$100 millones cobraban funcionarios judiciales por 'manipular' procesos

El ente investigador realizó allanamientos en los domicilios de los 11 capturados en el complejo judicial de Paloquemao.

Como un acto “muy grave de corrupción” catalogó el fiscal General, Eduardo Montealegre los hechos que rodearon la investigación que terminó con la captura de dos jueces de garantías y nueve funcionarios de la Rama en el complejo judicial de Paloquemao en el centro de la capital de la República.

Las capturas ordenadas por un juez de Tunja se dieron luego de recolectar elementos materiales probatorios que indicaban que los funcionarios judiciales incurrieron en irregularidades a la hora de realizar los sorteos de los procesos a cambio de una suma de dinero.

“A través del centro de servicios administrativos de Paloquemao se estarían direccionando ciertos procesos hacia determinados jueces de garantías con el fin de que ellos produjeran decisiones contrarias a la ley como decretar libertades, distorsionar el sentido del derecho, entre otras”, explicó el Fiscal General.

Según las pruebas, estas personas cobraban entre 500 mil y 100 millones de pesos a los procesados con el fin de que el proceso “llegara al juez adecuado”, para lo cual se afectaban los sorteos electrónicos que se hacían en el centro de servicios, por lo que se repetían hasta que se lograba el resultado deseado. “Pruebas documentales indican que en un caso se hicieron incluso 10 sorteos”, precisó una fuente.

Con estos dineros, se habrían otorgado libertades, detenciones domiciliaras, omisión de ordenes de captura e incluso libretas de libertad para personas que no cumplían con todos los requisitos exigidos.

Las pruebas

El jefe del ente investigador indicó que en los operativos conjuntos adelantados con la Policía Nacional y la Fiscalía se adelantaron allanamientos a los despachos y residencias de los detenidos, lugares en los que se recolectaron elementos materiales que permiten inferir un caso de corrupción por parte de los jueces y trabajadores de la Rama Judicial.

En uno de los domicilios se hallaron 11 millones de pesos, los cuales no pudieron ser justificados por parte del procesado, quien no emitió ningún argumento que permitiera inferir que este dinero fue obtenido de manera legal o por un préstamo.

Estas pruebas serán tenidas en cuenta en las audiencias de legalización de capturas, e imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento. Diligencias que se espera que se adelanten en la tarde de este jueves.

Estas personas tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público (falsificación de actas de reparto) prevaricato pro acción agravado, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias por lo que podrían pagar una pena entre los 15 y 20 años.