El 1° de julio comenzará la “nueva normalidad” de la justicia colombiana

La falta de apropiación de las herramientas digitales para administrar justicia en Colombia es la principal falencia que desnudó la pandemia por el COVID-19.

Foto: Getty Images

La pandemia por el COVID-19 llevó al Estado colombiano, entre muchas otras decisiones, a suspender los términos judiciales. Es decir, a poner una pausa sobre los tiempos que van corriendo en cada proceso y que determinan, por ejemplo, si una persona puede quedar libre porque lleva demasiado tras las rejas y su juicio no comienza. A partir del próximo miércoles 1° de julio, sin embargo, esa suspensión llega a su fin. Así lo confirmó esta noche la magistrada Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. (Los retos en justicia digital que evidenció la pandemia)

De acuerdo con lo expuesto por la magistrada Remolina, en cuestión de días, todos los juzgados del país volverán a operar con normalidad. Es decir, podrán programarse audiencias más allá de para hacer la legalización de una captura, o se podrán radicar más requerimientos que una tutela o un hábeas corpus. Con una condición: todo por vía virtual. “La atención a los usuarios se adelantará a través de los medios y canales técnicos y electrónicos institucionales disponibles para la recepción, atención, comunicación y trámite de actuaciones por parte de los despachos judiciales, secretarías, oficinas de apoyo, centros de servicios y demás dependencias”.

Los servicios de manera presencial se prestarán solo de manera excepcional y ninguna dependencia judicial podrá tener un aforo superior al 20 % de su planta de personal, explicó la magistrada. Quienes necesiten ir a un juzgado, por ejemplo, deberán pedir una cita o recibir un turno, y solo podrán presentarse en los horarios y lugares que determinen los consejos seccionales de la Judicatura y por un tiempo determinado. Estas medidas, además, no eximen a ningún juzgado de asumir los protocolos de bioseguridad que exige la coyuntura. (Por Covid-19, jueces de garantías de Bogotá empezarán a teletrabajar esta semana)

Las excepciones recaen en Amazonas y en la Corte Constitucional. En Amazonas, porque el brote del virus se encuentra a unos niveles tan alarmantes que, mientras el resto del país se prepara para que negocios, establecimientos y otros puedan abrir de nuevo, en Leticia y Puerto Nariño es imposible. “La situación epidemiológica en Amazonas es muy delicada”, señaló la magistrada Remolina en rueda de prensa virtual. “Es importante sumar a las medidas que el Gobierno Nacional ha dispuesto” para tratar de reducir el número de contagios.

En lo que respecta a la Corte Constitucional, los términos seguirán suspendidos hasta el 30 de julio frente a la revisión de tutelas y al estudio de demandas de inconstitucionalidad. En este periodo de restricciones, los magistrados del alto tribunal se han enfocado en hacer el debido control constitucional a las decenas de decretos legislativos que el Gobierno ha ido expidiendo luego de declarar el país en estado de emergencia, por cuenta del COVID-19. Ni los magistrados de altas cortes ni ningún juez o funcionario judicial, por ahora, volverá a sus despachos. “La Judicatura mantiene la regla de que los servidores sigan trabajando desde sus casas”, dijo la magistrada Remolina.