21 años sin Eduardo Umaña Mendoza

El abogado y defensor de derechos humanos fue asesinado el 18 de abril de 1998 y el crimen, 21 años después, sigue en la impunidad. En 2016 el homicidio fue declarado como de lesa humanidad.

José Eduardo Umaña fue asesinado en su oficina el 18 de abril de 1998.Archivo particular

El abogado penalista y defensor de derechos humanos José Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado por una mujer y dos hombres que ingresaron a su oficina haciéndose pasar por periodistas. Fue el sábado 18 de abril de 1998 en el barrio Nicolás de Federman de la ciudad de Bogotá. 21 años después, el crimen sigue en la impunidad.

Nacido en 1946, Eduardo Umaña fundó organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y adelantó investigaciones de ese talante como la desaparición de Omaira Montoya en 1977, la ejecución extrajudicial de Óscar William Calvo en 1984, las desapariciones en el Palacio de Justicia en 1985, el asesinato de Carlos Pizarro en 1990 o la ejecución extrajudicial de Hernando Pizarro Leongómez, entre otros casos.

Víctima de amenazas desde su época de estudiante, Eduardo Umaña sobrevivió a un atentado en 1991 y transformó su casa en oficina. Las labores que lo llevaron a ser reconocido como uno de los más importantes defensores de derechos humanos en el país, involucraron contactos con agentes de inteligencia que decidieron confesar su participación en crímenes.

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En 1991, por ejemplo, logró que el suboficial del Ejército Nacional Bernardo Garzón, adscrito al batallón de inteligencia y contrainteligencia Charry Solano y a la Brigada XX de inteligencia, se acercara a la Procuraduría para entregar información que permitió aclarar el asesinato del líder del Epl Óscar William Calvo, la desaparición de la activista del M-19 Nydia Érika Bautista, o los secuestros de los líderes del M-19 José Cuesta y Guillermo Marín.

Años antes, Umaña había logrado que el exagente Ricardo Gámez Mazuera diera datos claves de graves violaciones de derechos humanos en los que aparecieron involucrados integrantes de inteligencia militar o policial. Estos hechos, que provocaron amenazas y acoso en su contra, fueron documentados por los abogados Federico Andreu-Guzmán y Wilder Tayler en un documento que entregaron en 2011 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pidiendo justicia, en representación de su esposa e hijo.

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De esa petición, aún no hay respuesta. En 2016, la Fiscalía declaró el crimen como de lesa humanidad. Esas investigaciones tampoco han arrojado resultado alguno. Este jueves, al conmemorarse un nuevo aniversario del crimen, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz recordó al abogado por su incansable búsqueda de la verdad y la justicia.  “El encubrimiento, la mentira siguen siendo parte de los expedientes de la justicia y de sus relatos. Solo la memoria que persiste, que resiste desmorona la impunidad. Sin que individualice necesariamente, la memoria renueva las verdades”, indicó la Comisión.

El crimen de Umaña conmoción nacional e internacional y el exilio de su secretaria, María Ingrid Pinzón, quien fue amarrada y encerrada en un baño mientras se consumó el homicidio. Lo mismo pasó con los estudiantes de Derecho Wilson González y María Cristina Muñoz; y, por supuesto, con su viuda Ana Patricia Hernández y su hijo Camilo Eduardo Umaña. Por esos mismos días, durante una entrevista con Human Rights Watch, el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez admitió que la Brigada XX podría estar implicada en la ejecución extrajudicial.

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Hacia febrero de 1998, Umaña Mendoza acudió a la Fiscalía para denunciar amenazas de muerte en su contra. Días antes había recibido dos llamadas en las que una voz masculina le alertaba de su inminente asesinato, en un complot orquestado por un fiscal, integrantes del CTI, orgánicos del B-2 (inteligencia militar) y altos funcionarios de la seguridad interna de Ecopetrol. El homicidio de Umaña fue asumido por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía que incurrió en errores en la recolección de pruebas, pero que en una inspección en las brigadas XIII y XX del Ejército encontró la hoja de vida de una capitán de inteligencia que había trabajado como secretaria por un tiempo en la oficina de Umaña Mendoza.

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Luego de varias pistas falsas que apuntaban a guerrilleros como responsables del crimen, la Fiscalía acogió el testimonio de un preso por hurto agravado para agilizar el caso. Pero antes de 2002, los mencionados por esa persona quedaron absueltos. De manera simultánea, había aparecido otra pista. El exparamilitar Francisco Villalba, quien voluntariamente había confesado su participación en la masacre de El Aro (Ituango) en 1997, y que decía tener relación con las estructuras paramilitares lideradas por Carlos Castaño, reveló que durante sus días como paramilitar vio una lista de personas que iban a ser asesinadas. Entre ellas estaba Eduardo Umaña Mendoza.

Tiempo después, el mismo Villalba declaró que el asesinato del penalista se coordinó en una reunión en San José de la Montaña (Antioquia). El testigo declaró que había unos 45 hombres, entre ellos Salvatore Mancuso, y que también estuvieron un sargento del Ejército y el comandante de Policía del pueblo. “Un moreno que estaba en la base de (la finca) La Carolina, en la entrada de los Llanos de Cuiva”. Es decir, la finca que habría sido la base del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

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Ese día se escogió a una mujer y a dos hombres. Ella, de Yarumal, identificada como Érika, y dos francotiradores, Julio Martínez, alias Conejo, y William, a quien le decían el Marrano. Según Villalba, a cada uno le consignaron $15 millones. Supuestamente, el asesinato lo provocó la investigación que le estaban haciendo a un coronel por conformación de grupos paramilitares. También intervinieron un mayor de la Sijín y un señor de Medellín conocido en Ituango como Pacho. Además de este testimonio, una informante llamada Yolima Guáqueta también testificó que el crimen de Umaña había sido organizado por miembros del Ejército.

Hacia julio de 2009, Camilo Umaña, hijo del jurista asesinado, elevó un derecho de petición ante el fiscal Mario Iguarán solicitando información por el caso. La respuesta llegó un mes después, manifestando que no había sido posible obtener pruebas para identificar a los autores y que la Fiscalía estaba pendiente de investigar a Iván Roberto Duque, quien había manifestado de manera genérica que esos asesinatos habían sido ordenados por Carlos Castaño. Ante la falta de respuestas convincentesla familia Umaña Hernández optó por presentar el caso ante la CIDH. No obstante, 21 años después, la justicia no llega.

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