Turno de la Fiscalía en Interbolsa

Con la audiencia de formulación de cargos que solicitó la Fiscalía desde hace cerca de un mes, hoy se inicia el capítulo penal del caso Interbolsa, el escándalo bursátil más sonado de los últimos tiempos en Colombia. Por eso, 16 personas, entre directivos, accionistas y algunos inversionistas vinculados a cuestionadas operaciones tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, manipulación de acciones, administración desleal y operaciones no autorizadas con accionistas o asociados.

En concreto, son dos los temas que derivaron en la imputación. El primero, el manejo sospechoso de operaciones repo de Fabricato, en una cifra estimada en $292.296 millones. Un asunto que, en concepto de la Fiscalía, derivó en el incremento artificial del precio de la acción de la textilera de $30 a $90 en tan sólo un período de año y medio. El segundo tema grueso penalmente para el ente acusador lo constituye una sofisticada triangulación financiera no permitida por $78.000 millones que se hizo en un mismo día entre la clínica La Candelaria, la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa (SAI) y la Holding.

Los llamados a responder en audiencia tuvieron diversos roles en las cuestionadas operaciones bursátiles. El presidente de la holding, Rodrigo Jaramillo Correa, y su vicepresidente ejecutivo, Juan Camilo Arango Medina. Otros directivos como Álvaro de Jesús Tirado, presidente de la Comisionista; Javier Tomás Villadiego Cortina, director del Comité de Riesgos, y Juan Felipe Duarte Ruiz, gerente técnico.

En lo que tiene que ver con la SAI, fue citado su presidente Jorge Mauricio Infante. A la audiencia para imputación debe asistir el italiano Alessandro Corridori, señalado de ser el cerebro de las operaciones con Fabricato; su esposa y agente comercial Claudia Jaramillo Palacios, al igual que su hermana e inversionista, María Eugenia Jaramillo Palacios. A este grupo pertenecen además los hermanos Olbany y John Alexánder Muñoz Delgado, este último asistente de Corridori.

Con respecto a la triangulación de la clínica La Candelaria, serán imputados sus representantes legales Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros. La lista de los 16 citados para imputación la complementan Carlos Arturo Neira Llache y Édwar Martínez, de la empresa P&P, así como Emilio Martín Uribe, de la firma Manantial SPV, estas dos últimas compañías porque habrían hecho negocios con Interbolsa.

Pero más allá del inédito capítulo penal, las demás autoridades avanzan en otras investigaciones. Interbolsa, nacida en 1990, consolidada por la alianza en 1997 entre Rodrigo y Tomás Jaramillo con el economista Juan Carlos Ortiz, crearon tres años después el Fondo Premium. Así, con arriesgados negocios y ofreciendo jugosas rentabilidades consolidaron un emporio empresarial que antes de liquidarse tenía más de 50.000 clientes y billonarios negocios.

Una liquidación ordenada el 7 de noviembre de 2012 por manejos non sanctos. Hoy, casi siete meses después, Interbolsa y sus filiales tienen al menos 40 medidas administrativas, fiscales y disciplinarias entre investigaciones, multas, tomas de posesión o muerte comercial de directivos, determinaciones tomadas por organismos de control diferentes (ver gráfico).

Sin embargo, lo más importante para sus clientes: la recuperación de los recursos, registra hoy dos caras de la moneda. Según estimativos de la Superintendencia de Sociedades, en los tres negocios grandes de la firma hay un balance relativamente positivo, si se tiene en cuenta que la operación manejó al menos $10 billones. En la Holding se perderían cerca de $90 mil millones, en su mayoría de los bancos. En la comisionista se recuperó el 100% del dinero. Y en la SAI que manejaba 19 carteras colectivas por $2,5 billones, 17 de ellas fueron llevadas a otras compañías. Las dos restantes serán trasladadas los próximos días. Allí, estima la Supersociedades, el hueco sería de $50.000 millones.

No obstante, la mayor preocupación radica en la devolución de los dineros del Fondo Premium Capital Appreciation Fund (PCAF). Funciona en Curazao, en donde 1.260 inversionistas colombianos depositaron US$175 millones y a la fecha no han podido recuperar un solo dólar.

El interventor del Fondo, Alejandro Rebollo como representante de la Supersociedades, se siente maniatado. La razón es que la gestión de recuperación de cartera y venta de activos del Fondo quedó recientemente en manos de la firma Edex Recovey Solutions, que funciona en Curazao y hace imposible su manejo. Por eso, entre los abogados hay cuestionamientos sobre los honorarios que va a cobrar Edex por la recuperación, la gestión y los antecedentes de uno de sus directivos en el exterior. “No existe una estrategia definida para recuperar el capital”, dice un abogado del caso. Su contraparte le ha ripostado con que los honorarios no son altos y al indicar que: “Increíble que el abogado de las personas que pusieron en peligro la plata de los inversionistas cuestione su recuperación”.

En medio del rifirrafe, de diversas actuaciones de los organismos de control, de la preocupación de la Supersociedades por los US$175 millones del Fondo Premium y de sus angustiados inversionistas ahora con los bolsillos vacíos, la Fiscalía abre hoy el capítulo penal de Interbolsa.