Un negocio polémico en la Policía

El martes, el Fondo Rotatorio debe decidir a quién adjudica el millonario negocio para proteger a ciudadanos de 31 ciudades. Un proceso con discutibles antecedentes.

Estaba previsto que el viernes en las horas de la mañana el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional adjudicara un importante negocio. Se trata de la instalación de un sistema de seguridad y de prevención de emergencias en las 31 capitales y municipios considerados como claves en la acción contra delitos en el país. Sin embargo, una rebelión de los oferentes privados que participaron en la selección y fuertes cuestionamientos al proceso obligaron al general Óscar Atehortúa Duque, director del Fondo Rotatorio, a posponer el estratégico negocio, de $69.491 millones.

Estudios previos al proceso elaborados por el organismo policial pusieron al descubierto la urgente necesidad de la contratación y evidenciaron las fallas en seguridad que aún tienen departamentos y municipios del país. Por eso el proyecto, que nació en el año 2000 en el Ministerio del Interior, fue bautizado como Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), conformado por una estructura de informática y comunicaciones con líneas telefónicas 123, circuito cerrado de televisión con cámaras, enlaces, plataformas y torres y postes. En otras palabras, toda la artillería para combatir la delincuencia a nivel nacional.

Una artillería que, como quedó plasmado en los estudios del Fondo del pasado 28 de enero, es necesaria porque “no obstante los avances sustanciales en estas materias, aún no se tienen mejoras significativas en la prevención y atención de emergencias, ni en la disminución de los riesgos atentatorios de la seguridad personal, haciéndose evidente la necesidad de dotar a las autoridades de nuevas y más eficaces herramientas y tecnología para la prevención, disuasión, control y mitigación de estos fenómenos y para elevar los niveles de convivencia”. Así, el documento técnico de 214 páginas sustenta la selección de un proceso considerado de defensa y seguridad nacional.

Y fue con base en esas consideraciones que el 19 de febrero el Fondo Rotatorio de la Policía ordenó la apertura para escoger los bienes y servicios correspondientes. El monto del negocio, las características del producto a suministrar y la experiencia de varios empresarios en el tema hicieron que acudiera a la cita contractual un número considerable de oferentes. De esta manera, 14 empresas se fusionaron en cinco consorcios: Unión Temporal Ciudadana 2015, Unión Temporal Sies Forpo 2015, Unión Temporal Seguridad Ciudadana, Unión Temporal Seguridad Nacional y la Unión Temporal Forpo CCTV 2015.

Como suele suceder en este tipo de procesos, entre febrero y abril se inició una lucha codo a codo entre las compañías para ganar el proceso de selección abreviada. Desde la convocatoria, apertura, pliegos, prórrogas, observaciones, evaluaciones jurídicas, técnicas y económicas y respuestas del Fondo hasta la anhelada adjudicación del viernes, empezaron a salir los trapos al sol con antecedentes sancionatorios que podrían afectar el resultado final del proceso.

Fue a instancias de la Superintendencia de Industria y Comercio, que el 14 de septiembre de 2012 sancionó a un grupo de empresas que actualmente hacen parte de las uniones temporales que ahora aspiran a ganar el negocio en el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. El proceso hace referencia a una selección abreviada que ganaron en el entonces Ministerio del Interior y Justicia a finales de 2008. Se trató de la contratación de ajuste de diseños, suministro, integración, instalación, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo por dos años de los sistemas electrónicos de seguridad de diez establecimientos carcelarios en Colombia, por $55.715 millones.

La Superintendencia comprobó que las empresas implicadas se pusieron de acuerdo para que una de ellas ganara la licitación, lo que consideró una violación de la libre competencia y colusión. En concreto, según estableció el organismo de control para la época de los hechos, las empresas acordaron la presentación de una oferta simulada con el fin de lograr la descalificación de uno de los proponentes dentro del proceso contractual.

El asunto fue tan evidente que incluso interceptaciones telefónicas dieron cuenta de conversaciones en donde una de las participantes en el proceso, identificada como Diana Nasiff, le comenta a un hombre identificado como William que “bien pero, pero nada pasó, me hicieron una oferta de 1.000 millones de pesos, imagínate (...) Yo le pedí el doce por ciento, y me sale, son como seis mil millones... Y me salen con mil millones... Nooo”. Y en otra conversación con su compañero sentimental indica: “Anoche me provocó decirle, denme otro, denme otros 1.000 millones porque esto se me puso color de hormiga”. Por estos hechos, el Ministerio el Interior tomó la decisión de cancelar el contrato a la Unión Temporal Seguridad Carcelaria. Pero la justicia fue más allá y la Fiscalía anunció la imputación de Nasiff y otras nueve personas, entre contratistas y empresarios.

