A juicio presidente de Drummond Colombia por presuntos nexos con paramilitares

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De acuerdo con la Fiscalía, el actual presidente (José Miguel Linares) y el expresidente de la multinacional (Augusto Jiménez) carbonífera habrían financiado y promovido la creación y los propósitos ilícitos de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1996 y 2001. Ambos niegan los supuestos vínculos y dicen que las declaraciones en su contra tienen otras motivaciones.

En marzo de 2001, los sindicalistas Víctor Orcasita y Valmore Lorcano, miembros de Sintramienergética, fueron asesinados por ordenes de Jaime Blanco Maya, quien era el contratista que proveía el servicio de alimentos a los trabajadores de la multinacional carbonífera Drummond, en la costa caribe colombiana. Contando con el apoyo del Bloque Norte de las Autodefensas, al mando de alias Jorge 40, Blanco Maya determinó la muerte de dos personas que estaban a punto de iniciar una huelga para exigir mejores condiciones alimenticias en la empresa. Por situaciones con esta, el presidente y el expresidente de Drummond Colombia irán a juicio tras haber sido acusados por la Fiscalía.

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Se trata de Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la multinacional estadounidense en territorio colombiano, y José Miguel Linares Martínez, exvicepresidente de asuntos corporativos y actual mandatario de la empresa que, desde la década de los ochenta, se encarga de explorar, explotar y exportar carbón localizado en el departamento del Cesar, como lo indica su página corporativa. Ambos fueron acusados por el delito de concierto para delinquir vinculado a la financiación de grupos paramilitares, entre 1996 y 2001, de acuerdo con información de El Tiempo. Los procesados ya fueron escuchados en indagatoria por la Fiscalía y, ahora, esperan la fecha de comienzo del juicio.

De acuerdo con la Fiscalía, la filial de Drummond en Colombia se habría beneficiado del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas, organización criminal que, supuestamente, recibió financiación para tomar control de municipios del Cesar como El Paso, Becerril, Chiriguaná La Jagüa Ibirico y Agustín Codazzi. Los altos mandos de la empresa, según la teoría de las autoridades, contactaron al grupo armado para que les brindara “seguridad”, pues los paramilitares incursionaban y hacían presencia en las mismas minas, así como en la vía férrea que transportaba el carbón a sus respectivos puertos.

En el proceso, el ente investigador documentó más de 3 mil registros de víctimas que vincularían a la empresa carbonífera, en compañía de las Autodefensas, con los delitos de homicidio, secuestro, desplazamiento forzado y desaparición forzada. La Fiscalía indicó que Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares Martínez “conocieron de ese contexto macrocriminal, el que afectó, además, a empleados de la multinacional que dirigían, y pese a ello intervinieron en la contratación con Jaime Blanco Maya, por cuyo medio se destinaron los recursos al grupo armado ilegal”, dice el documento de la Fiscalía divulgado por El Tiempo. Blanco Maya fue condenado en 2013 a 38 años de prisión, por el asesinato de los dos líderes sindicales Orcasita y Lorcano.

“Jaime Blanco, como contratista de la Drummond, le pagaba a las Autodefensas, a mí me pagaba. Pero esa plata venía de su empresa. La empresa de alimentación, las de seguridad, los que transportaban el combustible, todo el que tuviese contrato nos pagaba. Por ejemplo, la alcaldía de la Jagüa de Ibirico tenía una contratación altísima. El frente le cobraba un 10% a todos los contratistas que ejecutaran obras en ese municipio. Quisieran o no, nos pagaban. En el caso de la Drummond, nos pagaban sus contratistas”, aseguró el exparamilitar Óscar José Ospina, alias Tolemaida, quien comandó el Frente Juan Andrés Álvarez y perpetró el crimen contra los dos sindicalistas. Lo dijo en entrevista con este diario en octubre de este año.

Ante los tribunales de Justicia y Paz, el organismo transicional que ha buscado desde 2005 obtener la verdad y reparación a las víctimas del paramilitarismo, alias Tolemaida aseguró que recibió ordenes directas de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, un exparamilitar que lleva en sus espaldas un total de 1.486 investigaciones, para asesinar a los dos sindicalistas que estaban denunciando al contratista Jaime Blanco Maya. “Según él, al parecer ese sindicato estaba penetrado por la guerrilla, en cabeza de Simón Trinidad y que de ahí salía una plata para las Farc”, explicó Tolemaida a El Espectador. De acuerdo con las investigaciones, una de las personas que participó en el crimen fue Jairo de Jesús Charris, quien era jefe de seguridad de la empresa de alimentos de Blanco Maya.

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A finales de 2019, el contratista Jaime Blanco Maya, quien está cumpliendo una condena de 38 años, fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia envío todos los documentos a el organismo de justicia transicional. Tras someterse al despacho que surgió tras la Firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc, en 2016, Blanco Maya fue aceptado como “tercero no combatiente”, categoría desde la cual deberá “esclarecer la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la Drummond entre 1993 y 2002 en las que cumplió un rol de intermediario (...) y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”

Los acusados Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares Martínez, por su parte, han insistido en su inocencia en todas las fases procesales. Respondieron a la Fiscalía que no tienen relación con el asesinato de los sindicalistas y, además, que nunca financiaron a los paramilitares de la costa Caribe porque la seguridad de las instalaciones y de los funcionarios de la filial carbonífera siempre estuvo a cargo de la Fuerza Pública. Incluso, señalan que durante las fases procesales se han presentado irregularidades como declaraciones de testigos que, en su concepto, son contradictorias. Agregan que el testimonio de Jaime Blanco Mayo está viciado, porque solo responde a intereses económicos.

Esa es una versión que coincide con lo explicado por alias Tolemaida, quien asegura que declarar contra la empresa Drummond Colombia se ha convertido en un negocio: “Cuando a mí me capturan en Venezuela, estando preso allá, fue un abogado colombiano, Francisco Cuellar, a ofrecerme beneficios jurídicos y económicos. Que me daba asilo político si yo declaraba en contra de la Drummond y me daba un pago de $3 millones mensuales durante todo el tiempo que demorara el proceso jurídico. Si la Drummond salía culpable me daban un porcentaje en la plata que tuviera que pagar la empresa. Él me lo dijo a mí y eso ya yo lo dije tanto en Justicia y Paz como en la justicia ordinaria”, concluyó.

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