Yuma se desmarca de Roberto Prieto por Ruta del Sol III

La Ruta del Sol III debía estar terminada en diciembre de 2019. / Archivo

Han pasado casi diez años desde que se adjudicaron los contratos de la obra de infraestructura más grande de Colombia: la Ruta del Sol. La autopista, dividida en tres sectores, prometía conectar el centro del país con la región Caribe y mejorar su movilidad. Sin embargo, las expectativas se truncaron desde 2016, cuando el proyecto quedó salpicado por el escándalo de corrupción más grave de la historia reciente de América Latina: Odebrecht. Hoy se sabe que la empresa brasileña, que tenía participación en el segundo tramo, pagó sobornos para quedarse con el proyecto y varios funcionarios han sido judicializados. (Roberto Prieto y el problema en que terminó por la Ruta del Sol III)

El escándalo derivó en procesos penales, tribunales de arbitramento y finalmente la declaratoria de la caducidad del contrato. Lo que ahora se conoce es que el tercer tramo de la Ruta del Sol, a cargo de Yuma Concesionaria S.A., también libra sus propias peleas en otro pleito de arbitraje y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Mientras las obras para construir 465 kilómetros de vía están suspendidas desde junio de 2017 por atrasos en el cronograma, ciudadanos y acreedores se enfrentan a la compañía que ganó la licitación para la construcción del sector comprendido entre San Roque-Ciénaga y Carmen de Bolívar-Valledupar.

La obra fue adjudicada en julio de 2010 a Yuma Concesionaria S.A. por $2,1 billones, pero luego se necesitaron adiciones al contrato para resolver temas no previstos, como el diseño de un nuevo puente en Plato (otrosí n.° 5) para atravesar de Bolívar al Magdalena, pues el que existía era de una sola calzada y la vía estaba diseñada para ser doble. El momento más crítico llegó en 2017, cuando las entidades bancarias que financiaban la Ruta del Sol III suspendieron su inversión por el escándalo Odebrecht. Las firmas Conalvías y Grodco, que estaban en el consorcio con Impregilo, abandonaron la obra por dilemas financieros.(Lea aquí: Ruta del Sol 3, el inicio de otra disputa jurídica)

El proyecto se suspendió con el 32 % de ejecución. Luego se supo que Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, influyó ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para adicionar el contrato Ruta del Sol III, específicamente para el proyecto del puente, que representó más de $5.000 millones. La realización de los estudios y diseños quedó a cargo de Consultores Unidos, del empresario Eduardo Zambrano, y terminó convirtiéndose en una especie de caja menor de Odebrecht para pagar sobornos. Prieto realizó gestiones para que Consultores Unidos se quedara con el contrato y recibió $650 millones. Por eso, fue condenado a cinco años de prisión.

Debido a esas actuaciones irregulares y a las demoras adicionales para la ejecución de las obras, dos ciudadanos interpusieron, el pasado 3 de julio, una acción popular contra la Agencia Nacional de Infraestructura y la firma Yuma Concesionaria S.A. ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la misma, los demandantes pidieron la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso a los servicios públicos, y concretamente solicitaron suspender de manera definitiva la concesión de la obra.

Como medida cautelar, solicitaron la suspensión provisional del contrato y el cobro de las casetas de los peajes. “La concesionaria ha incumplido y los únicos que han cumplido su obligación son los usuarios de la infraestructura vial a través del pago en las casetas de los peajes. La evidencia es el mal estado de las vías y los constantes accidentes de tránsito. En este derecho colectivo, el vulnerador es la concesionaria y, en ciertos matices, la ANI. Los sujetos pasivos son los usuarios de la infraestructura vial. Estos últimos no pueden seguir sufragando una contribución por un servicio que no están recibiendo”, señala la demanda.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya admitió la acción y además ordenó vincular oficiosamente al Ministerio de Transporte y al citado Roberto Prieto. Pero mientras los magistrados deciden si conceden o no la medida cautelar, Yuma y el Ministerio de Transporte presentaron sus argumentos de oposición, que fueron conocidos por El Espectador. El exministro de justicia Enrique Gil Botero, quien oficia como apoderado judicial de la concesionaria, aseguró de entrada que la acción popular y la medida solicitada en ella fueron formuladas de manera ambigua e inconclusa y que además no tienen sustento jurídico.

