Fiscalía dice que se prestaron para ocultar bienes de las Farc

Acusados de testaferros de las Farc, caso del clan Chaux aterriza en la CIDH

José Hugo Chaux, su esposa y su hijo terminaron investigados por haber sido, supuestamente, testaferros del “Negro Acacio”. Alegando que con su caso se pretendía dispararle al proceso de paz, recurrieron al sistema interamericano.

Luz Stella González, José Hugo Chaux González (quien no pasa de 25 años) y José Hugo Chaux fueron capturados en febrero pasado.  / Cristian Garavito - El Espectador

El caso de los esposos Chaux y su hijo, supuestos “testaferros de las Farc”, podría llegar a instancias internacionales. En febrero de este año, la Fiscalía capturó al comerciante José Hugo Chaux Cuéllar; a su esposa, Luz Stella González, y al hijo de ambos, José Hugo Chaux González. El ente investigador les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y anunció que frustró un intento de ocultar bienes en favor de la extinta guerrilla. Además de las denuncias y jalones de oreja que ya se ha ganado la Fiscalía por este caso, El Espectador conoció que la familia Chaux pidió intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la petición de medidas cautelares, en poder de este diario, se asegura que la investigación en contra de los Chaux González está “basada en pruebas controversiales, ambiguas y falaces”. Se declaran víctimas de la Fiscalía y del Estado colombiano, pues consideran que les han vulnerado sus derechos a las garantías judiciales —por ejemplo, con la inclusión de un hombre condenado por múltiples delitos como testigo estrella en el caso— y a la libertad e integridad personal. Asimismo, se refieren a las consecuencias de todo este proceso que, según el documento, “no les permitirán con posterioridad continuar con su vida cotidiana”.

Hoy, casi seis meses después de que la Fiscalía anunciara como un gran triunfo la captura de este clan familiar, padre e hijo Chaux están en libertad con su juicio pronto a empezar, pues los jueces concluyeron que la Fiscalía no demostró que hubiera razones de peso para mantenerlos en prisión. Incluso se ha cuestionado que hubiera indicios de que cometieron el delito que se les endilga (lavado de activos). El caso de la madre, sin embargo, ha avanzado a otro ritmo. Un juez ordenó darle casa por cárcel a finales de agosto pasado, luego de que se demostrara que era objeto de maltratos en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, pero, dos semanas después de esa decisión, el Inpec todavía no la traslada.



::Corte Constitucional resuelve pelea por bienes de las Farc en favor de la Fiscalía::

La tesis central de la petición de medidas cautelares es que los Chaux González se habrían visto inmersos en un entramado que buscaba desprestigiar el Acuerdo de Paz con las Farc. El contexto se remite a agosto de 2017: antes de que se hubiera finalizado el listado de bienes de las Farc que se entregó a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, el entonces jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez, declaró públicamente que ese documento era “inútil e improcedente” porque en la Fiscalía tenían evidencias de que la extinta guerrilla, supuestamente, estaba ocultando bienes.

Los Chaux estaban en el radar de las autoridades desde 2011, pero el proceso estaba en fase preliminar. Su defensa, en cabeza del abogado Alejandro Carranza, cuestiona que solo hasta principios de 2018 se abrieron procesos de extinción de dominio sobre los bienes de la familia. Según se lee en el documento, que está en la CIDH desde abril de este año: “En ese afán de demostrar ese supuesto ocultamiento de bienes que podrían ser de la extinta guerrilla de las Farc, no reportados en el marco del Acuerdo, se reactivaron investigaciones penales que no tendrían soporte probatorio e iniciadas varios años atrás, pero soportándolas (…) con falaces declaraciones”.

El Espectador conoció también los movimientos más recientes, que tienen como protagonista a Luz Stella González, la única del llamado “Clan Chaux” que sigue tras las rejas. A pesar de que un juez de garantías ya ordenó que sea trasladada a su casa, sigue en la cárcel El Buen Pastor, al parecer porque su residencia es en Villavicencio y, con la vía al Llano cerrada, no existiría otra forma de movilizarla. Según supo este diario, los malos tratos que ha recibido González en el centro de reclusión fueron determinantes para que el juez le otorgara detención domiciliaria y sus abogados esperan que también disuada al juez al que le solicitarán esta semana que la deje en libertad.

::Falsos testigos en caso de testaferros de las Farc::

Además de la comida en descomposición que al parecer le dan, la defensa de González ya denunció estas demoras ante la CIDH, así como dos decisiones de la justicia ordinaria que le ordenan al Inpec mejorar sus condiciones de reclusión. Esa historia comenzó un día, cuando se encontraba recluida en el pabellón 5 de El Buen Pastor y dragoneantes del Inpec le avisaron que tendría que cederle su celda a otra reclusa con “medidas de protección”. Lo mismo les pasó a varias de sus compañeras, a quienes pusieron a vivir en celdas de a tres o a dormir en los pasillos y, cuentan, les exigieron redactar cartas diciendo que ellas mismas solicitaron el cambio. Las mujeres aunaron esfuerzos y presentaron una tutela.

Al recurso quedaron vinculados la Fiscalía, el Inpec y la cárcel El Buen Pastor. Sin embargo, la única entidad que respondió los requerimientos del juez de primera instancia fue la Fiscalía, que aseguró que la discusión era competencia del Inpec. Ante el silencio de los demandados, el togado optó por creer la versión de las víctimas y, tras estudiar la tutela concluyó que el problema radicaba en que las internas no estaban clasificadas en el centro de reclusión como ordena la ley: las mujeres condenadas, que eran quienes recibían las “medidas de protección”, compartían patio con las mujeres que tenían apenas medidas de aseguramiento, como González.

El juez de primera instancia, entonces, le ordenó al director de la cárcel separar a las reclusas que estaban pagando condenas de las indiciadas, porque ahí veía la génesis de todo el problema. Sin embargo, ninguna de las partes estuvo de acuerdo y el caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El Inpec dijo en la apelación que no siguen los protocolos legales para clasificar a las reclusas, “puesto que la (infra)estructura del establecimiento no cuenta con la disponibilidad para poderlas separar de ese modo”. Los magistrados entendieron, entonces, que el problema no iba por donde se había guiado inicialmente.

En la decisión de segunda instancia, los magistrados tuvieron en cuenta que, según denuncian las reclusas, los dragoneantes las cambian deliberadamente de celda también como represalia. Además, que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado de fondo sobre el hacinamiento carcelario y otras condiciones de los penales en Colombia que vulneran los derechos de los reclusos. Por esto, le ordenó a la dirección de El Buen Pastor que verifique que no ha habido movimientos injustificados y la previno de que estos vuelvan a realizarse, para lo cual pidió el acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Estas evidencias, con las decisiones judiciales que conllevan, ya fueron puestas en conocimiento de la CIDH. De hecho, la defensa de los Chaux González pidió que se incluyan estos hechos en el expediente, pues precisamente por “la inoperancia del sistema judicial”, Luz Stella González habría sido expuesta a malos tratos. En este proceso, la propia González allegó una carta de su puño y letra a la CIDH, quien en tono de reclamo señaló: “Los treinta años de trabajo de mi esposo y míos no existieron jamás, sino que supuestamente eran bienes de las Farc”.

 

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Felipe Morales Sierra / @elmoral_es

Judicial

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