Abogado Diego Cadena no aceptó haber comprado testigos en favor de Álvaro Uribe

Abogado Diego Cadena.

Foto: Gustavo Torrijos

Luego de ocho meses de que la Fiscalía interrogara en el búnker al abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, el ente investigador le imputó los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Durante la audiencia, que se realizó de manera virtual, el fiscal Daniel Hernández señaló que, en 2018, Cadena dio dinero a dos exparamilitares capturados para que declararan ante la Corte Suprema en favor del senador Uribe. En la entrega de los sobornos habría participado el abogado y socio de Cadena, Juan José Salazar.

El fiscal del caso señaló durante la audiencia que el 18 de julio de 2017 Diego Cadena visitó en la cárcel de Palmira al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor para ofrecerle $200 millones con el fin de que, a cambio de esa suma de dinero, cambiara su testimonio ante la Corte Suprema sobre la investigación que adelanta ese alto tribunal contra Uribe por supuestos nexos con grupos paramilitares . Además, le pidió que declarara en contra del senador Iván Cepeda por haberle ofrecido prebendas para enlodar al senador Uribe.

“Durante los últimos tres años se intentó engañar al alto tribunal, generar error en un proceso contra un senador de la república (Álvaro Hernán Prada) y un expresidente (Uribe) son hechos supremamente graves. Se quiso inducir a error a una de las Cortes más importantes del país. Siempre existió en Cadena y su socio la intención de manipular a dos testigos para engañar a la Corte”, señaló el fiscal del caso. Además, solicitó que los dos fueran enviados a prisión domiciliaria de manera preventiva con el fin de que no obstruyan el proceso pero que también se les garantice su salud en medio de la pandemia.

El ente investigador señaló durante la audiencia de imputación de cargos que de ese dinero que le prometió Cadena a Vélez, este solo recibió $48 millones, por medio de giros. Sin embargo, esa plata no fue entregada directamente al exparamilitar sino a miembros de su familia, entre ellos, un primo, un sobrino, su hermana y su esposa. Para entregar estos sobornos, dice la Fiscalía, todo fue coordinado por el abogado Salazar, socio de Cadena en su firma de abogados.

(En contexto: El testimonio que comprometería a Diego Cadena por manipulación de testigos en el caso Uribe)

El otro hecho que le endilga la Fiscalía a Cadena es otra visita que le hizo en la cárcel La Picota en Bogotá al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve también testigo contra Uribe en la Corte para que cambiara su versión y que señalara a Cepeda de ofrecerle prebendas para que testificara contra el expresidente ante el alto tribunal. Tanto Cadena como Salazar no aceptaron cargos.

“Le ofreció (a Monsalve) asesorías jurídicas y tratar de tramitar su ingreso a la JEP con el fin de que él declarara falsamente ante la Corte Suprema, y manifestara que también había sido abordado por Iván Cepeda y que este le había ofrecido beneficios judiciales, protección y posible cambio carcelario si declaraba contra Álvaro Uribe Vélez”, señaló el ente investigador. Además, el fiscal del caso, dice que el conductor de Cadena también escuchó estos ofrecimientos mientras el abogado hablaba por celular.

La Fiscalía contó que dentro de la investigación entrevistaron a la hermana mayor de alias Víctor. Se trata de María Elena Vélez, quien contó que ella fue la que recibió los dineros enviados por Cadena y Salazar; que ella jamás los buscó a ellos y que eran ellos los que siempre llamaban para hacer las consignaciones. “El señor Cadena me llamó y me dijo: ‘Vea, doña Mari, yo estoy visitando a su hijo en la cárcel de Palmira. Como yo no permanezco aquí, sino que viajo mucho, voy a dejar encargado a Juan José”.

El fiscal Hernández también dijo que el sobrino de Víctor también aceptó haber recibido $18 millones en dos entregas, una de ellas, al frente de la cárcel de Palmira. Vélez también aportó unos chats con Cadena y Salazar en donde se hablan de los pagos. El funcionario judicial señaló que una suma de $48 millones no puede ser considerado como pago de viáticos o ayudas humanitarias.

“No existen soportes en la oficina de Cadena que demuestren que esos pagos a Vélez eran ayudas humanitarias o viáticos como parte de una estrategia de este abogado para adquirir pruebas de manera legal (...) en el mundo de los abogados ellos tienen que tratar con personas de dudosa reputación y no pueden darse este tipo de licencias (...) la Fiscalía también hace aportes económicos a testigos, pero como gastos reservados y deja constancia de ello”, señaló Hernández durante la audiencia. Además señaló que “El bufete que oficialmente representó al expresidente Uribe, (el del abogado Jaime Granados) fue instrumentalizado por Diego Cadena”, aseguró el fiscal. 

La génesis de este enredo penal se remonta a 2014, cuando el congresista Iván Cepeda realizó un debates sobre el paramilitarismo en el que asoció a Uribe Vélez con grupos de autodefensa en los años noventa en Antioaquia. De inmediato el expresidente lo denunció por injuria y calumnia, y aseguró que Cepeda se la pasaba en distintas cárceles ofreciéndoles supuestas prebendas a reclusos para que lo enlodaran con grupos de autodefensa.

El caso aterrizó en la Corte Suprema, que durante cuatro años recogió múltiples declaraciones y ordenó interceptaciones que después fueron objeto de controversia. Al final, en febrero de 2018, ese alto tribunal archivó el expediente a favor de Cepeda y luego llamó a indagatoria a Uribe Vélez a finales de 2019 por presunta manipulación de testigos.

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Luego de esas visitas que Cadena le hizo a alias Víctor y Monsalve, estos dos presentaron documentos que, según la Fiscalía, fueron realizados con antelación y que los exparamilitares simplemente firmaron. Esas declaraciones, en las que acusaban a Cepeda, llegaron al despacho del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema Jose Luís Barceló, quien investigaba al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

A finales de abril de 2020, la Fiscalía intentó imputarle cargos a Cadena por segunda vez. Sin embargo, la crisis sanitaria por el COVID-19 no lo permitió. Dos mese antes, en febrero, el abogado de Cadena, Iván Cancino presentó una excusa médica ante el juez del caso, aduciendo problemas estomacales. Cadena ha dicho siempre que se trató de “subsidios” y “viáticos”. En octubre del año pasado, recién Uribe rindió indagatoria, el abogado tulueño pidió ser ser escuchado por la Fiscalía para dar su versión de los hechos.

La audiencia se retomará el próximo 31 de julio con el fin de que la Procuraduría y el abogado representante de víctimas se pronuncie con respecto a los hechos expuestos por la Fiscalía durante la audiencia de solicitud de prisión domiciliaria contra los dos abogados. El lunes 3 de agosto, hará lo mismo Iván Cancino, abogado de Cadena y Andrés Felipe Caballero, defensor de Salazar.