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hace 3 horas

Lo que admitirá el Estado en el caso del Palacio de Justicia

Colombia aceptará responsabilidades en las desapariciones de Irma Franco y Carlos Rodríguez y en las torturas de Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson. Asimismo reconocerá omisión en las investigaciones por el holocausto.

Desde el 7 de noviembre de 1985, luego del asalto al Palacio de Justicia por parte del M-19, se desconoce la suerte de once personas, sólo una de las cuales era de la guerrilla. / El Espectador

El pasado 19 de agosto, el mismo día que comenzó el paro agrario que puso en aprietos al gobierno Santos por casi tres semanas, se selló el cambio de estrategia del Estado con respecto al expediente del holocausto del Palacio de Justicia que estudia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acogiendo las recomendaciones de un comité de expertos que valoró las pruebas halladas durante casi 28 años en distintos procesos, la agencia para la defensa del Estado comprendió que no sólo era estéril seguir negando a los 11 desaparecidos, sino que había que reconocer responsabilidades estatales ante la inminencia de la condena internacional.

Semejante giro no fue nada fácil. El Espectador conoció los detalles de trascendentales reuniones con la cúpula militar y con altos funcionarios del Ministerio de Justicia y la Cancillería, así como documentos elaborados por este comité de expertos, los cuales marcaron la ruta de los reconocimientos parciales que hará el Estado en la próxima audiencia ante la CIDH el 11 de noviembre, en Brasilia (Brasil). Lo esencial es que Colombia reconocerá la desaparición forzada de Irma Franco Pineda, integrante del M-19, y de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio. En estos dos casos particulares se admitirá que el Estado fue directamente responsable de las desapariciones y fue omisivo en la investigación y sanción de los responsables de esos crímenes.

Así quedó consignado en un documento confidencial de cinco páginas en poder de este diario y que fue socializado el pasado 11 de octubre en el despacho del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Según se lee, en lo que respecta a los otros nueve desaparecidos el Estado reconocerá que hubo omisión en las pesquisas judiciales adelantadas en la escena de los hechos y en la realidad tozuda de que los 28 años que han transcurrido desde la toma y retoma del Palacio de Justicia no son un tiempo razonable para administrar justicia. No obstante, de acuerdo con el documento, aún no se ha podido determinar si estas nueve personas se encuentran vivas o muertas y por tal razón el Estado no puede reconocer responsabilidad en estos casos.

De igual manera, “por (su) retardo injustificado... en identificar y entregar sus restos mortales a sus familiares”, el Estado declarará ante la CIDH que fue omisivo en el caso de Ana Rosa Castiblanco, desaparecida en el holocausto y cuyos despojos fueron hallados en el año 2001 en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá. Sobre la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán se admitirá un mea culpa por omisión en cuanto a que el Estado no ha podido determinar las circunstancias en las que se produjo su muerte. Un reconocimiento insuficiente para las víctimas, que sostienen que Urán salió con vida del Palacio de Justicia pero que su cuerpo posteriormente apareció adentro y, aparentemente, con un tiro de gracia.

Uno de los avances más significativos de la nueva estrategia del Estado es el reconocimiento de que los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson fueron torturados por agentes estatales y que se afectaron sus derechos a la integridad y a la libertad. Asimismo se admitirá que hubo omisión de las garantías judiciales y que se violaron tres artículos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En cuanto a sus familiares, el Estado también se declarará culpable por omisión, “por la angustia causada debido a lo sucedido a sus seres queridos y el retardo injustificado en las investigaciones”. Sobre los casos de otros torturados, como José Vicente Rubiano y Orlando Quijano, se admitirá que hubo omisión.

Los abogados que han estado detrás de esta nueva estrategia son Julio Sampedro y Juan David Riveros. Todo consultado con el comité de expertos, integrado por los exmagistrados Alexei Julio y Eduardo Cifuentes; el exviceprocurador Carlos Arturo Gómez; Juana Acosta, excoordinadora del grupo de litigio internacional en derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Adelaida Ángel. La conclusión de este “comité de sabios” fue que la responsabilidad del Estado era “tan clara como la luz del día”. Una vez decidida la nueva ruta, lo siguiente era exponérsela a la cúpula militar.

