Advierten posible fraude en masacres de Santo Domingo y Trujillo

Según Demil se han detectado irregularidades en la reparación a las víctimas, al igual que en el caso de Mapiripán.

El engaño a la justicia haciendo pasar a una persona que no había sido víctima de una masacre, para lograr una reparación, es un lucrativo negocio para algunos abogados y casos como el de las falsas víctimas de Mapiripán se habrían presentado en las masacres de Santo Domingo (Arauca) y Trujillo, según advirtió el director de la Defensoría Militar, Jean Carlo Mejía Azuero.

El engaño a la justicia haciendo pasar a una persona que no había sido víctima de una masacre, para lograr una reparación, es un lucrativo negocio para algunos abogados y casos como el de las falsas víctimas de Mapiripán se habrían presentado en las masacres de Santo Domingo (Arauca) y Trujillo, según advirtió el director de la Defensoría Militar, Jean Carlo Mejía Azuero.

“En el gran negocio sobre las víctimas, en cabeza de algunos abogados que llevan los casos al sistema, hemos detectado que en dos masacres las cifras se habrían inflado, como en la masacre de Mapiripán, en la que el Estado realizó un pago a los representantes de las víctimas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por un monto que ascendía a los $15.345.827.281”, dijo.

En la masacre de Santo Domingo, el bombardeo perpetrado el 13 de diciembre de 1998 por la Fuerza Aérea Colombiana, murieron 17 personas y 27 resultaron heridas. Mientras que en la de Trujillo ocurrida entre 1988 y 1994, cerca de 342 personas fallecieron en una cadena continua de asesinatos perpetrados por grupos paramilitares.

En el caso de Santo Domingo, la CIDH concluyó que estos hechos permanecen en la impunidad, después de 13 años, debido a que el Estado colombiano “no llevó a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables intelectuales y demás responsables materiales y, en su caso, imponer las sanciones que correspondieran”.

El director de la organización no gubernamental señaló que este precedente de “falsas víctimas” pondría en duda la reparación que ha hecho el Estado en cerca de 11 sentencias que contemplan víctimas de las masacres paramilitares.

“Básicamente ahora lo que se tiene que determinar y clarificar es quienes son las verdaderas víctimas, pero este antecedente es aterrador porque van 11 sentencias contra Colombia en el sistema interamericano que quedan desde hoy, respecto a las víctimas, totalmente cuestionadas”, advirtió.

El jurista señaló que los problemas en la defensa del Estado son estructurales, falta un equipo de expertos en litigio internacional de derechos humanos que pueda detectar falsas pruebas e impida que inescrupulosos sean incluidos en las millonarias indemnizaciones.

No hay gente preparada, existe poca importancia por parte del Estado en su defensa, hay un desconocimiento del sistema, se confunde el tipo de litigio, porque el litigio internacional en derechos humanos y no en penal. Por eso muchas veces el Estado manda penalistas a defender derechos humanos. Mientras que los abogados de la contraparte llevan 47 años trabajando en el mismo tema y son expertos”.

Demil criticó que el estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíba la revisión de sentencias o la apelación, y manifiestan que es necesario que el sistema haga una revisión cuando se presenten casos en los que se detecten errores. “El problema es que el sistema está estructurado para condenar al Estado”, agregó.

Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representó a varios grupos de víctimas, consideró que actuó "de buena fe", que el número de fallecidos tuvo origen en testimonios de paramilitares, entre ellos del fundador y máximo jefe de las AUC, el asesinado Carlos Castaño y que la Fiscalía recogió los mismos datos.

Las "falsas víctimas" se descubrieron en audiencias del polémico marco legal (Ley de Justicia y Paz) de la desmovilización de miembros de las AUC que otorga beneficios a cambio de confesión de crímenes.

Por esa masacre, de la que ahora se podría deducir que dejó menos muertos de los que inicialmente se creía, la CorteIDH condenó al Estado colombiano y ordenó indemnizar a las familias de 40 víctimas.

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