Más de 2.900 mujeres han sido investigadas por aborto en los últimos 15 años

Manifestaciones de grupos a favor y en contra del aborto, realizado a las afueras del Palacio de Justicia en apoyo a sus movimientos, mientras se lleva a cabo el debate en la Corte Constitucional.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Entre 2006 y 2020, la Fiscalía ha abierto 5.646 procesos por el delito de aborto en el país. El 52% de las personas investigadas son mujeres, casi siempre entre los 18 y los 28 años. La mayoría de los procesos ni siquiera pasan de la fase preliminar de indagación y en más de la mitad (52%) el propio ente investigador ha decidido cerrar las pesquisas y no continuar la judicialización. Todos estos son datos que la entidad le allegó a la Corte Constitucional en el marco del estudio de la demanda que pide despenalizar el aborto en Colombia en todas las causales.

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La demanda la interpuso el colectivo Causa Justa, que reúne a más de 90 organizaciones defensores de los derechos de la mujer. En el escrito, dejan claro que su pedido no es la legalización de la interrupción del embarazo, sino que deje de ser un delito, pues hoy, las mujeres que decidan hacerse este procedimiento por fuera de las causales que admitió la Corte Constitucional, pueden terminar en la cárcel, como delincuentes. El alto tribunal admitió estudiar la petición y, en curso de ese trámite, que está a cargo del magistrado Antonio José Lizarazo, le enviaron un cuestionario a la Fiscalía.

La Corte buscaba saber cuántas personas han sido investigadas, condenadas y a cuántas les han archivado investigaciones por este delito y la entidad respondió en un documento de 67 páginas, que da detalles de la judicialización de esta práctica. Desde 2006 (año en el que entró en vigor el Código Penal vigente), se han abierto 5.646 procesos por el delito de aborto. A su vez, por lo menos, 2.963 mujeres están indiciadas por este delito, primando las mujeres de 14 a 17 años (508 adolescentes) y las de 18 a 28 (1.030 jóvenes). Los que las denuncian, a su vez, son principalmente hombres (el 40,71% de los casos), como sus exparejas.

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No obstante, en la mayoría de los procesos, la Fiscalía ha decidido archivar por atipicidad. Es decir, no seguir adelante con la investigación porque los hechos no se ajustan a la conducta que es sancionada. Esto ha ocurrido en 2.690 de los más de los 5.646 casos. O sea, en más del 47% de los procesos penales, los fiscales e investigadores han encontrado que, en lo ocurrido, haya o no haya habido aborto, no fue delito. A su vez, se han cerrado otras 224 investigaciones porque los acontecimientos denunciados nunca tuvieron lugar, lo que los abogados llaman “inexistencia del hecho”.

En otros 1.501 casos la Fiscalía ha optado por continuar con la judicialización. Solo 354 procesos han culminado con sentencias condenatorias o sancionatorias, frente a 23 que han resultado en absolución, 126 en los que se ha negociado con el ente investigador a cambio de beneficios judiciales; 357 en los que ya hay llamado a juicio, otros 566 en los que apenas hubo imputación, que es de las fases más iniciales y sobre el resto no hay mayores detalles. El documento revela, también, que la mayoría de procesos (4.958) están estancados en la indagación preliminar.

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Aunque la Corte preguntó por la profesión de quienes denuncian y la Fiscalía dio algunos datos, lo hizo con la salvedad de que la información en esta categoría es muy incipiente. Hay decenas de casos que han sido denunciados por policías y miembros de las Fuerzas Militares, por profesionales de la Medicina, así como por abogados, comerciantes y agricultores. El alto tribunal quería saber cuántas condenas existían en las que quien hubiera denunciado el aborto hubiera sido el médico. El ente investigador respondió que solo hay registro de una, pero con otra gran claridad.

Por como funciona el sistema penal, “es posible que muchos casos en los que el personal médico es quien denuncia, se registren en el sistema como actos urgentes”, escribió la Fiscalía. Es decir, como la atención a una llamada de urgencia. Y es que, “pudo determinarse que el 73% fueron hallazgos hechos y reportados por un centro hospitalario”, lo que refuerza esa hipótesis. El documento agrega que, a pesar de no existir un protocolo para capturar en flagrancia por el delito de aborto, en la última década y media las autoridades capturaron a 461 personas casi que en medio del procedimiento. Solo 13 de esas aprehensiones fueron declaradas legales por un juez.

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Estos datos los analizará el despacho de Lizarazo en las próximas semanas y se suman a otros informes y conceptos que han allegado a la Corte Constitucional organizaciones de mujeres, academia y entidades públicas. El magistrado, con base en todos estos elementos, tendrá que elaborar un proyecto de fallo y presentarlo en la Sala Plena a todos sus compañeros. Solo hasta que eso ocurra y los togados voten a favor o en contra de la posición de Lizarazo se sabrá si cambiarán las reglas para la interrupción del embarazo en Colombia.