Las 15 claves de la nueva reforma a la justicia

En el despacho del presidente Juan Manuel Santos reposa el proyecto de ley que dejó listo el exministro Alfonso Gómez Méndez. El Espectador revela todos los detalles de una iniciativa que levantará ampolla.

La creación de un supertribunal para juzgar y destituir a magistrados de altas cortes y al propio fiscal general, la prohibición de cualquier forma de reelección para aquellos que administran justicia, la eliminación de una buena vez del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, el reconocimiento de que sí proceden tutelas contra sentencias judiciales proferidas por las altas cortes, la modificación de la inoperante Comisión de Acusación del Congreso, el recorte de las facultades sancionatorias del procurador y la suspensión de congresistas que no justifiquen sus ausencias en el Parlamento constituyen la columna vertebral de la nueva y ambiciosa reforma a la justicia que tiene lista el gobierno Santos.

En el despacho del jefe de Estado reposa el proyecto final en el que trabajó durante meses el exministro Alfonso Gómez Méndez con una comisión del más alto nivel. Sus objetivos: acabar con la sensación de impunidad que rodea a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general, descongestionar los despachos de los jueces del país, despolitizar la justicia, proscribir esa práctica terrible del “yo te elijo, tú me eliges”, volver a recuperar el sentido de la “majestad de la justicia” y ponerle por fin orden a uno de los tres poderes públicos, cuya cúpula terminó tan untada de política como el Congreso mismo.

El Espectador conoció los detalles de este proyecto de reforma que hoy examina con lupa el recién posesionado ministro de Justicia, Yesid Reyes. Entre lo más novedoso está que todas las funciones electorales de las altas cortes pasan a mejor vida, salvo la elección del fiscal general. Según el proyecto, la Corte Suprema de Justicia le entregará al presidente una lista de seis candidatos y será el mandatario quien escoja. Asimismo le quita al procurador la facultad de destituir e inhabilitar a los congresistas —ni más ni menos—, al tiempo que elimina la figura del representante del Ministerio Público de los juicios orales en el sistema acusatorio.

También establece una jurisdicción de tutela para que haya jueces especializados en fallarlas mientras los demás se dedican a lo que les corresponde: resolver los distintos expedientes civiles, penales o laborales, sin distracción alguna. Por primera vez se reconoce que la tutela sí procede contra sentencias de la Corte Suprema y el Consejo de Estado (ambos tribunales han dicho siempre que sus fallos son inobjetables) y se ordena la creación de un supertribunal, una especie de comisión de nueve sabios, que estará encargado de juzgar disciplinariamente a los magistrados de las altas cortes y al fiscal. La morosidad, el tráfico de influencias y los permisos no justificados —cruceros y cosas por el estilo— podrán ser objeto de sanción.

Y aún hay más: los congresistas que no vayan a trabajar al Parlamento podrán ser suspendidos por el Consejo de Estado. De acuerdo con el proyecto, las contravenciones o delitos bagatela serán resueltas por autoridades administrativas de Policía, se elevarán los requisitos de experiencia de 10 a 20 años para magistrados de altas cortes, los jueces ya no podrán invocar aquello de la “autonomía judicial”, desconociendo la jurisprudencia de las cortes, y ningún magistrado podrá saltar al Gobierno.

Las 15 reformas que se plantean

1. Se creará un súpertribunal para juzgar, sancionar y destituir a magistrados de altas cortes y al fiscal General por faltas disciplinarias, como la morosidad judicial, el tráfico de influencias, las recomendaciones, permisos no justificados (léase cruceros) o el propio carrusel de las pensiones. La parte penal queda en la Comisión de Acusación del Congreso.

2. Este súpertribunal estará conformado por nueve magistrados que serán elegidos por los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Cada uno de estos tribunales postulará a tres miembros que deberán acreditar una experiencia de más de 25 años, haber ocupado las más altas dignidades de las cortes y el Estado y tendrán un periodo de ocho años. Serán una especie de comisión de sabios, cuyos fallos son de única instancia.

3. Se elevarán los requisitos de experiencia de 10 a 20 años para los magistrados de altas cortes, se mantienen sus periodos de ocho años y se aumentará la edad de retiro a los 70 años. No podrá haber reelección alguna en la administración de justicia.

4. Se prohibirá que un magistrado de una alta corte pueda aspirar después a otra. Salvo al nuevo súper tribunal disciplinario. Además, el caso de Francisco Ricaurte se vuelve norma constitucional: el “yo te elijo, tú me eliges” se acaba de una buena vez porque ningún magistrado podrá apoyar a un candidato que previamente haya participado en su elección.

5. No podrá el gobierno elegir, postular o nominar para cualquier cargo a un magistrado en ejercicio y éste sólo podrá aceptar un cargo en esas condiciones después de dos años de su retiro. Se busca acabar esta puerta giratoria y lo que se han entendido como pagos del gobierno a las cortes.

6. Se suprimirá toda función electoral de las altas cortes, salvo la del fiscal General que ahora se hará al revés: la Corte Suprema hace una lista de seis candidatos y escoge el presidente.

7. Se acabará el Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se creará, por un lado, el súper tribunal disciplinario y, por el otro, un sistema de administración de la rama que tendrá un nivel directivo, un ejecutivo y una gerencia.

8. Se reconocerá por primera vez que sí proceden las tutelas contra sentencias judiciales de las altas cortes (la Corte Suprema y el Consejo de Estado han sostenido que sobre sus fallos no procede este recurso). También se determinará que toda tutela contra sentencias judiciales será resuelta por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

9. Se creará la jurisdicción constitucional que en términos castizos significa la designación de jueces especializados de tutela en todo el país (que se aplicará de manera gradual). El objetivo es que los jueces se dediquen a su campo y que todas las tutelas sean resueltas por esta nueva jurisdicción.

10. En todo caso, para evitar tutelatones y otras especies parecidas la Corte Constitucional podrá en cualquier momento agrupar las tutelas y decidir sobre ellas en un solo fallo de unificación.

11. Los jueces ya no podrán invocar esa premisa de la autonomía judicial para fallar como ellos consideren. Tendrán que reconocer la jurisprudencia de altas cortes sobre los temas a la hora de emitir sus fallos. Eso de la ruedas de la sueltas no irá más.

12. Las contravenciones o delitos bagatela como riñas serán resueltas a través de procedimientos breves y orales por autoridades administrativas de policía. El objetivo es la descongestión judicial.

13. Se le quitará al procurador la facultad de sancionar disciplinariamente a los congresistas. Esa labor pasará al Consejo de Estado. Además, se le quitará al jefe del Ministerio Público las funciones preventivas en derechos humanos, que pasarán a la Defensoría del Pueblo, y la intervención en todos los procesos judiciales del sistema acusatorio, pues su figura resulta obsoleta.

14. La pérdida de investidura de los congresistas se reduce a tres causales: conflicto de intereses y violación de régimen de inhabilidades, indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias. El Consejo de Estado, además, podrá ordenar la suspensión de los congresistas cuando éstos incurran en inasistencia injustificada al parlamento. Se acabará eso de que los senadores y representantes no vayan a trabajar.

15. Se propone cambiar la ineficaz Comisión de Acusación del Congreso. Sus integrantes deberán estar cualificados en temas penales y serán asistidos por un cuerpo de asesores investigadores. El objetivo es que por una vez en la vida la Comisión funcione.

 

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