En 2015 se triplicó el número de menores de edad afectados por las minas antipersonal

El Monitor de Minas Antipersonal 2016 reveló que desde 2010 se han triplicado los menores afectados en Colombia. Además, el informe hace un fuerte llamado a las EPS para garantizar la atención de los sobrevivientes.

En 2015, Colombia recibió US$14,6 millones de la cooperación internacional para erradicar las minas.

Contrario a la tendencia mundial, donde los afectados por minas antipersonal aumentaron 75% respecto a 2014, el Monitor de Minas Antipersonal 2016 mostró que en Colombia, los afectados por este tipo de artefactos siguen disminuyendo. De acuerdo con el informe, en 2015 hubo 222 víctimas de estas armas, mientras que en 2014 se registraron 292. Esto significa una disminución del 32% en el número de víctimas.

De hecho, desde 2006 los índices de afectados por estos artefactos vienen reduciendose en el país, después de que en 2004 y 2005 Colombia alcanzara cifras record: 1.200 personas víctimas por año. No obstante, el informe puso su lupa sobre un problema creciente: de las víctimas civiles, que representaron el 28% del total, el 45% fueron menores de edad (22 niños y seis niñas).

Según el Monitor, estos resultados señalan una tendencia creciente desde hace seis años: el incremento de las víctimas menores de edad en el porcentaje total del año, que en 2015, “se ha triplicado en comparación con el año 2010”, señaló el informe. Se evidenció además que si bien 31 de 32 departamentos del país tienen minas sembradas, en 2015, los hechos se registraron en 15 departamentos, principalmente en Antioquia, Cauca, Meta y Caquetá.

Asimismo, el Monitor hizo especial énfasis en los grandes problemas a los que se enfrentan los sobrevivientes de estos explosivos, que en 2015 fueron 190 de las 222 víctimas (los otros 32 fallecieron a raíz del incidente). “De todos los sobrevivientes que cumplen los requisitos para acceder a la asistencia, menos de la mitad recibió los servicios a los que tiene derecho. A pesar de los esfuerzos por mejorar el acceso a la rehabilitación, los complejos procesos burocráticos, a menudo provocaron retrasos”, relata el documento.

Varios fueron los factores para que la atención a las víctimas fuera insuficiente. Por una parte, la disminución de la financiación internacional para las ONG dedicadas a esta causa, que se redujo en US$77 millones. El acceso a las prótesis, por ejemplo, fue una de las áreas afectadas. El Monitor encontró que los sobrevivientes pueden llegar a esperar hasta un año para obtener su prótesis.

También se vio comprometida la formación de profesionales para la rehabilitación física, pues si bien el Estado decidió que este sería proporcionado por las EPS y las IPS, “los servicios son a menudo negados o retrasados a causa de los complicados trámites burocráticos y judiciales entre las EPS y la aprobación de las IPS”.

En ese sentido, el informe explicó que la reciente decisión gubernamental, y consignada en ley, de que el acceso a los servicios de salud se haga exclusivamente a través de la EPS, complica el acceso a dichos servicios por la “una compleja y creciente burocracia”. Y si bien esta fue una percepción generalizada, fue en las regiones más apartadas del país donde la asistencia estatal se consideró especialmente ineficaz.

Fue allí, en los lugares remotos, donde el apoyo psicológico siguió siendo prácticamente nulo, señaló el Monitor. Si bien hay ordenes legales que ordenan este tipo de apoyo, para mayo de 2016, estás aún no se habían puesto en marcha. El resultado: el 83% de los sobrevivientes siguen sufriendo de trauma psicológico. Además, “la falta de apoyo psicosocial y de formación profesional siguen siendo un obstáculo importante para el cumplimiento de sus derechos”, se lee en el informe.

Así mismo, el informe puso la lupa en los erradicadores manuales de cultivos ilícitos, que desde el año 2011, están siendo cada vez más afectados por minas antipersonales que los grupos armados ilegales dejan cerca de los sembrados, para evitar su erradicación. Según el Monitor, muchos de ellos eran campesinos que ni siquiera estaban registrados en una EPS y que tras los hechos,no recibieron compensación alguna por los daños sufridos.

“Las observaciones de la revisión periódica de Colombia en el Consejo de Derechos Humanos en 2016 encontraron que el Estado debe acabar con el uso de civiles en actividades de erradicación manual en áreas afectadas por las minas antipersonal hasta que tales áreas no sean efectivamente libres de estos artefactos explosivos y otras amenazas, de acuerdo con las normas internacionales”, concluye el informe.

El panorama a nivel mundial

El 2015 se recordará, a nivel mundial, como el año con más víctimas de minas antipersonal en la última década. Así lo reveló el Monitor de Minas Antipersonal 2016, que año tras año hace un reporte completo del panorama mundial respecto a las minas antipersonal y sus víctimas, así como la atención que estas reciben después de los hechos.

De acuerdo con el Monitor de Minas, los conflictos en Libia, Siria, Ucrania y Yemen fueron los causantes de que en 2015 hubiera un 75% más víctimas que en 2014, cuando 1.672 personas murieron a causa de estos artefactos. Colombia, al ser uno de los diez países en el mundo con presencia de estos artefactos, se encuentra detallado dentro del informe.

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