15 casos de agresiones a la prensa en 2019 documentados por la FLIP

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Al homicidio de Mauricio Lezama y Libardo Montenegro, se suma el desplazamiento de 15 periodistas, amenazas y nuevas formas de censura.

La Fundación para la Libertad de Prensa lanzó un preocupante informe sobre la situación del periodismo en el año 2019. Los hechos más graves son los asesinatos del realizador audiovisual Mauricio Lezama, ocurrido el 9 de mayo, en Arauquita cuando hacía un documental sobre  una militante de la Unión Patriótica que sobrevivió a un atentado en los años 80; así como el de Libardo Samaniego, un reportero que desde Samaniego (Nariño) informaba sobre la necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz. Ocurrió en junio.

El informe “Callar y fingir, la censura de siempre” que lanzó la Flip da cuenta, además, de que 15 reporteros amenazados tuvieron que salir de sus ciudades, incluso del país. Y que después de la firma del Acuerdo de Paz, los hostigamientos a periodistas se han multiplicado pues entre 2017 y 2019 han sido amenazados 583 personas, mientras que entre 2014 y 2016 la cifra fue de 257. Como explicó Jhonatan Bock, director ejecutivo (e) de la Flip, los municipios de Caloto, Corinto y Miranda en el Cauca; Llorente y la zona fronteriza con Ecuador en el Pacífico; y varios puntos que empiezan en Arauquita y terminan en Puerto Asís, en Putumayo se han convertido prácticamente en zonas vedadas para la prensa por cuenta de la violencia armada.

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La publicación de la investigación, que llevó a que la directiva fuera retirada, fue seguida con actos de intimidación contra Casey el fotógrafo colombiano Federico Ríos.  La FLIP documentó durante 2019 once casos de periodistas desplazados por su labor periodística, el número más alto que ha registrado esa fundación. “Natalia Cabrera de RTVC y Pablo Navarrete de Consejo de Redacción fueron víctimas de desplazamiento de los departamentos de Nariño y Valle del Cauca respectivamente. Cabrera recibió amenazas que llegaron a su celular el 6 y 11 de septiembre. Navarrete fue agredido el 18 de noviembre en su casa por un desconocido que se hizo pasar por una fuente y posteriormente lo obligó a borrar el material periodístico almacenado en su computador”, reseña el informe.

La Fundación igualmente reseñó que como el ELN sigue secuestrando periodistas en El Catatumbo pues Diego Veloza, de Caracol Televisión, Luis Enrique Cárdenas de Canal Uno, y el camarógrafo Neiser Velásquez fueron retenidos el 16 de febrero de 2019. “Los comunicadores se encontraban cubriendo la voladura del oleoducto Caño Limón - Coveñas. La retención, que de acuerdo con la ley penal constituye un secuestro, duró aproximadamente veinte minutos. Los periodistas fueron dejados en libertad luego de que los miembros del ELN notaran la presencia de un helicóptero del Ejército Nacional rondando cerca a ellos, sin embargo, sus equipos periodísticos fueron hurtados”.

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De otro lado, se documentaron 33 casos de amenazas a través de medios digitales entre las cuales hay casos de espionaje y los hackeos a las páginas web de la revista Cartel Urbano y al medio digital de la Universidad de los Andes, Cerosetenta. En este apartado, la Flip incluyó la revelación de información personal que hizo el abogado Abelardo De La Espriella en su cuenta de Twitter sobre el periodista Camilo Poveda.

Otro hecho preocupante fue el allanamiento que hicieron las actividades a la sede de Cartel Urbano en Bogotá el 19 de noviembre de 2019, a dos días del inicio del Paro Nacional, en búsqueda de material explosivo y alusivo a la jornada de movilización. No se encontró nada. Cuatro días antes, la Policía Nacional solicitó a Cerosetenta que eliminara una publicación denominada “Manual de Autoprotección Contra el Esmad” porque supuestamente incitaba  a la violencia en la protesta y calumniaba a la entidad. Para la Flip, se trata de censura.

El informe anual de la FLIP reseña igualmente que el 25 de octubre de 2019, integrantes de la Policía en Tocancipá “decomisaron cerca de 400 ejemplares del periódico Entre Líneas y 500 ejemplares del periódico local Nostoca”. Además, se registró el homicidio de Javier Córdoba Chaguendo, director de la emisora Radio Planeta, el 18 de octubre de 2019 en Llorente, Tumaco. Dicho medio era un espacio musical y en su contra no se habían consignado amenazas o intimidaciones previas.

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La FLIP reseñó otros casos más de censura. Por ejemplo, que el 30 de agosto de 2019 la entonces candidata a la alcaldía de Cartagena Adelina Covo “agredieron verbalmente a la periodista Blanca Urango, la retuvieron en la casa de la política y eliminaron el material periodístico del celular y la cámara de la reportera”.  El 25 de julio de 2019, la Jueza Segunda Penal Especializada de Bogotá, encargada, quien lleva el proceso contra el exfuncionario del Das, Emiro Rojas Granados por tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque, le ordenó que no opinara ni informara públicamente sobre su caso.

Y está el caso de Juan Pablo Bieri, exgerente de RTVC, quien dio en una reunión una aparente orden para sacar del aire el programa Los Puros Criollos.  “Matamos la producción. Lo ponemos a las tres de la mañana. Él no tiene ni idea de lo que está diciendo y se está burlando del Estado, de la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo (…) no hay posibilidad de que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar”. Ese comentario hacía referencia al presentador del programa Santiago Rivas. Bieri renunció a su cargo el 24 de enero y en noviembre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República lo como asesor.

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El último caso que consigan el informe de la Flip tiene que ver con las denuncias de intecerptaciones ilegales que reveló Semana que habrían sido perpetradas por el Ejército Nacional a periodistas, defensores de derechos humanos y magistrados, entre otros. “En escenarios en los que los periodistas necesitan mantener a sus fuentes en el anonimato para tener acceso a información de interés general, es indispensable que se garantice la seguridad de quienes proporcionan la información y de quienes, posteriormente, la difunden. Cuando los reporteros y sus fuentes no cuentan con la certeza de que este derecho se les está garantizando, se ven envueltos en situaciones de temor que los disuade de desarrollar actividades informativas”, indicó la Flip.

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