Así se hizo, luego de que la agencia para la defensa del Estado aceptara las recomendaciones del comité. Los abogados Sampedro y Riveros se reunieron toda una mañana en el Club de la Fuerza Aérea en Bogotá con los comandantes de la nueva cúpula militar y con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Se les explicó que este reconocimiento estatal no significaba la admisión de responsabilidades individuales, en clara alusión a los casos de los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero, del coronel (r) Alfonso Plazas Vega y de los demás oficiales y suboficiales procesados por los desaparecidos del Palacio.

El Espectador pudo establecer que sí hubo muchas inquietudes alrededor de estos nombres, pero que al final fue el ministro Pinzón el que apoyó la nueva estrategia ante la CIDH. Un timonazo radical en la postura de los militares que se negaban a aceptar cualquier responsabilidad por los desaparecidos o torturados en el caso del holocausto y que siempre estuvieron en sintonía con la defensa que inicialmente planteó el agente Rafael Nieto Loaiza, cuya designación promovieron y respaldaron, en el sentido de que no había desaparecidos. Sampedro y Riveros lograron este cambio fundamental.

Hace una semana todas estas conclusiones les fueron expuestas al ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; a la viceministra de Hacienda, Carolina Soto; la viceministra de Comercio Exterior, Claudia Candela; el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya; la jefa de gabinete de esa cartera, María Consuelo Rodríguez, y la directora de la agencia de defensa del Estado, Adriana Guillén, con varios de sus colaboradores. Este diario supo que el viceministro Bedoya, al principio inconforme, terminó aceptando la línea de defensa planteada por Sampedro y Riveros.

El Espectador también pudo constatar que hace pocos días los abogados Viviana Krsticevic y Rafael Barrios, en representación de las víctimas, se acercaron al Estado para buscar un acercamiento en el trámite de una solicitud amistosa. Los agentes Sampedro y Riveros dijeron que sí, si había confidencialidad y se presentaba una petición conjunta del Estado y ellos ante la CIDH para aplazar la audiencia de noviembre. Los abogados de las víctimas, después de consultar con ellas, no aceptaron el aplazamiento. Casi 28 años de espera han sido suficientes. De allí que, a pesar de los acercamientos, quedó completamente cerrada la posibilidad de un acuerdo amistoso antes de la audiencia en Brasilia.

Este diario dialogó con altos funcionarios de los ministerios de Justicia y Defensa y de la agencia para la defensa del Estado. Todos se negaron a dar detalles de la estrategia que aquí se revela. Tampoco el agente Sampedro, aunque la síntesis de los consultados es que se busca una condena digna para el Estado y para las víctimas, posición que es insuficiente para los representantes de éstas. El abogado Rafael Barrios dijo: “El Estado se la juega por morigerar los efectos de una indemnización mayor y va a luchar para que las indemnizaciones del Consejo de Estado sean reconocidas por la CIDH”. Aunque añadió: “Nunca es tarde para rectificar”. A su turno, el abogado Jorge Molano señaló: “El Estado sigue entendiendo esto como un problema económico, cuando de por medio está un problema de justicia y de verdad”.

Los agentes del Estado

Julio Andrés Sampedro Arrubla y Juan David Riveros Barragán, socios de la firma Sampedro Riveros Abogados, son los nuevos agentes del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso del Palacio de Justicia. Sampedro es graduado de la Universidad Javeriana, doctor en Derecho, ha sido profesor universitario por más de 20 años y es director del doctorado en Derecho de su alma máter.

Riveros Barragán, por su parte, es egresado de la Universidad del Rosario. Es litigante, investigador académico y docente universitario. También trabaja como profesor en la Universidad Javeriana.

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