Aceptan impedimento de magistrado del Consejo de Estado en caso de DMG

El miembro del Consejo de Estado se declaró impedido para conocer el caso DMG porque entre las víctimas de las pirámides están su hermana y sobrina.

Un nuevo escollo se presentó entre los magistrados del Consejo de Estado que adelantan el proceso de una demanda interpuesta por las víctimas de la captadora DMG contra la nación, por no haber tomado medidas para evitar la proliferación de esas pirámides. El magistrado Hernán Andrade no podrá participar de la discusión que se lleva en esa corporación debido a que su hermana Luz Amparo Andrade y su sobrina María Fernanda Valencia Andrade invirtieron en pirámides de Popayán.

La decisión que tomó Andrade, y que fue conocida recientemente por este diario, se centra en que evitará entrar en un tráfico de intereses, debido que sus familiares hicieron parte de las miles de víctimas de las captadoras ilegales y que cualquier decisión judicial que se pueda tomar al respecto podría beneficiarlas a o perjudicarlas. DMG, además de abusar de la confianza de sus clientes y quebrarlos económicamente, estuvo involucrado con delitos de lavado de activos y narcotráfico.

El pasado 3 de mayo el magistrado Andrade había presentado su impedimento y el 6 de junio fue aceptado por sus colegas, puesto que no tendría una decisión objetiva dentro de un proceso que promete generar mucha controversia. La demanda, de tener un concepto favorable, obligaría al Estado a desembolsar cifras billonarias que afectarían directamente los bolsillos de todos los colombianos.

Después de casi cinco años del descalabro de cientos de captadoras ilegales y de la intervención de DMG y DRFE, la más grande de ellas, el Consejo de Estado estudia varias demandas contra la Nación interpuestas por víctimas de estas organizaciones que consideran que el Gobierno hizo poco o nada para evitar el descalabro financiero de miles de familias, a pesar de conocer de tiempo atrás las actividades ilegales que realizaban estas cuestionadas firmas. Incluso, hay recursos que buscan que se declare responsable a la Nación por los supuestos perjuicios causados a las víctimas de estas captadoras ilegales por cuenta de su intervención.

Ya en primera instancia, varios juzgados le han dicho no a las pretensiones de los demandantes señalando que la culpa de lo sucedido con las víctimas de DMG fue suya y no de las autoridades porque fue su lección invertir los ahorros y recursos económicos en pirámides de dudosa procedencia. El Consejo de Estado es quien tiene la última palabra.

En el 2011, la revista Semana cifró en $45 billones la cantidad de dinero que reclaman las víctimas de estas captadoras ilegales por los supuestos yerros, casi un 7% del Producto Interno Bruto del país.

Cuando David Murcia Guzmán creó DMG en 2003, en Putumayo, desde distintos sectores económicos se hicieron múltiples denuncias en su contra, pero sólo hasta 2008 fue intervenida. En el escándalo de las pirámides se vieron involucrados desde actores hasta políticos y jueces. Murcia, preso en Estados Unidos y condenado el 8 de julio de 2011 a nueve años de prisión por haber lavado alrededor de US$2 millones en ese país desde México, ha dicho en distintas declaraciones que entregó dádivas a políticos, periodistas, funcionarios del Estado y la Rama Judicial para evitar que su pirámide se fuera a pique, como finalmente sucedió.

Tras estas declaraciones, en el 2008, se informó que el Consejo Superior de la Judicatura investigaba a 18 funcionarios judiciales por haber invertido en esa captadora, aunque por ahora no se conoce de sanciones contra ellos. Sin embargo, contra las personas que trabajan en DMG si se han abierto varios procesos.

Actualmente, hay 13 exfuncionarios de la captadora ilegal que están siendo procesados por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Entre los investigados por la Fiscalía se encuentra Margarita Pabón, exasesora jurídica de DMG y quien ya pagó una condena en Estados Unidos.