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Tras la finalización oficial del periodo de Todd Howland como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 416 organizaciones nacionales e internacionales y 15 activistas expresaron su intranquilidad debido a que aún no se ha acreditado a la persona designada para ser el nuevo representante que sustituirá a Howland. Esta falta de acreditación impide que el sucesor inicie labores, razón por la cual las organizaciones solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores que se agilice la gestión.
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En una carta, recalcaron la importancia de la labor que se ha adelantado desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con respecto a la protección de los derechos humanos, trabajo que no se puede detener y más teniendo en cuanta la actual situación de implementación del Acuerdo final de paz y también la problemática con respecto al asesinato en aumento de lideres sociales en el país. El tema salió a flote la semana pasada, cuando se conoció que la presentación del informe anual de esa oficina se suspendía hasta que no hubiera un nuevo representante.
Al final, el informe sí se conoció. Se supo, por ejemplo, que a la ONU le preocupa la impunidad en los casos de corrupción que azotan a Colombia, o que se siguen reportando casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. El jueves pasado, la oficina de prensa de esta entidad de Naciones Unidas anunció que el mandato de Howland había finalizado, que él seguiría trabajando desde Ginebra (Suiza) y que a su sucesor, ya elegido oficialmente, sólo le faltaba el visto bueno del gobierno colombiano. Se esperaba que esa persona presentara el informe anual, lo cual no ocurrió.
"Esta situación es preocupante", se lee en la carta de las organizaciones sociales, "dada la importante labor que adelanta la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, especialmente en la promoción del respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Esta labor es aún más apremiante en la actual situación de terminación del conflicto armado para avanzar adecuadamente en la implementación del Acuerdo Final en los aspectos relativos al respeto a los derechos humanos y de las víctimas".
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Entre las organizaciones firmantes aparecen diversas Juntas de Acción Comunal, Asfaddes, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, el Instituto Popular de Capacitación, la Fundación de Mujeres Negras del Pacífico, Benposta, Minga, el Cinep, Colombia Diversa, el Movice, Caribe Afirmativo, Ríos Vivos, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina; y otras internacionales de países como Canadá, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Suiza y Suecia.
La carta finaliza con un llamado al Gobierno y a la Ministra de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín, para formalizar la acreditación lo antes posible y así poder continuar con las labores con las que el la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se comprometió en el país. Se envió una copia al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres; al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein; y al cuerpo diplomático acreditado en Colombia.