Alejandro Ramelli: el fiscal que se opuso al contrato de Natalia Springer

Alejandro Ramelli Arteaga, exjefe de la Unidad de Análisis y Contextos (Unac) de la Fiscalía, tiene parte de las claves del escándalo por la millonaria contratación paralela en la Fiscalía. Sin embargo, a pesar de la insistencia de este diario y de otros medios por conocer su versión sobre la accidentada bitácora del primer contrato de la politóloga Natalia Springer, por $895 millones, Ramelli Arteaga ha optado por el silencio. El Espectador, no obstante, obtuvo un documento de 25 páginas en el que Ramelli consignó sus reparos al pago del contrato. Hoy, este reporte constituye la piedra angular de la investigación contra el fiscal Eduardo Montealegre en la Comisión de Acusación. 

 

El documento, fechado el 4 de junio de 2014, es una especie de inventario del paso de Ramelli por la Unac entre octubre de 2012 y febrero de 2014, y se dio como respuesta a una investigación preliminar que abrió la Contraloría. A ese organismo de control llegaron dos anónimos que, palabras más palabras menos, señalaban que la Unac había sido un elefante blanco dentro de la Fiscalía; que la nómina de sociólogos, politólogos, antropólogos y analistas era un despilfarro, y que Ramelli se la pasó viaticando en Colombia y en el extranjero. Para entonces, Ramelli llevaba cuatro meses por fuera de la Fiscalía, había salido peleando con Montealegre, y esa andanada le confirmó su peor temor: querían desacreditarlo por lo que sabía.

 

En el documento, dirigido a Benito Rincón Rojas, responsable de Auditoría de la Contraloría General de la República, Alejandro Ramelli Arteaga se despachó. Lo primero que sostuvo con respecto al Contrato 0282 de 2013, el primero suscrito por la firma de Natalia Springer y la Fiscalía, es que jamás elaboró un estudio de necesidad del contrato, tampoco lo avaló y mucho menos lo firmó. “De hecho, me vine a enterar de la existencia del mismo el día en que me notificaron mi designación como interventor”, recalcó. El exjefe de la Unac dejó claro que tuvo múltiples reparos a esa contratación y que los primeros informes de Natalia Springer resultaron vagos, problemáticos e inútiles para las investigaciones que pretendían imputarles crímenes de guerra y de lesa humanidad a la cúpula de las Farc. 

 

La génesis de la controversia empezó en julio de 2013, cuando el propio fiscal Montealegre, en un documento de 10 páginas, justificó que dadas las connotaciones del Marco Jurídico para la Paz, la Fiscalía requería “los servicios especializados en el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia”. En dicho documento, firmado el 24 de julio de 2013, Luis Eduardo Montealegre Lynett autorizó la contratación de la firma Springer Consulting SAS, que calificó como una sociedad consultora “cuyo equipo acredita la más amplia experiencia en investigación, desde la perspectiva de la innovación y la solidaridad”.

 

Para reiterar que no había otra firma en Colombia que hiciera el trabajo de esa firma, y que nadie en la Fiscalía de los casi 25.000 funcionarios podía hacerlo tampoco, el fiscal Montealegre ponderó el trabajo de Springer, a quien presentó en estos documentos en poder de El Espectador como PhD en justicia transicional con maestrías en derechos humanos y de quien no olvidó decir que era “analista política de La FM de RCN Radio y columnista del periódico El Tiempo”. Finalmente, el primer contrato de Natalia Springer se entregó el 10 de septiembre de 2013. Ahí empezó la pelotera. 

 

De vuelta al documento de Ramelli, que está revisando la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el exjefe de la Unac señaló al respecto: “Si bien en un inicio fui designado como interventor, luego se me aclaró que era un ‘acompañante’, es decir, quien avalaba la calidad y utilidad del trabajo presentado, pero que no me correspondía hacer el acta de inicio ni ordenar los pagos. Para ello fue nombrado un interventor”. El Espectador indagó y encontró que el 19 de septiembre de 2013, esto es, nueve días después de la firma del contrato, la secretaria privada del fiscal, Nitza Vidales, designó que “por instrucciones del fiscal general” se había designado al jefe de la Oficina de Informática de la Fiscalía, Carlos Ariel Useda Gómez, como interventor. 

