Al menos 10 departamentos estarían en riesgo por suspensión del cese al fuego

Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que lamentó la decisión de la guerrilla e indicó que es necesario persistir en las negociaciones para reducir el impacto de la confrontación.

Luego de que la guerrilla de las Farc decidiera suspender la tregua unilateral decretada en diciembre pasado –a raíz de la muerte de 26 subversivos en un bombardeo militar en zona rural del municipio de Guapi (Cauca)– la Defensoría del Pueblo advirtió que al menos 10 departamentos del país estarían en riesgo.

De acuerdo con estudios de seguimiento elaborados por el Sistema de Alertas Tempranas de la entidad, podrían presentarse acciones armadas inminentes en Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca, Putumayo, Huila, Nariño, Meta, Caquetá y Valle del Cauca.

“Se vislumbra un escenario de riesgo por posibles ataques contra la Fuerza Pública, con eventuales efectos indiscriminados para la población civil (…) resulta necesario mitigar el impacto de la confrontación, de tal manera que se garantice la protección de los ciudadanos y se respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario”, aseguró el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, citado en un comunicado de prensa.

Pese a algunas situaciones de incumplimiento, el funcionario reconoció las “bondades” del cese unilateral ofrecido por las Farc: “el cual se refleja en la disminución de ataques terroristas, menos afectaciones a la infraestructura energética y petrolera, así como en un número inferior respecto a las muertes de combatientes”, agregó.

Según datos del Ministerio de Defensa, entre enero y abril de 2015 hubo una reducción del 47% en el número de bajas, al pasar de 116 miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio durante 2014, a 61 en el mismo período del presente año.

“Pese a la actual coyuntura, es indispensable persistir en las negociaciones”, precisó Otálora quien exhortó a las partes para que, con sentido humanitario, busquen mecanismos a fin de avanzar lo más pronto posible hacia “un desescalamiento definitivo y sostenible que permita aliviar situaciones como los accidentes con minas antipersonal”.