Alcaldía de Calí no será víctima en proceso contra el alcalde electo Jorge Iván Ospina

Quien será mandatario de Cali desde 2020 a 2023 irá a juicio por un contrato, supuestamente irregular, que él no firmó en su administración anterior. El juez del caso dice que el abogado del municipio no demostró cómo este se habría visto afectado en los hechos que se investigan.

Redacción Judicial
16 de noviembre de 2019 - 05:17 p. m.
En las elecciones del pasado 27 de octubre, Jorge Iván Ospina consiguió 297.821 votos. / EFE
En las elecciones del pasado 27 de octubre, Jorge Iván Ospina consiguió 297.821 votos. / EFE

Al medio día de ayer, en el Palacio de Justicia de Cali, la Fiscalía General pidió reprogramar la audiencia de acusación en contra del recientemente electo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. El ente investigador dice que, durante su primera administración en la capital del Valle del Cauca, su secretario de despacho otorgó directamente un contrato para servicios de publicidad a Vision Digital, compañía de Guillermo Rafael Lombana, un peso pesado de las comunicaciones que había asesorado la recién ganada campaña de Ospina.

(Le puede interesar: Todo listo para el llamado a juicio de Jorge Iván Ospina)

Finalmente, la audiencia fue reprogramada para el próximo 13 de diciembre, luego de que la defensa de Ospina y la Porcuraduría señalaran que el escrito de acusación tenía errores y vacíos que debían ser corregidos por la Fiscalía General. Asímismo, durante la audiencia, que duró cerca de cuatro horas, se determinó que la Alcaldía de Cali no sería reconocida como víctima en el proceso. El Juez señaló que el abogado del municipio no logró entregar una evidencia que indicara de qué manera “ciertas acciones punibles afectaron, lesionaron o quebrantaron los derechos a la Justicia y la verdad del Municipio de Santiago de Cali”.

La investigación

El contrato por el que es cuestionado Ospina se firmó en abril de 2008 y se fijó que la administración municipal daría un anticipo de $138 millones, equivalente al 30 % del total acordado. Allí empezaron las alertas: el tesorero de la Alcaldía devolvió la cuenta de cobro que presentó Lombana porque, supuestamente, no se cumplió con el lleno de los requisitos legales. En específico, el funcionario le advirtió al secretario de despacho, Pedro Luis Barco, que no había manera de demostrar la “idoneidad y experiencia” de la empresa para contratarla de manera directa, pues Visión Digital había sido creada como una SAS en cámara de comercio el 2 de abril, apenas dos días antes de la firma del contrato.

(Le puede interesar: ¿Quién es Jorge Iván Ospina, el nuevo alcalde de Cali?)

La Fiscalía dice que el tesorero le dijo a Barco que la empresa no reportaba una “inscripción de ventas” en la DIAN, es decir, que nunca había tenido clientes. Ante la alerta, el secretario Barco llegó a un acuerdo con el publicista Lombana y dio por terminado el contrato. Sin embargo, al cabo de un mes, “el señor Barco insiste”, dice el ente investigador, y contrató de nuevo de manera directa el 7 de mayo de 2008, pero ya no con la empresa, sino con Lombana como persona natural, y el monto del contrato, a pesar de tener el mismo objeto, quedó pactado por, exactamente, cinco pesos menos: $459.999.995.

Para el ente investigador, el contrato es irregular por un sinnúmero de razones: porque el secretario Barco, supuestamente, dejó en el papel que la compañía tenía más de 15 años de experiencia (experiencia que sí acredita Lombana como profesional). Porque la propuesta de la compañía, supuestamente, llegó al despacho de Barco antes de que la Alcaldía concluyera que necesitaba los servicios que contrató, lo que demostraría que “a partir de la propuesta presentada por Visión Digital es que se crea la necesidad de publicidad para el municipio”. Y, además, porque Lombana donó más de $19 millones a la campaña de Ospina.

La hipótesis de la Fiscalía es que la Alcaldía de Cali le entregó un contrato a dedo a Lombana para devolverle el aporte que había hecho a la campaña del recién posesionado alcalde. Ospina, por su parte, siempre ha dicho en su defensa: “Yo no firmé ni orienté nada”. Y tiene razón. Entre los documentos que tiene el ente investigador está el decreto del 25 de febrero de 2008, con el que el entonces alcalde le dio facultades a su secretario de despacho, Pedro Luis Barco, para contratar. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que “esta delegación no implica que se delegue responsabilidad”.

Por Redacción Judicial

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar