Por no tener derecho a rebajas de pena, cerca de 500 violadores de menores de edad, condenados por sus abusos, consideran que se les están vulnerando sus derechos y por ello le escribieron a la Corte Constitucional para que tumbe la legislación que les impide acceder a beneficios como acuerdos y negociaciones para rebajar sus penas.
Aseveran que la ley les está violando sus derechos a la igualdad y a la dignidad humana, “toda vez que odiosamente y sin un soporte constitucional serio, nos limita la posibilidad en términos de igualdad en relación con aquellos que son reconocidos homicidas, secuestradores e incluso autores de masacres y delitos de lesa humanidad, de obtener rebajas de pena, redenciones y en general acceder a beneficios judiciales o administrativos”.
La ley, que se creó con el fin de que los derechos de los menores de edad estuvieran por encima de otros derechos, reza que “cuando se trate de homicidios, lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro contra niños, niñas y adolescentes, no procederán rebajas de pena o ningún otro beneficio judicial o administrativo”.
Y esto, para los violadores que le escribieron a la Corte Constitucional, es una afrenta, un obstáculo para llevar a cabo su plan de vida y regresar a la sociedad, un error de parte de la justicia que, dicen, con el fin de parecer drástica con ellos, dio al traste con sus derechos.
Los cuestionamientos son de tal calibre, que los condenados llegaron a asegurar que la ley obliga a que los presos “tengan que descontar la integridad de la sanción cuando a aquellos señalados por delitos con penas más elevadas, como el homicidio, se les permite llegar a algún tipo de acuerdo con la Fiscalía y a los condenados por éstos, previa redención por trabajo y estudio, se les da la posibilidad de acceder al beneficio de la libertad condicional”.
En términos estrictos, los violadores piden que se flexibilice parte de la legislación que se ha hecho para proteger a los niños del abuso y la violencia en su contra, dos de los crímenes que más rechazo producen en la sociedad colombiana y que han motivado un sinnúmero de campañas políticas y proyectos de ley para combatirlos.
Entre los proyectos valdría mencionar el que propuso la congresista del Partido Verde, Gilma Jiménez, de convocar a un referendo para que los colombianos se mencionaran frente a la posibilidad de la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, proyecto que al final se hundió en su trámite legislativo.
Ahora será la Corte Constitucional la que sopese y decida cuáles derechos deben prevalecer, los de los menores de edad o los de los acusados y condenados por violaciones y asesinatos de niños y adolescentes.
“Consejos para prevenir un abuso sexual”
Mientras estos cerca de 500 violadores de menores le escriben a la Corte Constitucional, otros abusadores son fuente primaria de un insólito texto: 101 consejos para prevenir un abuso sexual.
El director de la investigación que dio lugar a este texto, Diego García, señalado por presuntamente abusar de una menor y quien se declara inocente, refirió que “la totalidad del contenido del libro ha sido profundamente elaborada y lograda mediante la recopilación de las entrevistas y versiones suministradas tanto por individuos inocentes, como por culpables, quienes aceptaron su condición y desean reivindicarse con el aporte de sus experiencias”. De tal forma, las mismas personas que antes violaban menores de edad, son ahora quienes con sus testimonios quieren combatir el abuso sexual.
García agregó que “para enriquecer el texto, abordamos de primera mano los ambientes, lugares, espacios, condiciones y acciones, así como las circunstancias y demás elementos que hacen propicio un contexto que facilite un ataque sexual. Identificando así los perfiles más vulnerables, llamativos y favorables para que el desviado cometa sus acciones”.
Cada uno de los 101 consejos que da el texto viene acompañado con una explicación y la presentación de un caso real de abuso sexual que demuestra el porqué de seguir las recomendaciones que el libro da y las condenas que recibieron los actores de estos crímenes, que siempre son identificados con el seudónimo de “Nilton”.
Como muestra, el primero de los consejos reza: “Nunca, por pereza u otra razón, envíes a tus hijos (as) a comprar lo necesario para el desayuno a altas horas de la noche, así la tienda o el supermercado quede solamente a dos casas de la tuya”.
O el número 30, que aconseja: “Debes estar absolutamente vigilante en tanto tu hijo (a) acceda a internet, por cuanto es en la red donde más se concentra, en la actualidad, el trabajo de las redes de trata de personas, pederastas y abusadores de niños”.
Por su parte, el consejo número 10 recomienda: “Nunca permitas o facilites espacios o situaciones de extrema soledad o de excesiva confianza entre adultos y tus hijos (as), aun cuando sean familiares”. Así es el tono de la mayoría de las 101 recomendaciones. Hay consejos, incluso, para evitar que los menores caigan en redes de prostitución.
