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El grave daño ambiental que ocasionó el derrame de crudo, aceites, gas y lodo que brotó del pozo la Lizama 158, en el corregimiento La Fortuna (Barrancabermeja, Santander), llevó a que la Procuraduría empezara a indagar quiénes serían los responsables de los hechos ocurridos el pasado 2 de marzo. Por esa razón, este jueves, abrió investigación disciplinaria al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, y al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia Sepúlveda.
El organismo de control disciplinario quiere establecer si los mencionados funcionarios incumplieron sus deberes legales, reglamentarios y funcionales, en relación con la normatividad, política y programas de abandono técnico de los pozos ubicados en los campos que hacen parte de los convenios suscritos con la ANH para la explotación de hidrocarburos en Lizama y Magdalena Medio. (Le podría interesar: Recuperar el daño causado por el pozo La Lizama puede tardar un año)
Sin embargo, los dos funcionarios no son los únicos que la Procuraduría tiene en el radar. También serán investigados disciplinariamente el expresidente de la ANH, Mauricio de la Mora, y otros seis directivos de la entidad por una eventual omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ecológica, ambiental y social causada por la emanación del crudo, en el departamento de Santander.
Los funcionarios de la ANH son Jorge Alirio Ortiz y Arnoldo Morales Delgado, quienes ocuparon en distintas fechas la vicepresidencia de operaciones, regalías y participaciones, y Nicolás Zapata Tobón, Alexandra Lozano, María Carolina Durán Chacón y Omar Mejía Tette, en calidad de vicepresidentes de contratos de hidrocarburos. (Le sugerimos: Ecopetrol presentó sus mejores resultados trimestrales en cuatro años)
Y, como medida cautelar, la Procuraduría suspendió por tres meses a los vicepresidentes de Ecopetrol, Héctor Manosalva Rojas; Ricardo Ernesto Coral Lucero, vicepresidente de la regional central, y al gerente de operaciones de desarrollo y producción de mares, Oscar Ferney Rincón Silva, quienes, al parecer, no dieron desarrollo a las políticas que se deben poner en marcha cuando se abandona técnicamente un pozo.
Desde el pasado 2 de marzo hasta 31 del mismo mes, en el pozo La Lizama se registró un derrame de crudo que, presuntamente, terminó afectando tres fuentes hídricas: caño La Muerte, la quebrada La Lizama y el río Sogamoso. Durante este tiempo, según cálculos de Ecopetrol, 550 barriles alcanzaron a llegar a los cuerpos de agua, dejando detrás una mancha de crudo de casi 30 kilómetros. (Lea también: “Es como si nos hubieran matado la mamá”: comunidades por derrame de petróleo)
De manera simultánea, la Procuraduría avanza en varias indagaciones contra funcionarios –por establecer– de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones.