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El abogado Luis David Durán Acuña, quien es investigado junto con otras personas por la presunta manipulación en el reparto de una demanda que presentó Carlos Mattos, dueño de la empresa Hyundai Colombia Automotriz S.A., en contra de Hyundai Motor Company de la República de Corea, se declaró culpable por los delitos de cohecho propio, acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. Tanto Durán como Edwin Fabián Macías Castañeda, un exfuncionario de la Rama Judicial, admitieron su responsabilidad.
Las evidencias de la Fiscalía dicen que Mattos, después de que la empresa surcoreana le quitara la representación de Hyundai en Colombia en 2015, conformó un equipo de profesionales en diferentes áreas del derecho para enfrentarse en demandas, tanto nacionales como internaciones, en buscar de resarcir los perjuicios ocasionados por esa decisión. Para ello, además de haber “utilizado” la justicia colombiana, el empresario contrató a Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, con el propósito de elaborar una demanda con la que pretendía obtener medidas cautelares en contra de la compañía coreana. (En contexto: Líos y más líos: así se resume el caso Hyundai)
El exmagistrado elaboró la demanda, con base en sus amplios conocimientos en el campo del derecho, y se la presentó a Mattos en noviembre de 2015. Mattos, para ese entonces, ya venía hablando con el abogado Durán Acuña del proceso. La investigación explicó que, aunque el exmagistrado hizo la demanda, esta fue firmada por una penalista de apellido Uribe Gamboa, reconocido en temas civiles y comerciales. Fue presentada en la oficina de reparto del Supercade de Suba, occidente de Bogotá, el 29 de febrero de 2016. Es decir, tres meses después.
Ese mismo día, a las 9:26 a.m., la demanda fue asignada por reparto al Juzgado Sexto Civil del Circuito, en cabeza de juez Reinaldo Huertas. En menos dos meses, ese despacho accedió a las medidas cautelares en favor del empresario, lo cual implicaba que la compañía coreana no podía realizar ninguna actividad comercial en el país sino únicamente con la empresa de Mattos.
En ese momento se encendió una primera alarma. El ente investigador sostuvo que, en marzo de 2016, la coordinadora del Centro de Servicios Administrativos para los juzgados civiles, laborales y de familia, Jenny Andrea Barrios, presentó una denuncia manifestado que el sistema se encontraba “raro y diferente”. Barrios reportó la irregularidad al ingeniero Fabio Rozo y, al verificar el sistema, “observó que el 29 de febrero de 2016 se encontraba una persona haciendo un acceso indebido al sistema realizado por el usuario wcasas, que corresponde a Wilmer Andrey Casas Mendoza, para ese entonces auxiliar administrativo de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial”.
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Como el ingeniero Rozo se conectó de manera remota, tomó unos pantallazos de las irregularidades y llamó a su jefe, Ramón Orlando Ramírez Fuentes, pero no encontró ninguna respuesta para averiguar qué pasaba. Tanto Casas Mendoza como Ramírez Fuentes fueron detenidos esta semana e igualmente aceptaron su responsabilidad en estos hechos.
Como el periodista Daniel Coronell publicó una columna en la revista Semana alertando estas irregularidades, la auditoria de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial ordenó una inspección y encontró un acceso abusivo al sistema informático. “Habían bajado las puertas del Juzgado Sexto Civil del Circuito a las 9:23 a.m. –tres minutos antes de presentarse la demanda–”, reveló la Fiscalía. (Lea también: Cae otro exfuncionario judicial por el caso Hyundai)
Jenny Andrea Barrios, en declaración ante el ente investigador, manifestó que, por supuestos rumores en pasillos y a través de algunos anónimos, Ramón Orlando Ramírez, Carlos Arturo López y otras personas más, podían conocer de estos asuntos. López, al igual que los demás, aceptó cargos ayer. “Con una labor de investigación se realizó el agente encubierto: ingresó una persona a trabajar a la Dirección Ejecutiva en el área de sistemas para que, a su vez, rindiera información de los movimientos que allí de daban, quiénes lo realizaban y si tenían o no compromisos con el área de reparto”, explicó el delegado de la Fiscalía. El agente encubierto también mencionó que algunos empleados están vinculados en actuaciones ilícitas en relación con sus cargos.
La Fiscalía mencionó en la audiencia quién era la persona que físicamente presentó la demanda en el Supercade de Suba: Edwin Fabián Macías Castañeda, la segunda persona que, junto a Durán Acuña, fue presentada ante el juez ayer. ¿Por qué se radicó en ese lugar? Porque en aquellos tiempos estaban en paro judicial, por lo que el sitio encargado para recibir las demandas era el Supercade. El cruce de llamadas del ente investigador también permitió establecer que Macías Castañeda hablaba con una persona frecuentemente: Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del mencionado juzgado, aunque no profundizó en su situación actual, por lo que no se sabe si está siendo investigado. Macías Castañeda también fue escribiente del mencionado despacho.
Así las cosas, la pregunta en el aire es si la Fiscalía va a abrir investigación contra Reinaldo Huertas, el juez que quedó a cargo del proceso y otorgó las medidas cautelares en favor de Carlos Mattos, y contra el propio empresario.