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Después de casi nueve meses de aplazamientos, el juez 48 de conocimiento de Bogotá condenó a Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz a 5 años de prisión domiciliaria por su participación en el fraude del Fondo Premium en 2012, un descalabro bursátil que ocasionó la pérdida de más de $350 mil millones de inversores.
Hace dos años, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, quienes se encuentran desde 2015 en la cárcel La Picota en Bogotá, aceptaron su responsabilidad en los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies.
La demora en conocer la decisión comenzó cuando la Fiscalía puso en duda el principio de oportunidad que había firmado Jaramillo y Ortiz en abril del año. Fue el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien revisó el documento, pues en ese momento se cuestionó si con ese acuerdo se estaban respetando los derechos de las víctimas.
Las víctimas han reclamado la falta de voluntad de Jaramillo y de Ortiz para entregar bienes con los cuales se pueda resarcir el daño causado al marversar sus recursos. Hasta ahora, la mayoría de bienes que se utilizarán para reparar a las víctimas son los del empresario Víctor Maldonado.
Además de la polémica por el principio de oportunidad, la necesidad de acreditar a todas las víctimas que serán reparadas ocasionó más demoras. El abogado de Tomás Jaramillo, Jaime Lombana, explicó en septiembre del año pasado, el día en que se volvió a suspender la audiencia, que tener la lista completa de los indemnizados era esencial pues de eso dependía también la tasación de la pena.
De acuerdo con la investigación que adelantó Fiscalía, Jaramillo y Ortiz, junto con Víctor Maldonado, montaron una estructura empresarial ilegal en la que le hicieron creer a cientos de socios que sus inversiones estaban seguras en el exterior, cuando en realidad todo el dinero llegó a las cuentas personales de los empresarios.
Según la Fiscalía, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero utilizaron siete sociedades para lograr la triangulación de dineros dentro del Fondo Premium. Las empresas fueron constituidas en Bahamas, Estados Unidos, Curazao, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Colombia, y se encontró una serie de similitudes que permitieron descubrir la estructura montada de los empresarios que fungían como representantes legales.
La Fiscalía precisó que el mayor beneficiario de estas irregularidades fue Víctor Maldonado Rodríguez -procesado por estos hechos- quien, además de ser el socio mayoritario de Interbolsa, recibió a través de Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil, millonarios préstamos que le sirvieron como músculo financiero para sus empresas Helados Modernos, Malta y Tres Palmas.
“Tomar dineros que provengan de terceros, es decir, que no son propios, y entregarlos a terceros como préstamos, mutuos, o sin razonabilidad financiera, son actividades de captación masiva y habitual de dineros del público”, explicó la Fiscalía.
Ricardo Martínez, el único que logró un principio de oportunidad con la Fiscalía y cooperó con la justicia detallando de qué manera se ejecutó el fraude en el Fondo Premium, quedó en libertad.