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La pelea del momento tiene dos protagonistas: Julián Quintana, exdirector del CTI en la era Montealegre, y el almirante (r) Álvaro Echandía, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que reemplazó al DAS. Las declaraciones recientes de Quintana les han dado pie a los uribistas para afirmar que el gobierno Santos, a través de la DNI, infiltró la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. En entrevista con este diario, Echandía lo niega y habla más sobre esta encendida polémica. (Vea: "El testimonio del exdirector del CTI que revivió el caso ‘hacker’")
¿Desde qué fecha arrancó este embrollo?
El 27 de marzo (de 2014) recibimos la primera pista sobre una posible fuga de información. La fuga no era muy clara y siempre asumimos que era nuestra, de la entidad, que alguien —no se sabía si de adentro o de afuera— estaba sustrayendo información. Esa pista se envió a la dirección de asuntos internos y seguridad operacional, que hace la contrainteligencia en la DNI, para que verificara. A mediados de abril se inició un caso formal.
¿La Fiscalía sabía?
En ese punto no se le había informado aún ni debía hacerse, era una verificación interna. El 27 de abril se confirmó que teníamos a un funcionario comprometido en tráfico de información (Wilson Torres). Verificamos su identidad con una fuente, quien nos dijo que el funcionario le vendía información a un señor Sepúlveda, con oficina en tal parte, y que además ellos estaban haciendo operaciones para contrarrestar los diálogos de La Habana.
Quien les advirtió de la fuga de información, ¿era una persona externa a la DNI?
Sí, a través de un agente nuestro. Cuando confirmamos que (Andrés) Sepúlveda estaba comprando información del Estado, que había un funcionario nuestro involucrado y que además estaban tratando de hackear los correos de La Habana, para nosotros fue una preocupación. Llamé al fiscal general (Eduardo Montealegre) y le dije: ‘Señor fiscal, tenemos que hablar. El fiscal me dijo que fuera a la sede de donde iba a estar la universidad (de la Fiscalía). Eso fue el 2 de mayo. Ahora dice este señor (Julián Quintana) que fue una reunión por allá en un sitio donde no nos vieran, y no. Él le está poniendo la malicia.
¿Qué pasó en ese encuentro con Montealegre?
Normalmente, cuando hay un tema de esta naturaleza, nosotros no entregamos información escrita, sino que se hace una reunión de trabajo. Le informé al fiscal y él llamó a Quintana y le dijo: “Reúnase con la gente del almirante, haga la verificación y lo que haya que hacer, y me informa”.
¿Quién manejaba a esa fuente que les informó del funcionario?
Aquí es importante aclarar que el director general de la DNI no maneja fuentes ni gastos reservados ni operaciones directas, sino que ordena efectuar verificaciones o recolecciones de cosas grandes. Y cada una tiene unos jefes que son los que producen las órdenes escritas.Le pedí a mi gente que se reuniera con Julián Quintana. Al día siguiente a primera hora se reunieron, era 3 de mayo, ya empezó el proceso con Quintana y su gente del CTI.
¿Quiénes se reunieron?
Agentes de inteligencia. Son funcionarios públicos y no puedo revelar sus nombres, la ley me lo impide.
¿Se involucraron en este tema los funcionarios de la DNI Jorge Muñoz y Javier Tarazona?
No puedo dar esa información. En todo esto han salido a la luz pública nombres de personas que hacían unos trabajos, los pusieron en gran riesgo. Lo que puedo decir es que esa reunión fue oficial, no clandestina, y se entregó información oficial.
Cuando se dan ese tipo de reuniones, ¿queda algún tipo de constancia, aunque sea interna?
Por supuesto. El agente que entrega la información hace un reporte de los presentes y de la información que se entregó. Firma con un código, el reporte va al expediente del caso y queda ahí, lo puede verificar cualquier autoridad. Por eso cuando él (Julián Quintana) muestra un documento y dice “esto fue lo que entregó la DNI”, yo le digo que nosotros no entregamos información así, que me muestre otro documento igual, verán que no lo hay. Lo nuestro puede usarse como elemento orientador, mas no como prueba judicial.
Después de la reunión del 3 de mayo de 2014 con la gente del CTI, ¿hubo otras? ¿O el tema quedó en manos de Julián Quintana y sus funcionarios?
El tema se dejó en manos del CTI. La información que teníamos era muy escueta: la dirección del sitio, el nombre de la persona que se encargaba, y el nombre del funcionario nuestro (Wilson Torres) que se entrevistaba con este señor Sepúlveda de manera personal y no oficial.
¿Cómo es que ustedes entregaron la información el 2 y 3 de mayo de 2014, y apenas tres días después se allanaron las oficinas del “hacker” Andrés Sepúlveda?
No lo sé, lo que puedo decir es que todo lo que hizo la Fiscalía se hizo con el control de los jueces.