“Los fundamentos de la demanda no son ciertos. Están planteados de manera tergiversada, constituyen meras opiniones de la parte actora, soslayan y desconocen la realidad del proyecto Ruta del Sol Sector III y están claramente encaminados a formar en el juez popular una concepción fáctica completamente contraria y alejada de lo real”, concluyó el abogado. Gil Botero sostuvo que la situación penal de Roberto Prieto no influye en las actuaciones de Yuma ni en el contrato inicial de construcción, y que por ello la petición de suspender definitivamente el contrato de construcción de la obra no es consecuente.

De manera adicional, aclara que a Yuma no le constan las circunstancias penales de Prieto, que los demandantes tampoco las demostraron y que, en caso de ser ciertas, guardarían relación con la adición relacionada con el puente de Plato y no con el contrato inicial ni con el recaudo de los peajes. “El otrosí n.° 5 es un contrato adicional al contrato de concesión, por lo que es independiente de las actividades, labores, obras y demás obligaciones y prestaciones contratadas bajo dicho contrato principal n.° 007 de 2010, que son las que dan lugar al cobro de los seis peajes entregados en virtud de dicho contrato”, recalcó en su escrito Gil Botero.

El apoderado de Yuma agregó que los hechos relacionados con Prieto son penales y solo atañen a él. “En los acuerdos a que hubiere llegado Prieto con la Fiscalía, y en su aval por parte de los jueces, no participó Yuma Concesionaria S.A., por lo que los mismos, de acuerdo con la ley penal, no le son oponibles de ninguna manera a dicho cuerpo o ente societario (…) Hasta la fecha, a ningún funcionario de Yuma Concesionaria S.A. se le ha imputado delito alguno por parte de la Fiscalía en relación con los hechos que involucran a Prieto ni se ha dictado sentencia penal condenatoria que pudiera ser contraria a los intereses de la sociedad poderdante, sus integrantes y sus funcionarios”.

A comienzos del año 2018, Leonardo Castro y Francesco Stopponi, entonces representantes legales de las empresas Yuma Concesionaria S.A. y Salini Impregilo, respectivamente, rindieron sendos interrogatorios en desarrollo de la línea de investigación adelantada por el ente investigador sobre la Ruta del Sol III. Meses después, la Fiscalía anunció que les imputaría cargos, pero hasta hoy no se ha llevado a cabo la anunciada audiencia. Por este mismo asunto, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, también está siendo investigado por el organismo acusador.

En su defensa, Yuma alega que no se ha declarado la nulidad del otrosí para los diseños del puente de Plato, y que esa adición existe, es válida y sus prestaciones han sido ejecutadas. “Todas las afirmaciones que hacen los accionantes respecto a Prieto tienen el propósito de valerse del escándalo para tratar de configurar una supuesta afectación o vulneración de los derechos colectivos, cuando este nada tiene que ver con la suscripción del contrato de concesión, ni con sus recursos, ni peajes, ni con la misma Yuma Concesionaria S.A., ni con la validez del otrosí n.° 5”, concluyó Gil Botero en su intervención.

El Ministerio de Transporte respondió que no es competente para responder la demanda y tampoco tiene competencia para el recaudo de dinero con ocasión de los peajes. La ANI ha dicho que lo mejor es culminar las obras en el tercer sector de la Ruta del Sol y concertar un nuevo otrosí para reactivar las obras. Además, propone conseguir un crédito internacional para iniciar un plan de pagos a los proveedores, a los que adeudan al menos $128.000 millones. El documento debe ser avalado por la Superintendencia de Sociedades. Mientras esto ocurre, los acreedores piden un arreglo para sanear sus deudas y seguir adelante.