ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien prendió las alarmas: en Atlántico, especialmente en el municipio de Tubará, se están robando tierras. Con triquiñuelas entre notarios, funcionarios públicos y particulares, se adjudicaron irregularmente hasta 4.000 hectáreas. La Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo titular Jorge Enrique Vélez acompañó la denuncia, un año después bloqueó matrículas inmobiliarias de 2.500 predios. Una historia retrata la situación que han vivido muchos propietarios. Hace 35 años, Jorge Velásquez adquirió un pedazo de tierra que convirtió en su casa de descanso. Desde hace cinco años, su esposa e hijos tienen que defenderla de enredos privados que quieren ocuparla con omisión de algunas autoridades.

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Gloria Inés Londoño tiene 71 años. Desde hace siete vive en Tubará (Atlántico) con su hija mayor María Cristina Velásquez y 10 perros callejeros que las acompañan día y noche y sin los cuales no se mueven a ningún lado. Adoptarlos fue la extrema medida de seguridad que se vieron obligadas a adoptar luego de que una tarde del pasado mes de abril, quienes alguna vez fueron sus cuidanderos, ingresaron a su casa armados con palos y correas a amenazarlas de muerte.

Gloria Londoño y su hija viven en una casa de descanso que Jorge Velásquez, esposo de la primera y padre de la segunda, compró el 17 de junio de 1980 al Seminario San Pío X de Istmina (Chocó). Le pusieron Playa Linda y se volvió destino familiar. Siempre tuvo capataz. Desde septiembre de 1996 fue Tomás Montalvo, contratado a través de la empresa Viniplast que quebró en 2006. Cuatro años después, Montalvo demandó a Velásquez por incumplimiento de salarios y se declaró dueño del bien. Entonces empezaron los problemas.

Desde 2010, Montalvo comenzó a promover acciones ante las autoridades como supuesto poseedor público e ininterrumpido de la propiedad. Cuando la familia lo advirtió, consideró suficientes la escritura de la notaría 11 de Medellín que ratifica la compra hecha hace 35 años en Juan de Acosta; y un documento expedido por la alcaldía de Tubará en abril de 2002, a propósito de una revisión de títulos y límites, que reconoció que Velásquez poseía el predio “en forma quieta, pacífica y pública desde hace varios años”.

Sin embargo, Montalvo iba en serio y cuando la familia quiso apersonarse de su bien, el capataz puso abogado y testigos, que declararon que al único dueño de Playa Linda que conocían era a él. En marzo de 2011, la familia Velásquez acudió a la inspección de policía de Tubará para promover un amparo domiciliario. El abogado de Montalvo contraatacó pidiendo protección para su cliente por ser un adulto mayor y abuelo de tres menores. Los derechos del niño debían primar, fue otro de sus argumentos.

Montalvo aseguró que llevaba 14 años en la propiedad y era cierto. Pero también que la familia Velásquez no vivía en Playa Linda, lo cual sabía que era una verdad a medias: no residía allí, era su casa de descanso. En los años 80 fue epicentro de paseos y luego destino frecuente de una de las hijas del matrimonio que vivía en Barranquilla. Después la seguridad empezó a deteriorarse y la casa fue objeto de dos asaltos, debidamente denunciados, en 1994 y 1996. La familia se vio forzada a tomar distancia.

Nunca dejaron de visitarla ocasionalmente y Tomás Montalvo recibió oportunamente sus salarios, pero a partir de 2006 llegaron los líos. Además de las prevenciones de seguridad, Jorge Velásquez, ya con apremios económicos a bordo, se radicó en Cali. Su esposa Gloria Londoño y sus hijos quedaron en Medellín. La hija que vivía en Barranquilla migró a Bogotá. Fue un tiempo incierto en el que Playa Linda fue avistada por terceros como inmueble ideal para que le aparecieran otros supuestos dueños.

Por eso, a partir de 2008, para respaldar a su hija María Cristina que se había radicado en la casa, Gloria Londoño llegó a poner las cosas en orden. El recibimiento de Tomás Montalvo y su familia fue de confrontación. Ya se decían dueños de la propiedad, aunque paradójicamente dos años después Montalvo había demandado laboralmente a Velásquez. Fueron largos meses de enfrentamientos verbales y denuncias ante las autoridades. Hasta que vino la diligencia de amparo domiciliario de 2011.

El 1° de marzo de ese año, el inspector de Tubará y el personero del municipio llegaron a Playa Linda, situada en el kilómetro 75 de la vía entre Cartagena y Barranquilla. De entrada quedó claro que quienes vivían en la casa principal eran Gloria Londoño y su hija. Ante esta situación la pregunta era lógica: si Montalvo era el dueño, ¿por qué no ocupaba la casa principal? Su respuesta fue que Londoño “de manera engañosa” le había solicitado permiso para habitar en ella en unas vacaciones y se había quedado.