Quintana dice ahora que, “extrañamente”, cada vez que aparecía una nueva evidencia la DNI tenía que ver, y que fue la DNI la que introdujo al hacker español Rafael Revert a la investigación como un colaborador. ¿Cómo fue eso?
La DNI tenía una fuente, a quien se le pidió identificar al funcionario nuestro. A esa fuente yo no la conozco. No sé si esa persona terminó siendo fuente de la Fiscalía. Si lo recibieron, supongo que fue con todos los protocolos. Lo que se está tratando de venderle a la opinión pública es que se infiltró una campaña (presidencial). Si la Fiscalía tuvo en ese momento la información, y él (Julián Quintana) era el jefe de todas las investigaciones de las personas que finalmente fueron condenadas por la justicia, él era el responsable. Si hubo alguna falla en el manejo de las fuentes, es responsabilidad ni siquiera de la Fiscalía, sino de él (Quintana), porque él era el jefe del CTI en ese momento.
Pero, ¿sabe usted cómo llegó el español Rafael Revert a la Fiscalía?
No.
¿La DNI no recomendó a nadie como fuente ante la Fiscalía?
No tengo esa información aquí, podría averiguarlo. Ahora, si él (Julián Quintana) recibió una fuente, sin importar quién se la entregó, sin importar si era pagada o no —todas las fuentes trabajan por plata en este país—, ¿qué pasa? Que él es responsable de esa fuente. Lo que sí puedo decir es que el señor Revert estuvo declarando en la Fiscalía, y eso está en los procesos de la Fiscalía. Él fue testigo.
Hay un tema de tiempos que es importante entender. El 5 de mayo de 2014 allanan las oficinas del “hacker” Andrés Sepúlveda. A Revert le hacen un interrogatorio días después del allanamiento. Quintana dice que Revert llegó al interrogatorio ya con el video en el que aparecen Óscar Iván Zuluaga y el “hacker” Sepúlveda, el cual publica Semana el 17 de mayo. Eso es menos de 12 días para hacer la grabación…
No voy a revelar lo que hablamos (con Julián Quintana en mi casa) porque fue una conversación privada, pero una de las cosas que le pregunté fue: “¿Ustedes recolectaron todas la pruebas con cadena de custodia?”. Y me dijo sí. Le pregunté eso específicamente con el tema del video y me aseveró: “Sí, nosotros lo hicimos todo con cadena de custodia y quedó en firme”. Tan quedó en firme que por eso hay condenados. Es ahora que al asunto quieren revolverle lo político. Que se cometieron delitos, se cometieron. Estaban traficando con información reservada del Estado.
¿Existe en la DNI la orden de haber solicitado que se grabara al “hacker” Sepúlveda?
No. Es que a la fuente nuestra se le dio la orden de recolectar información sobre un funcionario de la DNI que estaba traficando con información.
¿Qué entidades están auditando las operaciones de la DNI?
Nosotros recibimos un plan nacional de inteligencia que viene del Consejo de Seguridad Nacional. Ahora tenemos una oficina que es el centro de protección de datos, con todas las seguridades informáticas. Por ejemplo, no puedo cambiar o sustraer o borrar información que está en un informe. No podemos eliminar documentos. Las órdenes de operaciones van firmadas por sus responsables; el cumplimiento de la misión debe tener un reporte. Básicamente hay tres tipos de auditorías: el inspector general, la oficina de control interno y la Contraloría General de la República, que audita todos los gastos reservados. Todos los gastos de la DNI los ha auditado la Contraloría y no hemos tenido un solo hallazgo administrativo, disciplinario u operario.
Julián Quintana ha exhibido el documento “madre” que abrió la investigación del caso hacker...
Sobre ese oficio, a él se le olvidó un detallito: el documento tiene un párrafo de una información que nosotros no entregamos, no era relativa ni de interés del caso, sobre una asesora. Esa información no la entregamos nosotros, primero. Segundo, no la conocíamos. Y tercero, por nuestros protocolos no la podíamos entregar.
¿Está diciendo que el documento de Quintana es falso?
No puedo decir que es falso, lo que le puedo decir es que no fue elaborado por la DNI.
¿Por qué cree usted que Quintana saldría a dar tremenda batalla con un documento que, dice usted, no redactó la DNI?
A mí me queda muy difícil calificar las motivaciones (de Julián Quintana), pero deben ser extremadamente fuertes para tener una reacción tan violenta y para entrar a cuestionar lo que él mismo hizo. Es que en ese momento él era el jefe de todo el equipo investigador (de la Fiscalía) y tenía la responsabilidad y la obligación de que la investigación fuera absolutamente transparente. Entonces, ¿cómo va a decir ahorita que el tema de las fuentes no le quedó muy claro? Si la fuente no era creíble, si la información estaba mal elaborada, él con su equipo debió haberlo determinado, pero en ese momento, no ahora que hay personas condenadas. Me parece un poco extemporáneo empezar a sospechar de todo ahorita, luego de que él dijo que todo era tan transparente, tan eficiente, tan eficaz, ¿y ahora todo es tan sospechoso?