Entre tanto, la Superintendencia tomó decisiones en contra de varias empresas, entre ellas cuatro que actualmente participan en diversas uniones temporales en el proceso del Fondo Rotatorio. Mediante la resolución 53991 del 14 de septiembre de 2012 le impuso la máxima multa, de $1.133 millones, a Interamericana de Sistemas y Seguridad (Interseg). Lo propio hizo mediante la misma decisión con las empresas Ingeniería y Telemática G y C, Meltec Comunicaciones S.A. y compañía Unión Electrica S.A., a las que se les impuso una sanción pecuniaria por la suma de $300 millones.

Consultado por El Espectador el general Óscar Atehortúa, responsable del proceso, sobre si estas sanciones no afectan o generan inhabilidad frente al proceso, señaló que “cabe precisar que a esta entidad fue trasladada como observación copia de una actuación administrativa iniciada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de la cual se exponen actos administrativos que imponen sanciones pecuniarias a empresas que integran algunas de las uniones temporales participantes; sin embargo, las multas impuestas corresponden a procedimientos administrativos surtidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no por mora o incumplimientos totales y/o parciales de contratos”.

El oficial destacó, además, que la entidad a través de sus comités verificadores y evaluadores revisó boletines vigentes de Responsabilidad Fiscal, Disciplinaria, Judicial y los registros únicos de proponentes, y no encontró dentro de las ofertas presentadas y a lo largo del mismo, inhabilidad fiscal, disciplinaria, penal o por incumplimiento reiterado que afecten la capacidad de participación de los oferentes y de sus respectivos integrantes.

En la mañana del viernes, tal y como estaba previsto, mediante anuncio público se definiría el ganador del proceso. El general Atehortúa decretó la apertura de la audiencia y se presentó el informe que hizo referencia a ajustes en la presentación de documentos por parte de los proponentes. Luego, cada uno de los participantes tuvo cinco minutos para exponer sus puntos de vista finales sobre el proceso. Y allí fue Troya, porque de nuevo se hicieron públicas denuncias técnicas, jurídicas y económicas en el caso.

El coronel José Vásquez, director de contratos del Fondo Rotatorio de la Policía, luego de acaloradas discusiones, reconoció que la entidad había recibido nueva y abundante documentación de los oferentes y veedores ciudadanos y accedió a estudiar la posibilidad de responderles. No obstante, las dos asociaciones finalistas del proceso insistieron en que la adjudicación fuera el mismo viernes.

Transcurridas varias horas de debate, los directivos de la institución policial optaron por definir el ganador el próximo martes. La jugosa contratación de un sistema integral de seguridad para proteger a millones de colombianos de 16 departamentos sigue en suspenso. Hay mucho ruido y polémicos antecedentes. La decisión queda en manos del general Óscar Atehortúa y su equipo.

Las explicaciones del general Atehortúa

El director general del Fondo Rotatorio de la Policía, general Óscar Atehortúa explicó a El Espectador el proceso de contratación del sistema Sies.

¿Cuál es el propósito de selección abreviada 0001 de 2015 y que beneficios en seguridad traerá, en que ciudades y con qué propósitos?

El propósito de la selección abreviada 001 del 2015 es la implementación de cámaras de circuitos cerrados de televisión y sistemas 123 en 16 departamentos del territorio nacional, con el fin que la Policía Nacional pueda monitorear y dar respuesta inmediata a los requerimientos en seguridad que demande la comunidad, eso con el fin de contrarrestar los actos delincuenciales que se puedan presentar.

En general, se instalarán plantas telefónicas para el sistema o línea 123 en el cual la ciudadanía se puede comunicar para que la Policía pueda solucionarle cualquier tipo de inconveniente que se presente; también se implementarán sistemas de vídeo que permiten el monitoreo en tiempo real en los puntos más críticos de cada una de las ciudades y sistema de grabación, las cuales almacenarán todo el material tanto de video de como de voz que se genere con estos sistemas.
Se precisa, que se implementará en 31 ciudades de los siguientes departamentos del país:

• Antioquia
• Córdoba
• Cesar
• Bolivar
• Guajira
• Magdalena
• Sucre
• Santander
• Cauca
• Nariño
• Valle del cauca
• Risaralda
• Tolima
• Cundinamarca
• Boyacá
• Meta

¿Por qué se no se adjudicó el viernes?

