"Ahora es más fácil investigar"

La Fiscalía quiere indagar si hubo más desaparecidos y si los militares sabían que el M-19 iba a realizar la toma.

El vicefiscal Jorge Perdomo asegura que la Fiscalía investiga posibles desapariciones extrajudiciales en el interior del Palacio de Justicia, en 1985. / Cristian Garavito

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, reactivó el asunto en la justicia colombiana. No sólo la Corte Suprema de Justicia está a las puertas de tomar decisiones claves en el tema sino que la Fiscalía General de la Nación creó un grupo especial para indagar a fondo otros detalles del episodio judicial más grave de la historia de Colombia.

Para el programa Los Informantes, del canal Caracol, el periodista Juan Roberto Vargas entrevistó al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien precisó que con las posibilidades investigativas de hoy, se quiere examinar si hubo más desapariciones en Palacio, si se presentaron otras ejecuciones extrajudiciales y si existen fosas comunes distintas donde pudieran haber sido llevados cadáveres.

Además, aclaró el alto funcionario, con base en hipótesis planteadas por la Comisión de la Verdad, se pretende indagar si los militares sabían con antelación que el M-19 iba a desarrollar el ataque al Palacio y los dejó avanzar para doblegarlos. Perdomo no descarta que en procura de la verdad, los militares sean tenidos en cuenta en el modelo de justicia transicional que se adopte para el proceso de paz. 

¿Cómo está hoy el tema del holocausto a nivel de la justicia?
En materia de condenas no es lo que quisiéramos demostrar al país y en 29 años desafortunadamente no hemos podido esclarecerlo todo. Sin embargo, aún podemos investigar detalles importantes. En 2010 conocimos un informe de la denominada Comisión de la Verdad que nos contó, desde el punto de vista histórico, lo que al parecer sucedió. Nosotros lo tenemos como insumo para seguir avanzando en la consolidación de nuevas hipótesis.

¿Para encontrar más cosas de la toma o de la retoma?
De las dos. Estamos investigando, por ejemplo, si la fuerza pública tenía conocimiento de la existencia de la toma por parte del grupo guerrillero. Hay evidencias, declaraciones, que permite inferir que se tenía conocimiento sobre posibles hechos que se presentarían en esa época en Bogotá, incluso referidos directamente al Palacio de Justicia. Si logramos determinar que esa información ya estaba en los organismos del Estado y el operativo de la retoma estaba planeado, tenemos que determinar otro tipo de responsabilidades.

¿Eso qué significa?
La hipótesis de que se habría dejado avanzar a los guerrilleros hasta el Palacio de Justicia para después doblegarlos. Así lo plantea la Comisión de la Verdad y nos obliga a investigar. Lo mismo que posibles ejecuciones extrajudiciales y desapariciones que pudieron darse en el momento de la toma, al interior del Palacio de Justicia. Por ejemplo, sobre lo sucedido en uno de los baños donde habrían terminado muertos visitantes, funcionarios y magistrados. Tenemos que investigar si hubo responsabilidad del grupo guerrillero o de la fuerza pública. Este caso es un rompecabezas con muchas fichas sueltas que tenemos que volver a juntar.

¿Cómo se puede hoy determinar si los militares sabían que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia?
Por pruebas indiciarias. Por ejemplo, el hecho de que minutos después de la toma ya había tanques cuando esos desplazamientos habrían tomado un lapso mayor. No quiero adelantar resultados. Hay personas condenadas, hay ex miembros de las Fuerzas Militares, de la Policía y de los organismos de inteligencia que podrían tener conocimiento de algunos hechos, tenemos que seguir investigando. Este es un hecho que sigue enlutándonos, estos son temas de honor. La justicia colombiana tiene que poder establecer lo que pasó.

¿Qué otros objetivos tiene la Fiscalía?
Tenemos que avanzar en la satisfacción de los derechos de las víctimas. Hemos creado un grupo de fiscales investigadores para retomar todo el tema de Palacio de Justicia con la nueva metodología de contexto. Nos dimos cuenta que durante 29 años ha habido intentos de desviar la investigación, testimonios que no corresponden a la verdad. En especial sobre lo que pasó en los últimos momentos. Los cuerpos que fueron movidos de un lugar a otro, el caso de la ejecución del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. Tenemos dificultades investigativas porque los que entraron al Palacio fueron investigadores militares y entendemos que hubo información que apuntaba a que el M-19 se iba a tomar también Medicina Legal y por eso un juez penal militar ordenó inhumar restos en la fosa común del cementerio del sur.

¿Esa es otra pieza del rompecabezas?
En esa fosa común no sólo fueron enterrados cuerpos que se encontraron en el Palacio de Justicia sino también de un hospital aledaño a la zona. Además, después vino la tragedia de Armero y a esa misma fosa común fueron a parar algunos de los cuerpos. Aprovechando la tecnología actual, se trata de avanzar en la identificación de estos restos óseos. Es más fácil que hace 29 años.

¿Sobre los desaparecidos, la Fiscalía cree que pudo haber más?
Hay víctimas que se han acercado a la Fiscalía, familiares de personas que pudieron ser desaparecidas y han aportado sus muestras de ADN para hacer cotejos con los restos. Tampoco descartamos que puedan existir otras fosas comunes donde pudieron ser enterradas víctimas del Palacio. Hay que seguir mirando en Cundinamarca, en el Meta. Tenemos información que indica que tenemos que ir a otros sitios. Los militares han rendido una versión necesaria para la reconstrucción de la verdad, pero no podemos quedarnos con esa única versión, hay muchas otras, por ejemplo la de la Comisión de la Verdad.

¿Hay una pregunta que la gente se hace en la calle, cómo es posible que los que hacían parte del grupo guerrillero que se tomó el Palacio hoy estén en cargos de elección popular y los de la fuerza pública que hicieron la retoma presos?
Es un mensaje contradictorio que deslegitima al Estado y a la justicia. Por eso debemos aprovechar el momento histórico de Colombia con negociaciones de paz, que prevé que también los agentes del estado puedan hacer parte del concepto de justicia transicional.

¿Eso quiere decir que los militares presos o procesados por el tema del Palacio de Justicia podrían ser incluidos en esos procesos de justicia transicional?
Deberían ser incluidos, es la única forma que podamos conocer la verdad de lo que pasó. A los colombianos no solo les interesa la justicia sino la verdad, y en este momento, cuando estamos hablando de justicia transicional para todos los actores del conflicto, para todas las personas que han participado en estos 50 años de guerra, creo que es el momento indicado para armonizar estos conceptos de justicia que el ciudadano del común no puede entender.