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Las acciones ilegales del G-3 del DAS contra los periodistas

El grupo conformado durante la administración de Jorge Noguera Cotes adelantó campañas de desprestigio, seguimientos y amenazas en contra de los comunicadores acusándolos de ser terroristas y cercanos a los grupos armados ilegales.

Redacción Judicial
27 de julio de 2016 - 08:55 p. m.
Las acciones ilegales del G-3 del DAS contra los periodistas

Durante la administración de Jorge Noguera Cotes se conformó en el interior del DAS un grupo conocido como el G-3. El mismo tenía como objetivo principal hacer seguimientos y recolectar información privilegiada en contra de un grupo objetivo de personas.

Entre los objetivos victimas de estas acciones ilegales por el organismo de seguridad estatal se encontraban los periodistas. El DAS "seleccionó" a un grupo de comunicadores que habían hecho informes sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.

En 2002 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez promulgaba un discurso oficial en el que negaba la existencia de un conflicto armado. Bajo esta premisa se atacaba a todos aquellos que hicieran mención a las víctimas y la participación de agentes del Estado en la violación a los derechos humanos.

En ese momento se inició una campaña de desprestigio en contra del periodista Hollman Morris, director del programa Contravía. El comunicador fue víctima de seguimientos ilegales, persecución por parte de agentes del DAS, intimidación y una campaña de desprestigio.

Morris recibió en su casa y oficina coronas fúnebres en las cuales lamentaban su muerte. El presidente Uribe y el entonces asesor de la presidencia José Obdulio Gaviria lo acusaron públicamente de tener nexos con la guerrilla de las Farc y grupos terroristas internacionales.

El 1 de agosto fueron detenidas dos personas sospechosas cerca de un lugar donde se iba a realizar una grabación del programa Contravía. Cuando fueron llevados al CAI estas personas se identificaron como agentes del DAS.

Estas acciones lo llevaron a solicitar protección al Estado. La Vicepresidencia les asignó escoltas y carros blindados, situación que fue calificada no como una "noble intención" sino una estrategia para tener el control total de sus actividades laborales y personales.

Por Redacción Judicial

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