Precisamos que para el viernes se convocó Audiencia mediante Aviso previamente publicado en el SECOP, tanto a los oferentes, entes de control y a todo aquel interesado en el proceso de selección para efectos de definir el mismo; sin embargo, y como es común en este tipo de procesos contractuales, los Oferentes presentaron múltiples observaciones, aclaraciones y documentos que debido a su cantidad y complejidad, y dada las obligación que como Entidad tenemos de atender la totalidad de estas y en virtud del Principio de Responsabilidad, se decidió suspender la Audiencia Pública de Definición adelantada para su continuación el día Martes 14 de Abril de 2015 a las 8:00 am, a fin que los comités se pronuncien ante las observaciones realizadas.

Hay multas a las empresas de 2 de las Uniones. ¿Esto genera inhabilidad o afecta el proceso?

Cabe precisar que a esta Entidad fue trasladada como observación copia de una actuación administrativa iniciada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del cual se exponen actos administrativos que imponen sanciones pecuniarias de multa a empresas que integran algunas de las Uniones Temporales participantes; sin embargo, las multas impuestas corresponden a sanciones originadas en procedimientos administrativos sancionatorios surtidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no por mora o incumplimientos totales y/o parciales de Contratos Estatales, último aspecto que según el Artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 si resultan relevantes dentro del proceso de contratación adelantado; no obstante, la Entidad a través de sus Comités Verificadores y Evaluadores revisó Boletines Vigentes de Responsabilidad Fiscal, Disciplinaria, Judicial y los Registros Únicos de Proponentes, y no ha encontrado dentro de las Ofertas presentadas y a lo largo del mismo, inhabilidad fiscal, disciplinaria, penal o por incumplimiento reiterado que, conforme con las normas vigentes de Contratación Estatal, afecten la capacidad de participación de los Oferentes y de sus respectivos integrantes.

¿Qué acompañamiento de organismos de control ha tenido el proceso?

Desde la etapa de borradores del proceso de selección, y exactamente desde el 19 de Febrero de 2015, se requirió el acompañamiento preventivo de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, recibiendo contestación de esta última indicándonos que de acuerdo a sus criterios de selección el presente proceso no sería objeto de acompañamiento preventivo; además, y en respeto de las normas de Contratación Estatal se convocó también a las Veeduría Ciudadanas y Ciudadanía en General para que participaran dentro del proceso, haciendo presencia en esta fase de definición Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, así como la Oficina de Control Interno de esta Entidad.

Eran 5 oferentes, ¿Por qué y quedaron 2?

En efecto, de acuerdo con lo adelantado dentro del proceso de selección, en especial luego de recibidas, verificadas, evaluadas y trasladadas las Ofertas presentadas por las Uniones Temporales Participantes, se consolidó un Informe de Verificación y Evaluación en el cual se tiene que pese al cumplimiento de los requisitos y documentos habilitantes de tipo jurídico, financiero y técnico por parte de varios de los Oferentes, son 2 de estos uniones temporales las que han obtenido el mayor puntaje de acuerdo con las reglas de calificación fijadas en el Pliego de Condiciones; sin embargo, esto no implica un resultado final, puesto que el mismo es fruto del análisis y atención de lo manifestado en la Audiencia Pública del día de hoy por parte de los Oferentes y en la continuación de la misma, el próximo martes.

¿Qué concluye de la forma como se ha desarrollado el proceso?

La conclusión más clara que se puede tener de este proceso de contratación en que el mismo se inició y se ha ido desarrollando con observancia y apego estricto dentro de los términos y condiciones que establece la Ley; de manera transparente, participativa, pluralista y objetiva, lo que se evidencia en la participación de 5 Uniones Temporales integradas por alrededor de 12 empresas, tanto nacionales como extranjeras; así que, el Fondo Rotatorio de la Policía ha garantizado el debido proceso, la atención plena de las observaciones y la máxima garantía de los Derechos que como Oferentes les reconoce la Ley.

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