Entonces, si se llegara a comprobar que hubo una filtración en la campaña de Zuluaga, ¿la responsabilidad directa de que se haya manejado mal la investigación es de la Fiscalía?
No sé, no puedo calificar eso. Lo que puedo decir es que nosotros entregamos esa información y la Fiscalía fue la que hizo la investigación penal, porque nosotros no podemos recolectar ni aportar pruebas.
¿Existió la Operación “Penetración”?
En lo absoluto, no. Si nosotros hubiéramos hecho una operación de penetración tendría que haber estado indicada y ordenada de esa manera. No hubo filtración a ninguna campaña, ni a ningún funcionario, ni a ningún partido político, que es lo que están tratando ahora de mostrar. Es bueno recordar también que hay personas que están pendientes de revolver su situación jurídica en este proceso, como el señor Luis Alfonso Hoyos, y no me hagan nombrar más porque ustedes al resto los conocen y no me quiero meter en política.
¿Cree que esto es algo calculado para beneficiar a personas en específico?
No puedo hacer esos juicios de valor. Doy hechos, ustedes saquen las conclusiones.
Después la reunión con el fiscal, ¿qué vino de parte de la DNI?
La parte principal fue cooperar con lo que para nosotros era el objetivo principal: la fuga de información y el funcionario nuestro. La fiscalía hizo varias visitas judiciales a la DNI y se establecieron las pruebas para poder llegar a su condena.
¿La DNI se declaró víctima de ese proceso?
No, porque nosotros no tuvimos fuga de información, lo que vendió el señor Torres era del plan de atención al desmovilizado.
Usted dice que el objetivo prioritario era la supuesta fuga de información y el tema de su funcionario, pero, ¿acaso actividades delincuenciales contra el proceso de paz no eran prioridad también?
Claro, por eso se entregó a la Fiscalía. Cuando la Fiscalía hizo el allanamiento y encontró todas esas evidencias, nosotros ya no podíamos recolectar más información, porque cualquier cosa que tomáramos se invalidaba.
¿Ustedes pueden apoyar al CTI en una investigación?
De acuerdo con la Ley 1621 (de inteligencia), podemos apoyarlo con información de inteligencia que sirva como elemento orientador, pero en ningún caso como prueba dentro de un proceso judicial.
En la denuncia que presentó Óscar Iván Zuluaga esta semana figuran un alias “Charly” y alias “Lucho”. ¿Ellos son de la DNI?
No puedo contestar eso porque la ley me obliga a proteger a funcionarios, fuentes, métodos y procedimientos. Por eso me preocupa que se estén dando nombres y sitios de reuniones, se está violando la reserva. Esa es la gran diferencia entre una declaración mía y las que hace este señor (Quintana) completamente irresponsables. Él es abogado, fue fiscal y debe entender la gravedad de lo que está haciendo. Los documentos nuestros están disponibles para cualquier autoridad.
¿Le ofreció usted a Quintana la dirección de la UIAF?
Si tuviera la capacidad de nombrar a un funcionario de ese nivel… Les voy a contar una cosa, yo he llevado a la DNI varias hojas de vida y muchas de esas personas no han pasado el proceso, que es muy riguroso. Otro tema sobre esa reunión mía con él, no voy a contar lo que hablamos, pero sí puedo decir lo que no hablamos: nunca le dije que no fuera a mencionar a la DNI. ¡Por favor! ¡Eso es infantil! ¿Cómo le iba a pedir eso si tenemos los registros de que entregamos la información?
¿Qué le ha aconsejado su abogado Jaime Lombana?
Él ya me había advertido que había recibido mensajes que decían: “Vamos a joder a Echandía, Echandía va para la cárcel”. Jaime me dijo: “Párele bolas a ese tema porque es serio, a usted le están montando algo con el caso del ‘hacker’”. Entonces recurrí a la persona con la que habíamos trabajado todo el caso, que en ese era momento de completa confianza, y le pregunté (a Julián Quintana): “¿Usted ha oído algo de este tema?’. Fue cuando él me dijo que lo habían llamado a la Corte Suprema en calidad de testigo.
¿Habían hablado o tenido algún contacto antes de esa reunión?
No, que recuerde no. Creo que él se retiró después de que llegó el nuevo fiscal.
¿Pero usted sí recibió la hoja de vida de él para algo?
Sí, como muchas otras. No me la mandó él, fue a través de otra persona que no quiero dar su nombre, pero no específicamente para la UIAF. Eso es lo que están tratando de tergiversar.
¿Usted se la pidió?
No, no, sobre todo que ustedes saben el sueldo que se gana el director del CTI es un sueldo importante, y si no consigue uno un buen cargo para alguien de menos experiencia, ahora imagínense...