Por qué procesan a líderes sociales en protestas, según el Comité de Presos Políticos

Los departamentos donde más convenios se han firmado coinciden con los lugares del país donde más líderes han sido judicializados entre 2012 y 2019: Antioquia, Cesar, Casanare, Meta, Putumayo y Santander. / Archivo El Espectador

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) publicó esta semana el informe “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz”. En la investigación documentan los casos de 249 personas que, en su concepto, son líderes sociales que han sido judicializados en el marco de protestas entre 2012 y 2019, a lo largo del país. Según la organización, la mayoría de estos procesos se enmarcan en un intento de criminalizar la protesta.

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El informe analiza los 249 casos que se presentaron de líderes sociales y defensores del medioambiente que han sido llevados a los estrados judiciales acusados. Según la fundación, esta modalidad de “uso indebido del derecho penal” por parte de la Fuerza Pública y la Fiscalía, se ha incrementado en los últimos ocho años en un 244 %, pasando de nueve casos documentados en todo 2012 a 31 apenas en el primer semestre de 2019. Así, en promedio, 33 defensores de derechos humanos son judicializados cada año, uno cada 11 días.

Por otro lado, el informe pudo identificar patrones entre los líderes que han sido llevados ante la justicia por organizar protestas: la mayoría defienden alguna causa ambiental o pertenecen a organizaciones que defienden el acceso a la tierra (74% de los líderes judicializados); también un gran grupo promueve el derecho a la protesta social, y entre ellos están convocantes de paros agrarios y de mingas; y, por último, hay líderes que exigen la implementación del Acuerdo, particularmente los programas relacionados con la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos.

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El CSPP ata el ambiente de persecución a los actores estatales y privados que, supuestamente, intervienen y se benefician con la judicialización de defensores de derechos humanos. Entre ellos están empresas minero-energéticas que firman millonarios convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General a cambio de protección para sus campos de explotación. Este tipo de contratos se han vuelto cada vez más frecuentes, por ejemplo, por las constantes voladuras de oleoductos que les significan millonarias pérdidas a las empresas. En la práctica, reza el documento, resultan judicializados los líderes que se oponen a la presencia de esas empresas en sus territorios.

En total, entre 2012 y 2019, el CSPP pudo identificar 365 de estos convenios de cooperación que firmó el Ministerio de Defensa con 117 empresas mineras. Sin embargo, podrían ser más, pues gozan de confidencialidad de las partes. Según el informe, “pese a que el objeto de los convenios es que la Fuerza Pública preste una ‘especial protección’ a la seguridad de la empresa, particularmente frente a los ataques que realizan grupos armados al margen de la ley a la infraestructura del sector minero-energético, se ha evidenciado que las unidades militares financiadas por las compañías han promovido acciones de inteligencia militar contra los y las defensoras, asociándolos de manera indebida con grupos delictivos”.

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Entre las empresas que firman este tipo de convenios el informe resalta a Ecopetrol, que en los últimos cuatro años le ha dado $154.320.012.625 a Armada, Ejército, Policía y Fuerza Aérea. A su vez, los departamentos en los que se concentran estas zonas de interés para las empresas, que son donde más convenios se han firmado, coinciden con los lugares del país donde más líderes sociales han sido judicializados entre 2012 y 2019: Antioquia, Cesar, Casanare, Meta, Putumayo y Santander.

Por otro lado, la Fiscalía también puede suscribir este tipo de convenios directamente con las empresas. De hecho, desde 2001 se crearon las Estructuras de Apoyo a Hidrocarburos (EDA), unidades del ente investigador dedicadas exclusivamente a perseguir delitos “contra el sector de hidrocarburos”. Según el documento, “el accionar investigativo y acusatorio de estas unidades –a las que Ecopetrol les ha invertido, por lo menos, $82.621.590.882 en los últimos siete años– también se ha dirigido contra quienes han promovido y participado de manera pacífica en protestas sociales o han liderado procesos de consulta y participación ciudadana relacionada con la utilización del territorio por parte de las empresas del sector minero-energético”.

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Entre 2017 y 2019, dice el CSPP, estas EDA han judicializado a 22 líderes sociales del sur del país, con patrones muy similares. Por ejemplo, además de que generalmente se les vincula a delitos como la obstrucción ilegal de las vías públicas, concierto para delinquir y rebelión, “en estos procesos hemos encontrado evidencia de imputaciones indebidas y judicializaciones con fines de acoso y desprestigio”. Pero los investigadores también encontraron que, de las 249 personas judicializadas desde 2012, apenas seis han sido condenadas y en 20 casos la investigación precluyó, es decir, se archivó. El resto de los procesos llevan años sin avanzar de las fases iniciales.

El documento concluye, entonces, que “de manera frecuente, las empresas del sector minero-energético asocian la defensa de los derechos humanos como una práctica contraria a sus intereses económicos y, en consecuencia, financian a la Fiscalía para que promueva acciones penales contra quienes se manifiestan de manera pacífica para reclamar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. (…) Asimismo, concretan alianzas con militares y policías para lograr las detenciones de defensores/as de derechos humanos”.

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Por todo esto, el CSPP consigna al final del informe una serie de recomendaciones a la Fiscalía, Fuerzas Militares y a otras entidades del Estado que. En concreto, estas sugerencias para prevenir la criminalización de la protesta y de la defensa de derechos humanos se resumen en “asegurar que las autoridades no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos”, y, por otro lado, “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que efectivamente se garantice el derecho a defender los derechos”.