¿Al filo de la inconstitucionalidad?

La polémica no para y los expertos coinciden en afirmar que al Gobierno le falta claridad y debe decirle de frente al país qué es lo que busca.

Si el Gobierno no modifica su propuesta de revivir y fortalecer el fuero militar, la cual le fue colgada a última hora al proyecto de reforma a la justicia, esa figura no resistirá un control de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional. Es la advertencia que hacen los senadores Jesús Ignacio García, ponente de la iniciativa, y Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión Primera de Senado, donde fue aprobada ayer en el primero de ocho debates.

Para García, la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a los miembros de la Fuerza Pública que sean procesados por acciones criminales dentro del conflicto armado puede tener dos lecturas: “La primera, que los jueces no están aplicando justicia en forma correcta y la segunda, que los militares, en el ejercicio de sus operaciones, no están respetando las normas del derecho internacional humanitario”.

Por su parte, Velasco señaló que con dicha propuesta se está generando una presunción constitucional que significa que “todo hecho que se haga en un operativo se considera en relación con el servicio, o sea que tendría fuero”. Palabras más palabras menos, con el fuero no todos los actos serían investigados.

Es por eso que analistas como Carlos Medellín, exministro de Justicia, creen que si bien se hace necesario reformar la manera como se juzga a los militares para darles garantías, también es cierto que si se está pensando en darles indulto, la sociedad debe saber qué es lo que se les va a perdonar: “Es posible que haya ese tipo de beneficios sobre la base de que sepamos qué es lo que le vamos a perdonar, porque perdonar en blanco si no lo vamos a hacer”.

A su vez, Daniel García Peña, excomisionado de paz, advierte que “cualquier escenario de justicia transicional que contemple beneficios jurídicos de cualquier naturaleza, tiene que estar basado sobre la verdad”, sean quienes sean los implicados.

Como era de esperarse, el expresidente Álvaro Uribe salió al ruedo a dar sus conceptos sobre el tema. En un comunicado público, titulado “Mensaje de reflexión a congresistas y Gobierno”, expresó: “Los integrantes de Fuerzas Armadas no deberían mezclarse con grupos violentos, cualquier referencia debería hacerse en artículos específicos, por ejemplo, para excarcelar o suspender ejecución de pena a condenados por recuperación del Palacio de Justicia y para crear instancia especial de jurisdicción ordinaria que revise condenas a policías y soldados por hechos referidos a un período definido en el tiempo que incluya casos como Santo Domingo. Siempre se consideró que indulto o amnistía a Fuerzas Armadas era un atentado contra su honor”.

El representante a la Cámara Iván Cepeda, vocero de las víctimas de crímenes de agentes del Estado, plantea que este nuevo marco jurídico aumentaría el riesgo de impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar, como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y delitos comunes como narcotráfico, concierto para delinquir, extorsiones, entre otros. Además, señaló que con la nueva normatividad se le quitaría a la Fiscalía General la función de ser el primer órgano en hacer presencia en el lugar donde presuntamente se haya cometido un delito por parte de un militar.

“Es inadmisible que el Gobierno, en lugar de perseguir los crímenes y depurar la justicia penal militar, pretenda reimplantar medidas ya abolidas por la jurisprudencia internacional y por la doctrina de la Corte Constitucional como lo es el fuero penal militar”, puntualizó Cepeda.

Y el procurador general, Alejandro Ordóñez, también dio también su punto de vista: “Es beneficioso para la institucionalidad, para la sociedad y la moral de las personas que entregan su vida por la defensa del bien común, que exista esa clase de instrumentos jurídicos, no para generar impunidad sino, por el contrario, para garantizar la responsabilidad institucional”.

Mientras tanto, el director del liberalismo, Rafael Pardo, cree que si bien el tema del fuero militar es digno de discutir, no se puede mezclar con la reforma a la justicia. “El Partido Liberal está dispuesto a abrir el debate, estamos convencidos de la necesidad de hacer reformas en esos aspectos, pero que cuenten con la legitimidad necesaria que asegure su estabilidad jurídica. Lo que no podemos admitir es que un tema de semejante trascendencia se pretenda resolver con un texto, no discutido, introducido a media noche en el Congreso dentro de una reforma judicial que lleva más de un año de debates y de búsqueda de consensos, en los que nunca se habló de este asunto”, enfatizó Pardo.

El debate es candente y será largo. Por ahora hay una cosa clara, al menos por lo que dicen los expertos: que el gobierno del presidente Santos tiene que ser claro y decirle al país abiertamente qué es lo que busca con su propuesta. Porque todavía son muchos los interrogantes que pululan, sobre todo cuando el vicepresidente Angelino Garzón parece echarle más leña al fuego al afirmar que “no necesariamente los victimarios tienen que pagar con cárcel sus delitos y pueden aplicarse castigos éticos”. ¿Qué habrá querido decir?