Además, el texto expone explicaciones para cada una de las recomendaciones, que no son sino radiografías de la mente del abusador y de la naturaleza del crimen que comete. Por ejemplo, de acuerdo con el texto , “un abusador sexual reprime en muchas ocasiones sus instintos desaforados”, hasta que logra ubicar y calcular la “oportunidad precisa para desplegar su ataque con mayor facilidad y contundencia”.
El libro también menciona, entre otras cosas, que “en la gran mayoría de los casos, los episodios de abuso no son resultado de algo improvisado o que sucede al azar, sino que son producto de acciones planeadas con el objetivo de minar las defensas de las presuntas víctimas. Cuando la víctima deja ver con facilidad sus aspectos vulnerables, se desencadena una serie de eventos que implementa el agresor en busca de saciar sus ansias de satisfacción sexual”.
Y en el epílogo del texto llega a advertirse, incluso, a aquellas personas que puedan ser falsamente señaladas como abusadores sexuales. “Hay una urgente e imperante necesidad de la reforma a la justicia penal, en relación con las falsas denuncias de abusos sexuales, pues las condenas por versiones sin evidencias probatorias del supuesto ataque son miles”. Los autores de la investigación llegan a declararse como parte de esta lista de miles de casos que ellos mismos llaman “falsos positivos jurídicos”.
Ni cortos ni perezosos, los autores de la investigación llegan a proponer la que, dicen, es la tan necesaria reforma a la justicia: un proyecto de ley que no ha llegado al Congreso porque no ha encontrado parlamentario que lo apoye. Aunque se encuentran en la búsqueda.
En el proyecto, entre otras cosas, se propone “sancionar pecuniariamente y de manera ejemplar y drástica al espectro televisivo y al espectro radial en AM y FM nacionales que por su conducto estimulen, induzcan al lenguaje, cuyo contenido y programación constituyan generadores y/o propiciadores, directos o indirectos, de degradación social, violencia, infracción, apologías del delito, irrespeto, inmoralidad, y/o vulneración del sano e integral desarrollo de los niños y adolescentes”.
Al final del texto concluyen: “Este libro puede ser el espejo en el que muchos seres humanos se vean reflejados y deban meditar acerca de las flaquezas y debilidades que acechan al hombre a cada instante, en cada situación y relación. He aquí el momento preciso para poner en práctica el rasgo diferencial y fundamental entre lo estrictamente animal y lo humano: la razón”.
De la primera edición de este libro hay 2 mil ejemplares que fueron entregados de forma gratuita Este particular texto contó para su producción con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, mereció el reconocimiento del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec). Incluso los autores del mismo le agradecen en él al director de esta entidad, general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapias.
Así es el panorama: violadores que aseguran están siendo vulnerados en sus derechos fundamentales y otros que pasaron de cometer el crimen a brindar sus experiencias para que padres y autoridades puedan evitarlo. Además, propuestas de reforma a la justicia y cartas a la Corte Constitucional para que revise una vez más si lo que debe primar son los derechos de los menores de edad. Algo de cinismo y algo de sensatez flota sobre el espectro de unos crímenes que siguen avergonzando al país: aquellos contra los niños y adolescentes.
Luis Alfredo Garavito: ‘La Bestia’
Durante las décadas de los 80 y los 90 Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como La Bestia, violó y asesinó a más de 172 menores de diferentes lugares del país e incluso llegó a cometer violaciones en Ecuador. En abril de 1999 Garavito fue detenido justo cuando se disponía a violar a otro menor al que había raptado previamente. A partir de ese momento el mundo conoció la crueldad de quien hoy ocupa el segundo lugar entre los peores asesinos en serie del mundo.
La Bestia engañaba a sus víctimas ofreciéndoles dulces y dinero. Una vez se ganaba su confianza, los llevaba a lugares retirados donde los torturaba, violaba y asesinaba, según él, por órdenes del diablo.
Por el asesinato de dos menores ecuatorianos, el gobierno de ese país había pedido la extradición de La Bestia, requerimiento que fue negado por la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, Garavito se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar y lo esperan mínimo 20 años más de reclusión.
Cadena perpetua para violadores
Uno de los proyectos más polémicos que se intentó implementar en el país para combatir el abuso a menores de edad fue el de convocar a un referendo para que los colombianos decidieran sobre la posibilidad de establecer la cadena perpetua para los violadores de niños, niñas y adolescentes. La congresista del Partido Verde Gilma Jiménez fue la principal promotora del proyecto que dividió las opiniones del país entre quienes consideraban que la cadena perpetua violaba los derechos humanos de los condenados y quienes aseguraban que era necesaria para combatir el abuso.
En una primera instancia, la Comisión Primera de la Cámara aprobó el proyecto, pero días después y pese al apoyo de personajes como el entonces fiscal Mario Iguarán y el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, la propuesta fue archivada. Jiménez rechazó la decisión e intentó pasar el proyecto a convocatoria directa, pero la Registraduría manifestó que dicha petición no era posible.