El abogado de la familia Velásquez argumentó que si existía una demanda de Montalvo por salarios adeudados era evidente que no era el dueño del bien, por lo que no se le podía permitir “que tomara justicia por su propia cuenta”. A pesar de que el 5 de abril de 2011, el inspector protegió a la familia Velásquez y ordenó a Montalvo abandonar el inmueble, su abogado sacó un as inadvertido: un amparo domiciliario anterior, fechado en 2006, expedido por una inspectora de policía de Tubará en favor del capataz.

En vez de solución, las familias enfrentadas quedaron viviendo en el mismo predio. Gloria Londoño y su hija en la casa principal. Montalvo y su familia en la de los agregados. Cuando todo hacía presagiar una pelea mayor, sucedió lo inesperado. Con siete meses de diferencia, por causas naturales murieron los protagonistas. Montalvo en marzo de 2012, Velásquez en septiembre. El pleito quedó en manos de sus viudas: Carmen Potes y Gloria Londoño. Las agresiones subieron de tono y aparecieron nuevos personajes.

Un día llegó a Playa Linda un grupo de personas trazando medidas y promoviendo obras. Argumentaron títulos de propiedad y propósito de construir vivienda. Luego se supo que representaban los intereses de Fernando Arteta, un prestante hombre de negocios de Barranquilla que hasta 2013 dirigió la Sociedad Portuaria. La reacción de la familia Velásquez fue cercar su propiedad con alambre de púas. Dos veces lo echaron abajo los nuevos reclamantes y en su defecto optaron por levantar un muro.

La versión del abogado Luis Germán Peñalosa es que él, Fernando Arteta y su hijo del mismo nombre, compraron unos lotes con matrículas inmobiliarias al día, a un hombre llamado Víctor Pimienta Molina, y que esos predios abarcan entre tres y cuatro hectáreas al lado de Playa Linda que van a ser utilizados para hacer una urbanización conocida como Ventanas del Mar. En criterio de Peñalosa el litigio con los herederos de Jorge Velásquez es porque pusieron alambre de púas en una porción que no es suya.

“Aquí no ha habido invasión alguna. Somos propietarios y tenemos amparo policivo sobre los lotes, otorgado por la inspección de Playa Mendoza. Además permisos de Planeación de Tubará para construir en esa zona”, añadió Peñalosa. La versión de Gloria Londoño está contenida en denuncias que presentó en enero de 2014 ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, luego de que hombres armados que arribaron en una camioneta Toyota ingresaron al inmueble y destruyeron otra cerca.

Las denuncias incluyen varios funcionarios públicos de Tubará que en su criterio las han desprotegido, tanto en el caso de Montalvo como ahora con Peñalosa, Arteta y demás. En cambio, sostienen que a estos últimos les han permitido, además del muro levantado en su propiedad, construir un kiosco en la zona de playa. Gloria Londoño sostiene que existe una certificación de la Capitanía de Puerto de Barranquilla que señala que ese kiosco no podía levantarse porque está prohibido y las playas son públicas.

Ante los anuncios de investigación de la Superintendencia de Notariado y Registro por robo de tierras en Tubará, la familia Velásquez decidió acudir a este organismo y expuso su caso. Tras su revisión, de entrada el registrador principal de instrumentos públicos de Barranquilla, Rafael Pérez ordenó indagar por qué hoy existen tres matrículas identificando el mismo inmueble y el pasado 9 de abril dispuso su unificación en una sola. Justamente la que defiende los intereses de los herederos de Jorge Velásquez.

A pesar de que el documento les da tranquilidad, saben que la pelea sigue. La familia de Montalvo insiste en que la tierra es suya. Los promotores de Ventanas del Mar sostienen que los límites de su propiedad deben aclararse. Un periodista regional que ventiló el tema recibió amenazas. Han surgido otros propietarios de tierras denunciando más casos. Gloria Londoño y su hija no paran en sus denuncias y confían en ellas tanto como en sus diez perros callejeros que se mueven a su paso, como si entendieran su estricto deber de fieles guardianes.

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El control oficial
 
El municipio de Tubará, en el departamento del Atlántico, fue un antiguo poblado indígena. Hoy, en su área urbana y su zona rural tiene una población superior a los 11 mil habitantes. En los últimos tiempos, en especial en el sector más próximo al mar Caribe, se han venido presentando conflictos de tierras, y se han detectado organizaciones dedicadas a falsificar documentos públicos, con omisión de algunas autoridades. 
 
Hace dos años, la entonces ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, reconocieron públicamente que al menos 4.000 hectáreas de tierra han sido producto de acciones indebidas. Por tal motivo, se han venido cancelando múltiples matrículas de inmuebles. En los últimos meses, varios dueños legales han interpuesto denuncias por presiones de terceros, o para que vendan o para que demuestren su propiedad.