Las 2.806 sanciones de la era Ordóñez

Esta cifra solo corresponde a funcionarios públicos que ejercían cargos de elección popular como ediles, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y congresistas, que fueron sancionados por Alejandro Ordóñez.

Alejandro Ordóñez fue retirado del cargo de procurador general por un fallo del Consejo de Estado. / Archivo

La era de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría será recordada por las 2.806 personas sancionadas entre el 1 de enero de 2009 y el 30 d mayo de 2016 y que ejercían cargos de elección popular. Desde ediles, concejales y diputados, hasta alcaldes, gobernadores y congresistas hace parte de esta extensa, en la que no se cuentan las otras miles de decisiones que se tomaron contra funcionarios públicos. (Ver: "Alejandro Ordóñez, un poderoso sin poder")

Las sanciones principalmente eran amonestaciones escritas, multas por irregularidades en su gestión administrativa, suspensión entre 1 y 12 meses –como ocurrió en un principio con el exalcalde Samuel Moreno Rojas cuando se destapó el carrusel de la contratación en Bogotá– y destituciones entre los 10 y 20 años con inhabilidad para ejercer cargos públicos. Por ejemplo, Gustavo Petro fue uno de los procesados por el procurador Ordóñez que fue sancionado con 15 años de muerte política. Sin embargo, el Consejo de Estado emitió una medida cautelar –su caso aún sigue en estudio– que le permitió a Petro terminar con su periodo en la Alcaldía de Bogotá.

Los principales motivos para emitir las sanciones fueron irregularidades administrativas como nombramientos, atención de requerimientos, atención de derechos de petición, malos manejos de recursos públicos y de regalías, especialmente, en temas contractuales. Además, se presentaron gran cantidad de casos en los que los funcionarios públicos tuvieron que responder por abuso de autoridad y poder, omisión del debido proceso y hasta lesiones personales.

Los departamentos en los que más se presentaron sanciones a funcionarios públicos que ejercían cargos de elección popular fueron, en su orden, Santander con 328 casos, Cundinamarca con 272, Boyacá con 238 personas y finalmente Antioquia con 232. A su vez, las regiones en las que menos tuvo injerencia la Procuraduría fueron Guaviare, Guainía, Chocó y Amazonas, que sumando sus cifras se obtienen 40 sanciones nada más. Asimismo, los alcaldes fueron quienes más sufrieron la mano dura de Ordóñez, al ser un total de 1.601 sancionados. 


También fueron 24 congresistas los destituidos –12 senadores y 12 representantes a la Cámara– por Alejandro Ordóñez. Los dos primeros destituidos fueron los representantes Alfonso Antonio Fran Campo Escobar y Alfonso Castillo por caso de parapolítica. Junto a ellos, otros 13 políticos fueron destituidos por sus vínculos con los paramilitares.  El tema de Farcpolítica los sancionados fueron Piedad Córdoba –quien logró que el Consejo de Estado tumbará uno de sus procesos al considerar que las pruebas eran ilegales– y Salomón Nader. Asimismo, pro el carrusel de la contratación se inhabilitó a Germán Olano e Iván Moreno. Los otros casos se dieron por temas de tráfico de influencias e irregularidades en temas de contratación. (Ver: "Los funcionarios destituidos po Alejandro Ordóñez")

 

(Ver:"Ordóñez victimizado, de Procurador a presidenciable")

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