Alberto Santofimio pide medidas cautelares ante la CIDH

El excongresista manifestó que la decisión de la Fiscalía de llamarlo a indagatoria “constituye una clara vulneración a las garantías judiciales”.

Redacción Judicial
17 de agosto de 2018 - 04:31 p. m.
El excongresista Alberto Santofimio Botero fue llamado a indagatoria esta semana por la Fiscalía.  / Archivo
El excongresista Alberto Santofimio Botero fue llamado a indagatoria esta semana por la Fiscalía. / Archivo

Luego del llamado a indagatoria por parte de Fiscalía, el excongresista Alberto Santofimio Botero le envió una carta al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, solicitando medidas cautelares a su favor. En concreto, pidió anular la citación del ente investigador “por tratarse de una acción improcedente”. (En contexto: Llaman a indagatoria a Alberto Santofimio y Jairo Ortega en caso de Rodrigo Lara Bonilla)

A través de su abogado, el excongresista explicó que el 27 de julio de 2005 la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema expidió un auto en el cual detallaba que la investigación en su contra, como presunto responsable del delito de homicidio, se encontraba prescrita y por lo cual se abstuvo “de iniciar la acción penal por improcedente”. Esto, en relación con el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido el 30 de abril de 1984.

Por eso, en la petición de dos páginas, Alberto Santofimio Botero manifestó que el nuevo llamado a indagatoria constituye, en su criterio, una vulneración a las garantías judiciales, a la honra y a la dignidad, así como el derecho a la igualdad previsto en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Lea también: Asesinato de Rodrigo Lara Bonilla es de lesa humanidad: Fiscalía)

“La decisión de la Fiscalía General de la Nación de citar a indagatoria al señor Alberto Santofimio Botero, desconociendo su propia decisión de hace más de 13 años, vulnera los principios de buena fe, seguridad jurídica e igualdad de los individuos ante la ley amparados en los tratados internacionales suscritos por Colombia, los que prevalecen sobre la legislación interna, al tenor de lo previsto en el artículo 93 de la Constitución Política”, precisó el abogado del excongresista.

En la decisión tomada por el Fiscal Octavo de Derechos Humanos se expresa que no hay hechos totalmente esclarecidos dentro de esta investigación, considerando que si bien ya fueron condenados dos sicarios del Cartel de Medellín se trata de determinar la participación de otras personas en el crimen que no hacían parte de este grupo narcotraficante. Este magnicidio fue declarado crimen de lesa humanidad en septiembre de 2012. (Le podría interesar: Alberto Santofimio, condenado por magnicidio de Galán, obtiene casa por cárcel)

Durante los pocos meses que estuvo al frente del Ministerio de Justicia, Lara Bonilla se dedicó a investigar los tentáculos del narcotráfico en la política colombiana y, al conocerse los antecedentes de Pablo Escobar, el capo tuvo que refugiarse en la clandestinidad. El lunes 30 de abril de 1984, cuando le quedaban pocos días en el ministerio, fue asesinado por un sicario a sueldo que le disparó con una ametralladora. Lara Bonilla había salido de su despacho en un vehículo a las 7 de la noche y, a la altura de un barrio del norte de la capital, un individuo le disparó desde una motocicleta manejada por otro y lo hirió mortalmente.

Por Redacción Judicial

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