Un magistrado en la encrucijada

El alto tribunal lleva año y medio tratando de determinar si el jurista Alberto Rojas debe permanecer o no en su cargo. La Sala Plena debe resolverlo, pero varios de sus miembros están de salida o se han declarado impedidos.

Alberto Rojas Ríos, magistrado de la Corte Constitucional, está pendiente de una decisión de sus colegas. / Archivo
Alberto Rojas Ríos, magistrado de la Corte Constitucional, está pendiente de una decisión de sus colegas. / Archivo

En cinco meses, abril de 2017, la Corte Constitucional será renovada. A cuatro de los actuales magistrados se les vence su período. También concluye el encargo de Aquiles Arrieta que hoy reemplaza al suspendido Jorge Pretelt, a quien también se le termina su mandato. Sin embargo, entre los cuatro juristas que quedan, Alberto Rojas Ríos es el protagonista de un capítulo aparte porque desde que fue elegido, en abril de 2013, afronta una pelea jurídica por sostenerse en el cargo y ahora serán sus propios colegas los encargados de decidirlo.

La historia del magistrado Alberto Rojas en la Corte Constitucional es toda una clase de derecho. En septiembre de 2012, cuando concluyó el período de Humberto Sierra Porto, el Consejo de Estado entró a decidir cuáles iban a ser sus candidatos para sucederlo. Se demoró tres meses y al final integró una terna conformada por Alejando Linares, Martha Lucía Zamora y Alberto Rojas. El 10 de abril de 2013, el Senado escogió a Rojas, quien se posesionó el 2 de mayo. Tres semanas después su elección fue demandada ante el Consejo de Estado.

En otras palabras, la misma corporación judicial que postuló a Alberto Rojas se vio conminada a decidir si había obrado correctamente. Como era lógico, el caso entró en la ruta de los impedimentos. Uno tras otro, los magistrados manifestaron su inhabilidad porque habían participado en la elección de Rojas. El asunto terminó en manos de la consejera de Estado Lucy Janeth Bermúdez, quien obró como ponente, y de tres conjueces. El 25 de junio de 2014, cuando Rojas no llevaba un año como magistrado, el Consejo de Estado lo tumbó.

En esencia, los cargos contra la elección de Alberto Rojas estaban basados en dos temas. En primer lugar, que el Consejo de Estado había desconocido el reglamento interno que lo obligaba a realizar la elección por voto secreto y lo había hecho de manera pública con los magistrados poniéndose de pie. El segundo cargo era que Alberto Rojas no cumplía el requisito de “haber ejercido la profesión de abogado con buen crédito”, pues existían supuestos antecedentes de mala conducta, y había sido procesado por falsedad y estafa agravada.

El 25 de junio de 2014, la elección de Alberto Rojas fue declarada nula por el Consejo de Estado. Respecto a sus antecedentes como abogado, reconoció que primero, en 2006, una fiscalía se había abstenido de abrirle investigación por supuesto peculado en desarrollo de un contrato de consultoría ante la Comisión Nacional de Regalías, y en segundo término, porque desde 2009 un juzgado penal lo había absuelto de los delitos de falsedad material en documento público y estafa agravada. Es decir, no prosperó el cargo de malos antecedentes.

Sin embargo, los tres conjueces: Jaime Córdoba, Carlos Medellín y Gabriel de Vega, más la magistrada Lucy Bermúdez, concluyeron que después de 12 votaciones en el Consejo de Estado para escoger su terna de candidatos a la Corte Constitucional, al adoptar la acción de ponerse de pie para decidir, se violó el reglamento y se impuso “un efecto de condicionamiento o arrastre frente a los magistrados”. En otras palabras, que el voto no fue secreto y en cambio dejó al descubierto la intención de cada magistrado. Por eso declaró nula la elección de Alberto Rojas.

La reacción de Rojas fue una acción de tutela. Inicialmente, en diciembre de 2014, los conjueces José Gregorio Hernández, Myriam Guerrero, Hernando Yepes y Gustavo Zafra la negaron. El magistrado Rojas apeló y en mayo de 2015 los conjueces Jesús Lemos, Ernesto Forero, Ílvar Arévalo y Álvaro Escobar, junto con la magistrada Sandra Ibarra, quien salvó su voto, revocaron la sentencia. Entonces el magistrado Rojas recobró su magistratura. Dos meses después, la tutela fue admitida para revisión en la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Es decir, desde hace 16 meses está en estudio en el alto tribunal. Pero desde entonces ha pasado de todo. Por distintas razones, seis de los magistrados se han declarado impedidos para intervenir en el estudio de una tutela que puede terminar en la salida de un colega. Ya fueron aceptados los impedimentos de María Victoria Calle y Gabriel Mendoza, pero fueron negados los de Gloria Stella Ortiz, Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares. La próxima semana se decidirá si se aceptan los de María Victoria Calle y Aquiles Arrieta.

Los únicos que no se han declarado comprometidos con la decisión son Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas, quienes dejarán la Corte en cuatro meses. A Gabriel Mendoza le quedan tres meses y a María Victoria Calle y Aquiles Arrieta, cinco. De los cuatro que van a quedar en cinco meses -Gloría Ortiz, Guillermo Guerrero, Alejandro Linares y Alberto Rojas, si sobrevive-, no se advierte una posición distante ante el Gobierno o el proceso de paz. Eso sí, está claro que las decisiones que se vienen serán determinantes para ambos.

Así las cosas, la presencia de Alberto Rojas en la Corte Constitucional está ligada a la encrucijada del momento. Tras bambalinas se dice que el exmagistrado Wilson Ruiz y el abogado Carlos Ardila Ballesteros ya están trabajando para llegar al alto tribunal. También es evidente el ruido en los partidos políticos y el Gobierno para asegurar mayorías. Cinco magistrados se van por período cumplido, pero el caso de Rojas es clave. ¿Pasará el filtro de sus propios compañeros de Sala? La filigrana política y judicial terminará por resolverlo.

Abogado con polémico caso en la justicia penal 

La aspiración del abogado Alberto Rojas en la Corte Constitucional surgió en septiembre de 2012, cuando concluyó el período del magistrado Humberto Sierra y buscó reemplazarlo. Rojas tenía como antecedente electoral que estuvo a punto de ser contralor general, pero perdió con Sandra Morelli. A comienzos de 2013 empezó su campaña en el Consejo de Estado, pero aparecieron denuncias en su contra por su ejercicio como abogado privado. Se cuestionó que en 2001 Rojas fue procesado por la justicia por los delitos de falsedad en documento público agravada en concurso con estafa agravada. El episodio tuvo que ver con el supuesto cobro indebido de $116 millones por una indemnización que, según la denunciante y cliente Isabel Cristina Marín, el abogado Rojas se apropió. No obstante, el 30 de julio de 2009, el Juzgado 21 Penal de Bogotá decretó la prescripción del proceso y lo absolvió. En junio de 2014 el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección y en mayo de 2015 por tutela fue reintegrado a la Corte.