Abren investigación disciplinaria contra el exsuperintendente de la SIC Pablo Felipe Robledo

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura abrió una investigación disciplinaria en contra de Andrés Barreto, actual superintendente de Industria y Comercio; Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de ese organismo y Juan Pablo Herrera, superintendente Delegado para la Protección de la Competencia. Esta determinación de la corporación judicial se tomó a raíz de una queja disciplinaria presentada el 28 de enero de 2020 por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), quien basó su queja en la investigación presentada por la SIC en contra de los directivos de la FCF por supuesta competencia desleal. (Lea aquí: La reventa masiva de la eliminatoria a Rusia 2018) En julio de 2018, la SIC, entonces encabezada por Pablo Felipe Robledo, abrió una investigación y proceso sancionatorio contra la FCF, dos empresas y 18 personas naturales por la forma como fue adjudicado y ejecutado el contrato para la venta de las boletas de los partidos de la Selección Colombia durante las eliminatorias para el pasado Mundial de Rusia. Las empresas vinculadas al proceso son Ticket Shop y Ticket Ya y entre las personas se encuentran miembros del comité ejecutivo de la FCF como el propio Ramón Jesurún, Álvaro González, Jorge Perdomo, Alejandro Hernández Hernández y Luis Bedoya (exmiembro del órgano, involucrado en el escándalo de corrupción conocido como Fifa Gate).

La SIC argumenta que hubo una especie de confabulación entre las tres partes (Ticket Shop, Ticket Ya y la FCF) para entregar el contrato de venta de la boletería cuando los propios análisis de la Federación (así como de un tercero) daban como ganador del proceso a otra empresa (Primera Fila*). Asímismo, la Superintendencia asegura que las empresas recibieron información privilegiada antes de la apertura del proceso, pudieron enmendar su propuesta económica incluso después del cierre del proceso y, en suma, era imposible que llevaran a buen término el contrato, dentro de los parámetros de la ley.

Aunque en el escueto pronunciamiento del Consejo Superior de la Judicatura en relación a la denuncia de Jesurún, desde que la SIC abrió la investigación desde la FCF han hecho público su posición sobre la investigación. “No hay absolutamente nada contra la Federación ni sus miembros (...) La investigación se ha ido desvirtuando tratando de involucrar a la Federación cuando no tuvo nada que ver ni hubo ninguna irregularidad en el mismo. No se nos ha dado la oportunidad con los testigos que han dicho claramente que la Federación no tuvo nada que ver, sino se han generado unos ríos de desinformación muy negativos”, afirmó Jesurún a La FM en enero pasado. En el expediente se lee: “(…) el proceso de selección del contratista para la operación de la boletería, así como la ejecución del correspondiente contrato, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, resultaron deliberadamente viciados en aspectos sustanciales, a los ojos inermes y con la contribución de la FCF, con el propósito mancomunado de todos los partícipes de la conducta infractora, de que fuera Ticket Shop quien sin mérito y con violación de las mismas reglas establecidas por la FCF, resultara adjudicatario del contrato y quien de antemano se sabía a su vez, consentiría toda la dinámica fraudulenta o defraudatoria en asocio con los autodenominados ‘grupo/ socios Ticket Ya’”. La investigación de la SIC afirma que, aunque Ticket Shop recibió el contrato de la FCF, fue Ticket Ya la empresa que realmente lo ejecutó. En el expediente de la entidad, con más de 200 páginas, se asegura que “Ticket Shop habría acordado con Elías José Yamhure Daccarett (empresario de Ticket Ya) transferirle o desviarle de forma masiva una parte de la boletería de forma previa a la realización de cada partido, con la finalidad de que fuera (Yamhure Daccarett) y ‘grupo/socios Ticket ya’ quienes procediera con su comercialización a una tarifa mayor”. O sea, todo el proceso se hizo, en ojos de la Superintendencia, con la clara intención de revender boletas. Los hallazgos de la entidad dan cuenta de cómo Ticket Shop desvió 42.221 boletas para revender (por valor de $21.800 millones). Lo último que se supo de la investigación fue en noviembre de 2019 cuando, en medio de las pesquisas, la Superindustria emitió una resolución que cerró la etapa probatoria del proceso y programó una nueva audiencia para 16 de diciembre, en la que los investigados y terceros presentarán de manera verbal sus argumentos. En ese documento, la Superindustria reveló que la declaración de Jorge Fernando Perdomo Polanía, expresidente de la Dimayor, ante esa entidad era débil y presentaba inconsistencias. Según él, Jesurún y Bedoya habrían recibido $1.000 millones, cada uno, para entregar a la empresa Tu Ticket Ya el contrato para la venta de boleterías.

Tras una valoración de esta declaración, la SIC concluyó que no existen suficientes elementos de juicio para “tener un convencimiento de los hechos a denunciar, ni mucho menos para inferir de forma cierta sobre su existencia. El único elemento de prueba que se tiene corresponde a la declaracion rendida por uno de los investigados en esta actuación administrativa”. Así las cosas, según la superintendencia, la versión de Perdomo está rodeada de “diferentes circunstancias que dejan entrever su debilidad en el punto relevante para este asunto, principalmente debido a las contradicciones y omisiones que existen entre la declaración rendida por el mismo investigado en la etapa de averiguación preliminar y la que es objeto de análisis”.

Por ende, la SIC determinó que no es cierto que Robledo, como cabeza de la Superintendencia de Industria en ese momento, se hubiera extralimitado en sus funciones para adelantar labores de recaudación de pruebas. “Ningún elemento de juicio existe para concluir que el funcionario hubiera actuado de esa manera”, agrega la superintendencia en la resolución del 25 de noviembre. En consecuencia, no remitió esa versión a las demás autoridades para que investigaran y aclaró que cualquiera de los directivos de la FCF tiene acceso a esa pieza del expediente y puede presentar una denuncia por su propia cuenta.