Abandono e incumplimientos, los reclamos de líder jiw al Gobierno nacional

Imagen de referencia de un indígena Jiw. / Mauricio Alvarado-El Espectador

Con un saludo en lengua jiw, el representante de esta comunidad indígena comenzó una de las intervenciones más sentidas en la audiencia de seguimiento en la Corte Constitucional por el cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, decisión en la que el alto tribunal prendió las alarmas por el desplazamiento forzado en el país y lo declaró un estado de cosas inconstitucional.

El líder, del cual no se da el nombre por protección, confesó entre lágrimas a los presentes – Carlos Negret (defensor del pueblo), varios líderes del Pacífico, el general Luis Fernando Navarro Jiménez (comandante general de las Fuerzas Militares), tres magistrados encargados de hacer el seguimiento a la sentencia y otros- que su hijo de cinco meses murió porque una ambulancia no pudo llegar a la vivienda en que se encontraba. El difícil acceso a los asentamientos jiw fue la condena del pequeño.

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Él, que representó a su pueblo ante el alto tribunal, iba vestido con jean, tenis y un buzo en el que se leía “Thanks for nothing” (Gracias por nada) -un mensaje que fácilmente podría estar dedicado a una Colombia que ha ignorado su comunidad-. En su intervención, denunció la invasión de los territorios ancestrales y sagrados de su comunidad por campesinos, cultivadores de coca y grupos armados ilegales, causando daños ambientales irreparables. “Necesitamos saneamiento de nuestro territorio, no al desminado como fue aceptado en los acuerdos de la Habana”, declaró.

“No se ha cumplido nada. Solo estamos sentados acá y no han hecho nada. No tenemos nada. Estamos más peor (sic)”, dijo el vocero. Aunque se notaba una leve barrera del lenguaje, sus reclamos fueron fuertes e incluso llegaron a apuntar a la Corte y al Gobierno: “Mis compañeros vinieron hace tres años, hablamos lo mismo, y seguimos hablando lo mismo. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está la Corte? Nosotros no vinimos por nuestro gusto, el Gobierno fue el que llegó allá. Nosotros estábamos adentro de nuestros resguardos y nos sacaron”.

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Al incumplimiento al que hace referencia es a la orden emitida por la Corte Constitucional en 2012. En esta se le dio un plazo de dos meses al gobierno de turno -Juan Manuel Santos- y a las autoridades de la zona para que diseñaran un plan urgente que solventara las deficiencias en salud, refugio, agua potable, seguridad alimentaria y vivienda digna de los jiw. Sin embargo, 7 años después, según la propia Corte, han sido pocos los avances.

Entre las órdenes que dio el alto tribunal, se pidió reubicar a esta comunidad de las cabeceras de San José del Guaviare y Mapiripán, en el Meta, centros urbanos a los que llegaron desplazados. Aunque así se hizo, muchas de las zonas a las que fueron llevados no contaban con agua potable -varias de las fuentes hídricas estaban contaminadas- o condiciones para la supervivencia de la comunidad.

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Relacionado con este apartado, el representante de esta comunidad le pidió a los presentes -sobre todo a los representantes del Gobierno- que se garanticen los recursos para la reubicación y retorno ya que “en los siete resguardos a los que está retornando los indígenas de esta comunidad no se han tenido en cuenta sus derechos o un enfoque diferencial”. Así mismo dijo: “En tanto no se tengan en cuenta los planes de retorno, seguiremos sin soluciones para la garantía de nuestra supervivencia física y cultural”.

El líder jiw también criticó el servicio de salud que le están prestando a la comunidad en cumplimiento a la decisión de 2012.  Solo “se limita a la carnetización”, dijo el vocero, quien agregó que no se atienden realmente sus necesidades, como son brigadas de salud para la prevención de enfermedades que se dan en las zonas en las que se asientan. Para ejemplificar este caso, además de contar la muerte de su hijo, el vocero indígena expuso que tan solo en uno de sus resguardos hay 24 casos de paludismo que no han sido tratados oportunamente.

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Otro de las ordenes impartidas por la Corte, y que estaría siendo incumplida, de acuerdo con la denuncia de esta tarde, es la creación de planes para la prevención y protección de este pueblo originario del Meta y Guaviare. Sobre este tema, la representación jiw aseguró que no hay avances por parte de la Unidad de Víctimas y la Unidad de Nacional de Protección (UNP). Según este líder indígena, “no se ha avanzado en la reparación colectiva de nuestro pueblo” y no se han creado las medidas colectivas para la protección de ellos, solo se han tomado medidas individuales. “El chaleco y el celular nos pone más en riesgo”, concluyó frente a las acciones que ha tomado la UNP por las amenazas que han recibido miembros de esta comunidad.

Tras finalizar la intervención, la sala guardó un breve silencio que fue roto por el alcalde de San José del Guaviare, Efraín Rivera Roldán, que explicó algunas de las supuestas razones para que la atención de los jiw fuera tan difícil. Sin embargo, las personas de la sala se quedaron con las lágrimas de la persona que por apenas 10 minutos expuso el drama de su pueblo. Tanto así, que, al finalizar la sesión, la magistrada Diana Fajardo no terminó la audiencia sin antes lamentar la pérdida del hijo de este líder y agradecer su testimonio.