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Los empleados de planta no reciben salario desde hace tres meses, los contratistas ajustan entre cinco y siete meses sin sueldo, en pediatría no hay tapabocas ni alcohol, medicina interna tiene 44 camas, pero sólo 35 están habilitadas —las demás están dañadas o carecen de colchón—, la humedad hace que las paredes tengan hongos, cuando llueve hay chorros de agua que caen sobre los pacientes y los familiares y acompañantes pasan las noches en el suelo. Este es el panorama del hospital San Francisco de Asís de Quibdó, el único de segundo nivel en Chocó.
En el año 2008, 22 tutelas resultaron en una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó una transformación considerable en el sistema. Se redefinieron asuntos como el acceso a los servicios, los derechos y deberes de los usuarios, y la cobertura. Un año antes de emitido el fallo había comenzado la intervención del hospital por parte del Ministerio de Salud, proceso que hoy completa siete años. A pesar de ello, y de los 16 interventores que han pasado por allí, la situación sigue siendo crítica.
Por solicitud de la Defensoría del Pueblo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, acompañado del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio, llegó al hospital de la capital chocoana el domingo pasado para realizar una inspección judicial cuya finalidad era evaluar qué anomalías estaba sufriendo la entidad. Según el ministro, la situación ha mejorado desde la llegada del último interventor, pero seis meses no bastan para solucionar los problemas. Gaviria fue enfático en que una sentencia no es suficiente para cambiar la realidad, porque el desafío es tanto para los gobiernos local y nacional como para toda la comunidad.
Por su parte, el magistrado Palacio explicó que es difícil rescatar el hospital considerando el nivel de corrupción que enfrenta, pero dijo que “con la colaboración del Gobierno y de las entidades de Chocó se debe sacar adelante el hospital, que es bastante necesario para la región”. Una remisión en ambulancia desde allí hasta Medellín o Pereira, las ciudades más cercanas con hospitales de tercer y segundo nivel, puede tardar nueve horas o más, por lo que mejorar sus condiciones es una necesidad inaplazable.
Desde la implementación de la intervención, el Gobierno ha destinado más de $25.000 millones para infraestructura y equipos, y para generar mayor oportunidad de servicio. La sala de urgencias recibió $1.200 millones gracias a un convenio del Ministerio de Salud con Corea, y es el único espacio del hospital que se destaca por sus condiciones relativamente óptimas. ¿En qué se ha invertido el resto del dinero? Eso se preguntan los funcionarios y los usuarios. Una parte se ha destinado a equipos, exactamente $1.200 millones, y otra al pago de salarios y deudas. Según el interventor actual, Carlos Augusto Sánchez, otra parte de los recursos que podrían invertirse en el mejoramiento del hospital se ha destinado al pago de deudas, como es el caso de los salarios pendientes del primer semestre de 2014.
Ante tal situación, y a partir de la visita de la Corte y el ministro, se resolvió realizar un seguimiento más cercano al hospital. Finalmente, el ministro anunció que existe la posibilidad de cambiar a Caprecom como operador del régimen subsidiado en el departamento, para lo cual se estaría realizando un acercamiento con Savia Salud, así como modificar el modelo del hospital por uno de zonas dispersas con el fin de levantar la intervención y nombrar una nueva administración. Respecto a la sentencia judicial, Pedro Santana, vocero de la comisión de seguimiento a ese fallo, dijo que “a pesar de que no ha sido cumplida, su logro más grande fue poner en la agenda pública el problema de la salud”.
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