 

Hoy mucha gente se pregunta por qué un ingeniero de sistemas, sin la experiencia ni el conocimiento para auditar el trabajo de la firma de Natalia Springer –que consistía en el procesamiento de datos de las Farc para imputarles crímenes de guerra y de lesa humanidad–, terminó vigilando uno de los proyectos consentidos del fiscal Montealegre. Justamente la macroinvestigación que pretende imputar a los máximos responsables de crímenes cometidos en el conflicto. Con una perla más: según la columnista Cecilia Orozco, Useda fue durante 23 meses el director de la Rama Judicial, con una chequera de $1,5 billones. Orozco sostuvo que Useda tenía tantos padrinos en el Consejo de la Judicatura, que fue “distinguido” en 2007 como magistrado auxiliar sin ser abogado. (Ver columna de Cecilia Orozco)

 

En el documento conocido por El Espectador, Ramelli añadió que durante su gestión como jefe de la Unac presentó diversas observaciones a la calidad y utilidad del primer producto entregado por la firma contratista y enfatizó: “Jamás rendí un concepto favorable para el pago del primer producto del contrato”. Ramelli se refería a un informe elaborado el 24 de diciembre de 2013 por la fiscal Mónica María Suárez, en calidad de jefa encargada de la Unac. En dicho reporte, la fiscal Suárez sostuvo que el primer borrador que entregó Natalia Springer tenía problemas metodológicos graves, que no se sabía cómo se habían tratado los datos ni la procedencia de los mismos, ni de qué expedientes se sacaron, al tiempo que criticó que sus aportes no identificaban entre los patrones de conducta de víctimas y victimarios de las Farc, por lo cual “no contribuye a la investigación penal adelantada por la Unac”. 

 

 

En esencia, Alejandro Ramelli Arteaga, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y aspirante a ocupar el cargo de magistrado titular en reemplazo de Mauricio González, dejó constancia de todos los enredos provocados por el contrato de Natalia Springer. De hecho, tras los reparos realizados en diciembre de 2013 a la firma de la politóloga, el 21 de enero de 2014, Springer les solicitó a él y a otros altos funcionarios de la Fiscalía una reunión urgente para discutir las observaciones recibidas y acceder al primer pago del contrato. Alejandro Ramelli se negó a reunirse con ella hasta tanto Springer presentara “por escrito y de forma detallada” una respuesta a las 18 críticas realizadas por la Unac a su trabajo. 

 

Así se desprende de otro documento, del 23 de enero de 2014, conocido por El Espectador, en el cual Alejandro Ramelli le recordó a Natalia Springer una de las cláusulas de su contrato con la Fiscalía: “Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato”. Lo que siguió es historia conocida. El fiscal general se ocupó él mismo de la interventoría del contrato, seis días después de la solicitud de Ramelli ordenó el pago del primer avance al mostrarse satisfecho con las explicaciones de Natalia Springer y, a los 15 días, el 7 de febrero de ese año, se produjo la súbita renuncia de Alejandro Ramelli. 

 

Una cronología de hechos que parecen contrastar la versión del fiscal, según la cual no entendió nunca por qué se fue Alejandro Ramelli. A Cecilia Orozco en El Espectador le dijo el domingo pasado lo siguiente: “A raíz de estas críticas (al contrato de la firma Springer), se incorporaron las notas y se corrigieron las observaciones hechas. Personalmente, estudié el informe final y me pareció que se trataba de un trabajo extraordinario por sus innovaciones metodológicas. Justamente por considerar que el primer trabajo fue muy serio, decidí realizar nuevos contratos. En cuanto al retiro del doctor Ramelli, año y medio después de haberlo decidido y ejecutado, todavía no sé cuáles fueron las razones por las cuales renunció”. (Ver entrevista del fiscal con Cecilia Orozco)

 

Esta defensa de Ramelli, que quedó consignada en 25 páginas conocidas por este diario, fue enviada a la Comisión de Acusación del Congreso desde agosto del año pasado, acompañada de un oficio de cuatro páginas de la Contraloría, en el que el auditor Benito Rincón resaltó las diferencias de criterio entre Ramelli y el fiscal Montealegre respecto del trabajo de Natalia Springer, ya que este último, en un acta también en poder de este diario, señaló que recibía los resultados de la firma de la politóloga “a entera satisfacción”. El auditor Rincón señaló que era necesario “despejar cualquier duda sobre el verdadero cumplimiento del objeto contratado” y, por tal razón, teniendo en cuenta que Montealegre es un aforado, remitió sus reparos a la Comisión de Acusación en el Congreso. 

 

El caso de Natalia Springer, a quien el fiscal Eduardo Montealegre le dio tres convenios por un valor total de $4.276 millones, es apenas uno más de la larga lista de contratos a dedo denunciados por este diario, muchos de los cuales, de forma sorprendente, resultaron bajo la lupa, custodia e interventoría del propio fiscal Montealegre. Un escándalo que derivó en ácidas columnas, un profundo malestar en el interior del organismo y un debate de control político que ya tiene listo el Centro Democrático. El fiscal ha defendido sus actuaciones, pero se sigue resistiendo a compartirle a la opinión pública los algoritmos revolucionarios de Natalia Springer.