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Ernesto Bladimir González Ospino fue el representante legal de la IPS Nuevos Amaneceres S.A.S y según las investigaciones de la Fiscalía, durante los años 2012 y 2015 fue el responsable de radicar cobros por el servicio de hospitalización y medicación a falsos pacientes que tenían supuestamente enfermedades mentales. Este 1° de junio, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo (Sucre) condenó a González Ospino a 10 años y cuatro meses de prisión por cuatro delitos.
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Los cargos en su contra eran peculado a favor de terceros, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado, por los cuales aceptó su responsabilidad. Desde 2012, González Ospino se presentó ante la Secretaría de Salud de Sucre con historias clínicas y formularios falsos en los que justificaba el uso de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), por los que luego pedía recobro. La investigación determinó que varios de los beneficiarios por los que se exigía el dinero no padecían ninguna enfermedad y nunca recibieron el supuesto tratamiento.
Según la Fiscalia, González Ospino logró que la Secretaría de Salud departamental aprobara 13 resoluciones, con las cuales le pagaron unos $3.200 millones e iban firmadas por el gobernador de la época, Julio Guerra Tulena. En el proceso de la investigación también se pudo determinar que los pagos fueron ordenandos con la autorización de un médico especialista psiquiatria, egresado de la Universidad Javeriana, quien aclaró en su momento que, aunque firmó un contrato en 2013 con la IPS por seis meses, nunca realizó visitas ni valoraciones porque, después de llegar al acuerdo, no lo volvieron a llamar ni a contestar sus mensajes. Por lo tanto, aseguró, no atendió pacientes y mucho menos autorizó hospitalizaciones.
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En el cartel de los enfermos mentales no solo estaba vinculada la IPS Nuevos Amaneceres S.A.S. También se vinculó al proceso de investigación a la Fundación Nuevo Ser, Fundación Mar de Galilea, Clínica Santa Isabel, Fundación Libertad y Fe y el Centro de Neuro Rehabilitación San Rafael, a los cuales la Contraloría les abrió procesos en mayo de 2017.