Agencia de inteligencia del Gobierno rechaza acusaciones por 'chuzadas'

La Dirección Nacional de Inteligencia pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía que investiguen dichas denuncias.

La DNI no quiere ser comparada con las actividades del extinto DAS / Archivo
La DNI no quiere ser comparada con las actividades del extinto DAS / Archivo

Este viernes, la Dirección Nacional de Inteligencia del Gobierno, desmintió categóricamente las denuncias sobre la supuesta práctica de interceptaciones ilegales de comunicaciones que al parecer, se estaría realizando sin ninguna orden judicial.

Según el gobierno, la agencia no cuenta con funciones de policía judicial que avalen el desarrollo de interceptaciones telefónicas y no cuenta con los equipos necesarios para realizar dichos procedimientos.

"La Dirección Nacional de Inteligencia no ha recibido equipos de interceptación de comunicaciones por parte del Gobierno Nacional, entidades del estado colombiano o agencias de inteligencia extranjeras, ni tampoco los ha adquirido de manera independiente. En consecuencia, la DNI no cuenta con la capacidad física ni tecnológica para efectuar interceptaciones de comunicaciones privadas", aclaró el organismo que se creó tras la eliminación del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Entidad fuertemente cuestionada por las llamadas 'chuzadas' telefónica a varios magistrados, políticos y periodistas.

Así mismo, la entidad, encargada de labores de contrainteligencia, rechazó las acusaciones, al señalar que dicha práctica atenta contra la libertad de expresión, contra los derechos fundamentales de las personas, su privacidad y el derecho a la intimidad.

Finalmente, la DNI envió un oficio a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y al Inspector General para que adelanten  las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer los graves hechos denunciados.

La Dirección Nacional de Inteligencia fue creada el 4 de noviembre el año 2011 con la misión de desarrollar actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y de las personas residentes en Colombia y prevenir amenazas contra la vigencia del régimen democrático  el orden  constitucional y legal, la seguridad y defensa nacional.