Alertan posible financiación del Cartel de Sinaloa a grupos de autodefensas en Córdoba

La Defensoría del Pueblo dice que el interés de las AGC radica en la expansión en estos territorios y, al parecer, se presentan bajo diferentes denominaciones y diciendo estar financiados por el cartel mexicano.

El informe de la Defensoría explica que en el municipio de Tierralta actúan dos estructuras de las AGC.Archivo particular.

La expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en zonas de especial interés como el Nudo de Paramillo, en la cordillera occidental de los Andes, y el territorio donde habita el pueblo Embera Katio del Ato Sinú, en el departamento de Córdoba, estarían conformados por una aparente financiación del Cartel de Sinaloa, una organización dedicada al narcotráfico que opera en México.

Así lo reveló un reciente informe de la Defensoría del Pueblo que, entre otras cosas, alertó el interés de este grupo armado por ocupar estas zonas que antes pertenecían al Frente 58 de las Farc, articulado con los Frentes 18 y 5, y la estructura operativa Área Nudo de Paramillo (Anupa). Aunque estas estructuras cumplieron con el proceso de dejación de armas, trasladándose al Punto Transitorio de Normalización (PTN), algunos factores, dice el informe, “erosionaron una cohesión grupal y generaron condiciones para la deserción” con el objetivo de continuar con la reincorporación colectiva.

“Las AGC, denominados por las autoridades ‘Clan del Golfo’, es el principal responsable de la violencia ejercida contra la población civil en el municipio de Tierralta. Luego de la dejación de armas por parte de las Farc, las AGC iniciaron un proceso de expansión territorial y consolidación que les ha permitido constituirse como el actor armado ilegal que ejerce el monopolio de la criminalidad en del departamento de Córdoba”, se lee en el informe publicado por la emisora La Fm.

El informe explica, además, que en el municipio de Tierralta actúan dos grupos de las AGC, una que se desenvuelve en áreas urbanas, semiurbanas y cabeceras, mientras que la otra estructura, según la Defensoría, ha permeado los municipios antioqueños de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, y se desplazan en grupos grandes y estructuras conformadas de 12 a 15 personas.

“El especial interés de las AGC en los espacios recientemente conquistados en el Nudo de Paramillo y el territorio colectivo del pueblo Embera Katio del Alto Sinú, en el municipio de Tierralta, donde los miembros de las AGC encuentran zonas de refugio, movilidad y obtención de rentas, gira en torno al control poblacional, territorial y de la economía ilegal del narcotráfico, al ubicarse allí la mayor parte de las 2.668 hectáreas plantadas con coca en el departamento de Córdoba”, agrega el informe de la entidad.  

Según la Defensoría, estos escenarios de riesgos lo configuran la expansión de las AGC que intentan consolidar el territorio territorial, quienes se presentan, al parecer, bajo diferentes nominaciones como el Grupo de los JJ y miembros del ELN, haciendo ostentaciones de dinero y manifestando estar financiados supuestamente por  el cartel mexicano de Sinaloa. Pero también estos escenarios lo configuran, explica el informe, las disputas internas en las filas de las AUC y el empleo por parte de este grupo de dádivas y obsequios para “desarticular el tejido social de base y romper la cohesión comunitaria”. Inconvenientes que se suman a la desarticulación de exguerrilleros de los Frentes 5, 18 y 58 de las Farc.

En ese sentido, para la Defensoría, la población civil se encuentra expuesta a homicidios selectivos, desplazamientos, confinamientos, restricciones de libertad de circulación, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otras cosas.