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En lo que tiene que ver con sus asuntos penales, Alejandro Lyons tiene la vida más o menos resuelta. Pactó con la Fiscalía y con la Corte Suprema acuerdos que, se confirmó ayer, significan para él una pena corta en prisión, pues quedó tasada en 5 años y seguramente será mucho menor el tiempo que pase tras las rejas. Acordó, además, pagar $4.000 millones en representación por todo el dinero público que habría malversado: la Fiscalía cree que fueron al menos $89.000. En la Contraloría, sin embargo, sus dolores de cabeza apenas comienzan.
El ente de control confirmó que el exgobernador de Córdoba, quien resultó siendo el “soplón” del cartel de la toga y continúa en Miami por solicitud del gobierno estadounidense, enfrenta no menos de seis procesos de responsabilidad fiscal, que suman $66.000 millones. Eso quiere decir que la Contraloría lo señala de ser el responsable de que del erario se haya “esfumado” ese dinero por la vía, básicamente, de la corrupción.
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El expediente más complejo que afronta Lyons, quien logró una negociación bastante favorable con la Fiscalía luego de que esta anunciara que le iba a imputar 20 cargos, está relacionado con el cartel de la hemofilia. En solo ese caso, la Contraloría habla de una responsabilidad fiscal de su parte frente a la malversación de $54.000 millones del presupuesto de Córdoba. La Contraloría asegura que Lyons “aceptó falsos recobros de salud y permitió gastos sin soporte con recursos de regalías”.
“La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Córdoba le abrió otros tres procesos. El primero, en cuantía de $3.626 millones, abierto el 14 de junio de 2017, es por el pago de supuestos servicios de salud prestados por diferentes IPS, bajo la modalidad de ‘Terapias basadas en Neurodesarrollo’, con recursos del SGP en su componente de Salud. Los otros dos, por $1.345 millones y $86 millones, es por el cartel del Síndrome de Down, “por el pago de terapias médicas que no se habrían realizado”.
Además, señaló la Contraloría, Lyons como gobernador dio luz verde para que supuestamente se invirtieran $4.050 millones en una obra llamada Corredor Agroecológico. El dinero se “esfumó” también. El ente de control concluyó que la administración de Lyons permitió que esos recursos se gastaran sin soportes “ni ningún tipo de control por parte del gobernador”. El corredor, se presumía, iba a mejorar la productividad de los carneros de la región. Se iban a comprar 13.000 animales a 500 campesinos, pero solo se compraron 3.000 y no se sabe aún dónde fue a parar el resto de la plata.
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El sexto y último proceso de responsabilidad fiscal que enfrenta Alejandro Lyons es por $3.055 millones. Corresponde al área de ciencia, tecnología e innovación y, aunque es independiente del Corredor Agroecológico, también tenía que ver con carneros. Se trataba de una propuesta “para supuestamente mitigar los efectos del TLC”. Y, de nuevo, el dinero se perdió sin mayores explicaciones.
En la justicia, ya la Corte Suprema admitió el preacuerdo que lo dejó a punto de pagar una pena de cinco años de prisión, y el Tribunal Superior de Bogotá aceptó también que no fuera investigado por dos delitos (peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales) a cambio de que ejerza como testigo de cargo en los expedientes que requiera la Fiscalía.
En la Contraloría, falta que haya decisiones finales. Lo que para este ente de control es claro que si bien a Lyons le exigieron devolver $4.000 millones, su responsabilidad es por una suma mucho mayor.