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El 27 de septiembre 1999 los paramilitares lanzaron una sentencia de muerte para la comunidad de Las Palmas, un corregimiento de San Jacinto (Bolívar) en los Montes de María. Frenaron la salida de carros del pueblo, detuvieron a los estudiantes y agruparon a todos en la plaza central. Cuatro personas fueron asesinadas y la amenaza fue una sola: que no se fueran, que iban a hacer fiesta a punta de plomo. Al día siguiente, una comunidad de casi 5.000 personas agarró lo que pudo y se fue de ahí. Este viernes, 20 años después, los palmeros llegarán de diferentes ciudades del país para recordar a las víctimas con un acto simbólico.
Ese día fueron asesinados Emma Herrera, su hijo Celestino Ávila, Tomás Bustillo y Rafael Sierra. Fue la gota que rebosó la copa porque Las Palmas vivió múltiples violencias desde comienzos de los años 90. Sus pobladores recuerdan la zozobra de las armas del Epl, el Eln, las Farc y los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María, el grupo que se ensañó con la zona y que apenas unos meses después, en febrero del 2000 masacró a 66 personas en El Salado y unas 60 más en Mampuján, en marzo. Previo a su propia tragedia, ya se contaban al menos 19 asesinatos selectivos en la década.
(En contexto: Sin pueblo y sin tierra)
“Nosotros vivimos todas las violencias, de diferentes modos. Vivimos violencia psicológica cuando nos amenazaban tratándonos de guerrilleros sin nosotros serlo”, dice Ricardo Reyes, uno de los voceros de la comunidad. Era diferente esta vez, los jóvenes que mataron no pasaban los 30 años, los crímenes tenían otro tinte. “Los líderes de la época lo presintieron y tomaron la decisión, sino hubiéramos vivido lo mismo que El Salado”, agrega. Las familias se quedaron por meses en el coliseo de San Jacinto y a la fecha han vivido dos retornos inconclusos.
Uno en 2005. Los palmeros, regados por San Jacinto, Cartagena y Bogotá (que llegó a tener cientos de sus habitantes en la localidad de Suba) empezaron a enviar recursos para empezar a preparar la tierra por poder volver y empezar de nuevo. No fue posible: un grupo armado, no se sabe cuál asesinó a dos personas. El mensaje fue claro. Otro intento de retorno fue en 2014, ya con Ley de Víctimas andando. Aaunque fue publicitado como un exitoso retorno en su momento, lo cierto para buena parte de sus líderes, es que no hubo garantías para regresar dignamente y buena parte de los llegaron, se fueron con el tiempo.
Había un aula de estudios no más y la vía de acceso, de unos 15 kilómetros, hoy sigue siendo un suplicio que puede tomar unas cinco horas en carro, sin contar que llueva ya que eso lo empeora. “Las condiciones no estaban dadas para el retorno: las casas, la comida. Era un pueblo pujante, agrícola, ganadero y de la noche a la mañana se truncó el futuro de las familias. Las medidas prometidas no se han cumplido”, dice Pedro Díaz, quien actualmente reside en Cartagena. Reyes, por su parte, asegura que el Estado perdió la oportunidad de hacer un retorno efectivo y ejemplarizante y ahora, buena parte de los desplazados yo no querría regresar pues se han podido ubicar y organizar en otras ciudades.
(En contexto: 'Queremos un retorno digno')
Luis Gilberto Caro, uno de los líderes de Las Palmas, califica lo que ha pasado con su pueblo como “desinterés y olvido”. “No me voy a poner a pelear. Pero lo que hay por hacer es mucho. La vía está en un estado deprimente, los campesinos no pueden sacar los productos”, señaló a El Espectador al tiempo que se pregunta cómo el escándalo en el que está sumido el gobernador de Bolívar, Dumak Turbay, por supuesta corrupción electoral, podría afectar la ejecución de un proyecto para repararla, que se ha anunciado por años. El acalde de San Jacinto, Abraham Kamell, señaló a este diario que hay $10.000 millones listos pero que el tema todavía está en contratación.
Por el momento, en Las Palmas habitan cerca de 60 familias. El alcalde asegura que incluso podrían ser más, que ya hay un aula más de clases y resalta, entre otros, la existencia de una Casa de la Cultura. No obstante, para algunos palmeros, como Ricardo Reyes, esa construcción se hizo de manera inconsulta con la comunidad. Pedro Díaz, por su parte, está pendiente del proceso de reparación colectiva, que está en preparación, mientras pide al Estado que no los olviden. “No nos abandonen, no nos dejen solos, el proceso ha sido muy lento, muy mezquino. La inversión no se ve”, agregó.
Los habitantes de Las Palmas (asentados en varias ciudades) se reunirán este viernes para conmemorar los 20 años del desplazamiento para sembrar una urna tibetana, en memoria de sus víctimas, de “nuestros paisanos, nuestros amigos, nuestras familias”. También realizarán una misa. Aunque invitaron a varias entidades, ninguna les confirmó. Este diario intentó comunicarse con la Unidad de Víctimas y la Gobernación de Bolívar, sin éxito. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado en materia de justicia? Nada, resumen los palmeros.
Pues, aunque la comunidad asentada en Bogotá por ejemplo fue proactiva y realizó por su cuenta la aproximación a la Fiscalía cuando entró en marcha el proceso de Justicia y Paz, no ha habido avances. Reyes explica que ellos mismos llevaron hasta 1.200 formatos de declaración ante el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia y Graves Violaciones de los Derechos Humanos (Cavidh). “Uno iba a las audiencias, pero callado, porque a uno le daba miedo. En las audiencias se mencionaba la región, no a Las Palmas. Cuando ya pasó de la proactividad de la gente a las instituciones, ahí quedó. Hay unos postulados (paramilitares) pero no ha pasado nada. Las Palmas ha vivido en la impunidad siempre.”, dijo Reyes.
La única sentencia sobre el hecho de Las Palmas específicamente hay una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar que condenó al Estado por lo sucedido, por no tomar las medidas necesarias de seguridad para prevenir los hechos. “Se han indemnizado personas, sí, pero con justicia no hay nada”, agrega. Para Reyes un escenario de paz ahora sería poder volver a condiciones de tranquilidad en las que estaban antes de los desplazamientos. "La paz tiene que venir acompañada con una recuperación de tejido social. Tenemos miles y miles de leyes que hablan de lo social pero es que en el territorio no se ve", sentencia. Hasta entonces, los palmeros regados por el país, están por su cuenta.