Alcalde de Medellín y Fiscalía, ¿en contravía?

Desde que empezó su mandato, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció ofensiva contra el crimen organizado. Pero no ha sido fácil que sus principales aliados en el Estado marchen por la misma ruta.

Federíco Gutierrez prometió en febrero de este año recuperar el Parque Berrío en un mes, el cual la delincuencia se había apropiado. / Archivo El Espectador.
Federíco Gutierrez prometió en febrero de este año recuperar el Parque Berrío en un mes, el cual la delincuencia se había apropiado. / Archivo El Espectador.

Al comienzo de este año, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue notificado de una amenaza contra su vida, producto de los operativos que venía realizando para sacar el crimen del centro de la ciudad. El hecho, sin embargo, sigue rodeado de polémica, pues Gutiérrez fue avisado del peligro sólo 17 días después de que un ciudadano interpusiera la denuncia, en la que se detalla cómo iba a ser el atentado y quiénes estuvieron en la reunión en la que se planeó. El encuentro se hizo la última semana de enero en el motel Lafayette, a pocas cuadras del Parque de Berrío.

Al comienzo de este año, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue notificado de una amenaza contra su vida, producto de los operativos que venía realizando para sacar el crimen del centro de la ciudad. El hecho, sin embargo, sigue rodeado de polémica, pues Gutiérrez fue avisado del peligro sólo 17 días después de que un ciudadano interpusiera la denuncia, en la que se detalla cómo iba a ser el atentado y quiénes estuvieron en la reunión en la que se planeó. El encuentro se hizo la última semana de enero en el motel Lafayette, a pocas cuadras del Parque de Berrío. Al encuentro asistió una decena de jefes criminales que controlan el centro de Medellín, algunos de ellos mencionados por exintegrantes de la Oficina de Envigado, Barny, Pichi y Peluco, hoy privados de la libertad.

El atentado era la respuesta a los operativos que el alcalde Gutiérrez realizó en algunos sectores del centro y en la comuna de Castilla, con los cuales se afectaron seriamente las finanzas criminales, abastecidas con el tráfico de drogas, las extorsiones y la prostitución. La denuncia relató, con minucioso detalle, cómo sería el atentado: había un plan A y un plan B, por si la primera acción fallaba.

El primero iba a ser durante un operativo que tenía planeado el alcalde, en el que se desplazaría por los bajos del metro que van desde la Estación Prado hasta la del Parque de Berrío. En un punto de la ruta, un carro bomba sería detonado justo cuando el mandatario pasara. El segundo atentado era también durante un recorrido del alcalde y sería acompañado por acciones que incluían bombas molotov para generar confusión.

La denuncia era tan precisa, que el mandatario Gutiérrez aún no entiende por qué se dio a conocer tan tarde. La ruta que el denunciante mencionaba era la que iba a hacer el alcalde durante el operativo. Fue evidente que alguien del consejo de seguridad filtró la información a los criminales del centro, especialmente a Pedro Pistolas. Según fuentes del CTI y de la Policía, que pidieron reservar su nombre, se da por descontado que fue él quien dio la orden de atentar contra el alcalde.

El denunciante se acercó primero a la Personería y de allí lo dirigieron a la Procuraduría, donde habló el 1° de febrero. La procuradora delegada para Antioquia, María Estela Cuadros, afirmó que ese mismo día informó a la Fiscalía. No obstante, el folio aparece el día 10 de febrero como fecha de notificación. Es decir, la Fiscalía guardó la denuncia una semana más y sólo hasta el día 17 hizo llegar una copia a la Alcaldía. Ni siquiera fue entregada al mandatario, sino a su secretario de Gobierno, Santiago Gómez.

En una rueda de prensa, el alcalde enteró a la opinión pública de la amenaza y manifestó su molestia por la irregularidad en el tratamiento de la denuncia. Una semana después, Germán Darío Giraldo, director de la seccional, ordenó el allanamiento del motel Lafayette, incluso solicitando al Ejército el apoyo con un helicóptero. Luego se hizo circular un mensaje, vía chat, entre los miembros del gabinete municipal con un mensaje contundente: “Neutralizada amenaza contra el alcalde”.

Hoy, para la población comerciante del centro de Medellín y confiables fuentes del CTI, es claro que Pedro Pistolas es quien controla el tema de las extorsiones, la prostitución, la criminalidad y el tráfico de drogas. Además, posee varios hoteles utilizados para cometer delitos. El interrogante común es por qué la Fiscalía no ha agilizado la captura de este sujeto. En su historial sólo figuran dos incautaciones de arma de fuego con salvoconducto en 2007. Al parecer, en mayo de 2012, fue víctima de un atentado a bala.

Desde que inició su mandato, Federico Gutiérrez ha sido enfático en su política de seguridad y ha dejado clara su lucha contra las organizaciones criminales. Hace menos de un mes les declaró la guerra luego de unos hechos ocurridos en el barrio Belén Altavista, donde un grupo de delincuentes le disparó a la Policía. “Esto no es un asunto de bandas o pandillas, sino de estructuras criminales que llevan décadas incrustadas en Medellín”, expuso en una de sus intervenciones.

No obstante, estos esfuerzos no parecen en consonancia con las acciones de la Fiscalía. Por ejemplo, Sergio Martínez, alias Carnero, un hombre que al parecer obedece a Pedro Pistolas, ha sido detenido dos veces. La primera vez en junio de 2015, en desarrollo de la “Operación Pandora”, en la que fue sindicado por concierto para delinquir con fines de extorsión. Pronto recuperó su libertad. Estaba condenado por tentativa de homicidio, pero en su momento fue beneficiado con detención domiciliaria y se evadió.

El pasado 28 de abril fue recapturado en el barrio El Salvador, en la Comuna 9, cerca del centro de Medellín. La Fiscalía le imputó nuevos cargos que él no aceptó. Fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y ahora intenta tramitar nuevamente la detención domiciliaria. Es decir, en la lucha del alcalde contra el crimen se advierte un aire de impotencia. Aunque el mandatario tiene claro su objetivo de disminuir la criminalidad, de voces para adentro existe la visión de que la Fiscalía no le está ayudando.