Un testigo clave contra los cirujanos

Detalló ante las autoridades cómo médicos habrían obtenido de manera non sancta el título de especialistas en cirugía plástica, reconstructiva y estética en Brasil. Cuarenta y tres expedientes llegaron a Fiscalía para investigación.

En la edición dominical de El Espectador de hace dos semanas, varias mujeres víctimas de cirugías decidieron mostrar su tragedia. Algunas de ellas fueron intervenidas por el médico Francisco Sales, cuyo expediente académico por sus estudios en Brasil fue remitido a la Fiscalía. / Cristian Garavito

El lunes de la semana pasada, el Ministerio de Educación envió a la Fiscalía los documentos claves que pueden dilucidar la forma como varios médicos habrían convalidado de manera irregular títulos en el Brasil. Ese dossier se convierte en la prueba reina que puede establecer hasta dónde la actuación profesional de varios facultativos no contó con la experiencia académica y profesional y hasta dónde se tradujo en cientos de mujeres sometidas a procedimientos riesgosos que terminaron con deformidades y secuelas irreparables en su cuerpo. (Vea: Las mujeres que se atrevieron a mostrarsus cicatrices por cirugíaplásticas mal hechas)

La documentación fue remitida a Iván Lombana, director de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas. Se trata de una USB que contiene 43 expedientes administrativos escaneados que hacen parte del archivo con los títulos y la trayectoria académica de igual número de médicos. En concreto, allí se detallan los trámites adelantados por los facultativos para la convalidación de títulos otorgados por la Universidad Veiga de Almeida, de Río de Janeiro (Brasil).

Sin embargo, de manera complementaria, la información enviada al ente acusador con el propósito de que se adelanten las investigaciones penales correspondientes, contiene el testimonio que el pasado 8 de julio presentó ante el Ministerio de Educación Nacional un médico identificado con el seudónimo de “Marco Antonio Aurea”, quien detalló la forma como varios doctores colombianos cometieron presuntas irregularidades relacionadas con los estudios realizados en la referida universidad del Brasil.

El testigo relata en su denuncia que, en el año 2010, varios médicos fueron contactados por una oficina de promoción de la educación de Brasil. En ese momento les ofrecieron adelantar diferentes tipos de posgrados en universidades de ese país, asunto motivado por las dificultades que tienen los profesionales de la salud para conseguir cupo en las facultades de Colombia.

La oferta era para la especialidad de cirugía plástica, reconstructiva y estética, y la promocionaban mostrando como referente los casos exitosos de médicos colombianos egresados que tienen reconocimiento profesional en su trabajo de cirugía plástica en Cali. Para ello utilizaban los nombres de los cirujanos Carlos Hernando Aguirre, Andrés Herrera Álvarez y Andrés Libreros, quienes habían obtenido su título en Brasil, que, según la denuncia, había sido convalidado por el Ministerio de Educación en el año 2010.

Los compromisos de la oficina de promoción, según lo informado al Ministerio por el testigo, eran acceder a la matrícula en la universidad y conseguir clínicas y hospitales de Brasil donde adelantar las prácticas que se requerían para obtener el título. Un servicio que se complementaba con la presentación de documentos ante el Ministerio de Educación en Colombia y hacer el trámite de apostillado de los documentos ante las autoridades consulares de Brasil.

La gestión, cuyo valor ascendía a los US$105.000, alrededor de $306 millones de hoy, resultó atractiva para muchos facultativos. A tal punto que cerca de medio centenar de ellos iniciaron el posgrado en la Universidad Veiga de Almeida. Entonces se empezaron a programar viajes bimestrales con una duración de una semana por cuatro años y varias estadías de un mes completo por tres años.

El comienzo de las clases transcurrió con normalidad. Los médicos se sentían satisfechos porque la oficina de promoción de la educación de Brasil les estaba cumpliendo. Pero empezaron los inconvenientes. Varios médicos debían realizar prácticas en centros asistenciales del Brasil y el compromiso no se cumplió. Inicialmente, en clínicas y hospitales no había cupo para esa cantidad de médicos extranjeros. Además, los centros asistenciales que otorgaban los cupos para las prácticas les exigían a los galenos tiempos continuos de permanencia y presencia académica.

Ante esta situación, varios médicos optaron por abandonar sus estudios y otros decidieron esperar un cupo para hacer las prácticas. Según la denuncia del testigo, los pocos médicos que lograron realizarlas, y otros que consiguieron el cupo, pero que no pudieron quedarse en Brasil por sus compromisos en Colombia, recibieron una nueva propuesta por parte de la oficina de promoción de la educación de Brasil. “En reuniones individuales ofreció a los médicos rezagados, a cambio de un ‘bono extra’, buscar certificaciones de hospitales, centros médicos y clínicas de diferentes ciudades de Brasil que acreditaran las horas de práctica que les faltaran para que en Colombia se les convalidara el postgrado”, señala la denuncia trasladada a la Fiscalía.

