Abren investigación contra el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile

La Procuraduría habría encontrado irregularidades en la cancelación de un convenio por un valor de $14.000 millones. Manuel José Benjumea Simancas, Sandra Milena Ruíz Pérez y Jairo Rafael Cruz Lozano, funcionarios del departamento, también serán investigados.

Edwin Besaile Fayad, gobernador de Córdoba. Tomada de Youtube

Por presuntas irregularidades en la cancelación de un Convenio de Cooperación de Ciencia y Tecnología, suscrito con la Fundación George Dahl por $14.000 millones, la Procuraduría General abrió este viernes investigación contra el actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y otros tres funcionarios del departamento. (Lea: Contraloría abre proceso fiscal contra el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile)

Según la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, se trata de Manuel José Benjumea Simancas, director de Planeación Administrativo de Córdoba y director Departamental de Regalías de Córdoba; Sandra Milena Ruíz Pérez, asesora del despacho del gobernador de Córdoba; y Jairo Rafael Cruz Lozano, director de Contratación de Córdoba y delegado para el Desarrollo de Procedimientos Administrativos.

El Ministerio Público explicó que el representante de la Fundación, Kalil Petro Sakr, denunció ante el organismo disciplinario que, aunque el convenio de Investigación en Recursos Hidrobiológicos del Caribe Colombiano estaba en un 48% para abril de 2016, lo que hacía prever un cumplimiento antes de la fecha establecida, la administración de Besaile Fayad declaró el incumplimiento.

Kalil Petro Sakr manifestó que, a raíz del supuesto incumplimiento, recibió una multa de más de $2.800 millones sin atender ninguna de las pruebas que desmentían los señalamientos hechos por la gobernación. (Le podría interesar: La jugada que ganó Edwin Besaile)

El organismo disciplinario buscará establecer si se presentaron conductas irregulares y si estas, aparentemente cometidas por Besaile Fayad y los funcionarios de la gobernación, pueden constituir faltas disciplinarias a la administración pública.