En su detallada confesión, el testigo Aurea indicó que, ante la imposibilidad de ejercer las prácticas, y con el afán de presentar la documentación ante el Ministerio de Educación, muchos médicos accedieron al ofrecimiento de la oficina de promoción. También dio pistas a las autoridades para que revisen, en los documentos presentados para la convalidación, las similitudes entre las certificaciones aportadas. En concreto, provenientes de centros médicos como el Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Beneficencia Portuguesa de São Paulo y Clínica Eduardo Consudera de Curitiba.

Según la denuncia del testigo, certificaciones en cirugía craneomaxilofacial, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de mano y microcirugía, provenientes de las tres entidades brasileñas y aportadas por los médicos como soporte documental para acreditar las horas de práctica requeridas, no se ajustan a la realidad. En consecuencia, destaca que varios médicos que asistieron a la Universidad Veiga de Almeida en Río de Janeiro obtuvieron, al parecer de manera fraudulenta, los títulos para poderse graduar y ejercer como cirujanos plásticos. El médico testigo conmina a las autoridades a que prueben esta situación verificando el registro de ingresos y salidas del país de los médicos en las fechas en las que se encontraban en Brasil realizando esas prácticas.

No obstante, el testigo aporta más pruebas. Dice que el eslabón perdido de la historia es una mujer identificada como María del Pilar Leyva, quien hizo el ofrecimiento de los cursos en Brasil, era la encargada de presentar la documentación ante el Ministerio de Educación y estaba pendiente de que las convalidaciones de títulos surtieran el trámite. Es más, denuncia que tiene su centro de operaciones en una clínica ubicada en el sector de Colina Campestre, en el norte de Bogotá.

A estas denuncias se suma otra comunicación que William Mendieta, secretario general del Ministerio de Educación, envió a la Fiscalía el pasado 13 de mayo para que indague y adopte las decisiones pertinentes en otros casos de convalidación de títulos en Argentina y Perú presentados por varios facultativos, denunciados en medio de la disputa gremial por las mismas asociaciones médicas de cirujanos y relatadas por las víctimas a través de los medios de comunicación. Con la solicitud de investigaciones se busca que se establezca si algunos médicos incurrieron o no en falsedad en documento público y fraude procesal ante el Ministerio de Educación.

Con el envío de los 43 expedientes de los médicos cirujanos a la Fiscalía, quienes seguramente deberán rendir sus descargos, se inició la investigación penal más trascendental de las ultimas décadas en la materia en Colombia, a fin de establecer qué tipo de profesionales están practicando las cirugías de moda, en un país en donde, según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica (Isaps) y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), se practicaron el año pasado 357.000 cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, es decir, tres procedimientos cada cinco minutos.

Los argumentos de los médicos

El envío de los expedientes académicos de 43 cirujanos por parte del Ministerio de Educación a la Fiscalía es el primer paso para determinar si realmente los facultativos cometieron irregularidades. Por eso, al conocerse la lista de los médicos, varios especialistas pidieron que no se los estigmatizara, por considerar que se trata específicamente de la verificación inicial de sus títulos académicos y sus prácticas de posgrado.

Frente al tema, Lina Triana, de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps), ha manifestado públicamente que, si bien es cierto que cualquier procedimiento quirúrgico supone riesgos, un especialista bien formado posee mayor capacidad para enfrentar complicaciones. Otras agremiaciones y universidades insisten en la necesidad de una ley en la materia.

Postura del Ministerio de Educación

“Me duele que personas, en especial mujeres, sean víctimas de médicos que podrían estar engañando a los pacientes, al Ministerio y a la sociedad. Por eso le pido a la Fiscalía que adelante la investigación con la mayor rapidez para determinar si existió algún fraude o delito y, de encontrarse culpables, se les aplique todo el rigor de la ley y de la justicia colombiana”. Con estas palabras, la ministra de Educación, Gina Parody, explicó los alcances de la denuncia que instauró.

La funcionaria indicó que su ministerio recibió una detallada denuncia de un ciudadano con datos muy precisos sobre una presunta comisión de delitos por parte de médicos que habrían acreditado certificaciones fraudulentas de prácticas realizadas en entidades asistenciales de Brasil con el propósito de convalidar títulos en Colombia. “Hemos radicado la denuncia ante la Fiscalía, que es la entidad que debe determinar, junto con las autoridades de Brasil, la autenticidad de esos certificados”, señaló Parody.