“Algunos actúan movidos por la animadversión personal”: Yesid Reyes

El jurista responde a los cuestionamientos del fiscal Martínez Neira en contra de la política de combate a los cultivos ilícitos de coca que, en buena parte, inspiró el exministro de Justicia del gobierno Santos. Explica por qué no se debería regresar a las fumigaciones aéreas con químicos potencialmente cancerígenos. Niega que la decisión de suspender esas aspersiones tenga que ver con el Acuerdo de Paz y justifica su renuncia a posesionarse como magistrado de la JEP.

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador
23 de junio de 2018 - 07:00 p. m.
 “Siempre he tenido una relación muy cordial con el actual fiscal. Sin embargo, en el espectro ideológico estamos en ángulos distintos”: Reyes./ Óscar Pérez
“Siempre he tenido una relación muy cordial con el actual fiscal. Sin embargo, en el espectro ideológico estamos en ángulos distintos”: Reyes./ Óscar Pérez

El fiscal Martínez convocó de urgencia al Consejo Nacional de Estupefacientes para esta semana. Es probable que insista en que el Gobierno vuelva a las fumigaciones aéreas para combatir los cultivos de coca por el aumento en las hectáreas: 180 mil. ¿Es usted el responsable de esta situación por haber tomado la decisión, como ministro de Justicia, de desactivar ese método, en 2015?

En absoluto. Atribuirle el incremento de las hectáreas con cultivos de coca a la suspensión de la fumigación aérea con glifosato sólo consigue evadir la discusión sobre un tema de mayor fondo: la evaluación sobre la efectividad de la lucha contra las drogas emprendida por el mundo desde mediados del siglo pasado. Reducir la discusión a un solo punto de una problemática tan compleja, le hace creer a la gente que el negocio ilícito de las drogas es de una simpleza tal, que si se fumigan sus cultivos, desaparece. Eso no es serio.

Pues Martínez Neira, Estados Unidos y el partido de oposición al gobierno Santos coinciden en atribuirle ese crecimiento a la falta de fumigación aérea. ¿Cómo explica usted la ineficiencia de la lucha contra las drogas?

Mire usted: la aspersión aérea con glifosato se utilizó en Colombia durante 20 años. En ese período se fumigaron cerca de un millón 800 mil hectáreas. Pero cuando la fumigación se suspendió, en el país había, más o menos, el mismo número de hectáreas que cuando se empezó a usar ese mecanismo. Lo que demuestra esta situación es que la aspersión aérea, como única forma de combatir el narcotráfico, no da los resultados esperados. Pero, además, la Corte Constitucional prohibió asperjar, de manera aérea y con glifosato, parques naturales y zonas de reserva campesinas e indígenas. Hoy, si uno revisa los sitios de mayor concentración de cultivos de coca, se constata que esos cultivos están, precisamente, alrededor de los parques naturales, de las zonas de reserva campesinas e indígenas y, por si fuera poco, de la frontera con Ecuador…

… Quiere decir, ¿en los sitios prohibidos por la Corte para asperjar?

Exactamente. Y recuerde que tuvimos que indemnizar a Ecuador cuando el glifosato que se asperjaba desde nuestro lado de la frontera alcanzó territorio del vecino país. Lo que se comprueba, entonces, es que los cultivadores de coca se trasladaron cuando se fumigaba, pero no que terminaron sus cultivos. Y también se demuestra que se movieron hacia zonas en donde había prohibición de asperjar con glifosato o riesgo de confrontación internacional por el uso de ese mecanismo.

¿Por qué el gobierno Santos prefirió tomar esa posición tan difícil de sostener internacionalmente en lugar de irse por la vía de la eficacia y de los tratados entre Estados, de lucha contra el narcotráfico, para continuar fumigando de manera aérea haciéndole, un poco, el quite a la orden de la Corte?

En un Estado de derecho las políticas públicas no deben estar guiadas solamente por su grado de eficacia. Si una herramienta de lucha contra el delito puede poner en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos, el Estado tiene la obligación de abandonarla y buscar otras alternativas, porque la lucha contra el crimen no puede hacerse a cualquier costo.

¿A qué se refiere? El jefe del Ministerio Público en ese momento, Alejandro Ordóñez, y como le dije, el fiscal Martínez a pesar de representar la defensa de la justicia, siempre se opusieron a abandonar las aspersiones aéreas…

El núcleo de la discusión es la ponderación de intereses. La pregunta es si el Estado, con el loable propósito de reducir el número de hectáreas de cultivos ilícitos, puede válidamente recurrir a métodos que, como la aspersión aérea con glifosato, no sólo afecta cultivos lícitos de los que viven muchas comunidades campesinas e indígenas y destruye fauna, flora y contamina fuentes de agua, sino que es potencialmente dañino para la integridad física de los ciudadanos. En mi concepto, la sola posibilidad de que esas fumigaciones lleguen a afectar la salud y otros derechos fundamentales de las personas, es razón suficiente para que el Estado renuncie a ellas y busque otros métodos de lucha contra las drogas.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la fumigación aérea con glifosato en sitios habitados por seres humanos o cultivados con productos alimenticios primarios?

Paralelamente a la prohibición de la Corte Constitucional de uso de la fumigación aérea con glifosato en parques naturales para prevenir daños que esa sustancia puede ocasionar en fauna y flora, y a su advertencia de no usarla sobre áreas habitadas por comunidades indígenas o campesinas para proteger sus derechos, se han venido conociendo estudios de entidades vinculadas a la OMS, según los cuales el glifosato es una sustancia potencialmente cancerígena. La conclusión es que, ante la probabilidad de que la aspersión aérea con glifosato pueda afectar la salud de las personas, el Estado debe renunciar a ella y buscar métodos alternativos de combatir la proliferación de cultivos de marihuana, coca y amapola.

El fiscal Martínez también descalificó el Consejo de Estupefacientes por “no construir un plan de acción integral del Estado en contra de los cultivos ilícitos”, lo que implica una crítica a toda la política antidrogas de Santos.

El gobierno del presidente Santos no sólo ideó un plan integral para afrontar esa problemática, sino que consiguió que la ONU convocara una reunión extraordinaria para evaluar la efectividad de la lucha contra las drogas emprendida por la comunidad internacional desde hace casi un siglo. En ese foro, Colombia mostró las falencias de la antigua política y, adicionalmente, presentó propuestas de modificación a ese enfoque, muchas de las cuales fueron aprobadas. El aumento de las plantaciones de coca pone en evidencia que alguno o varios de esos tres ejes del plan no están funcionando de manera adecuada. Esto debe llevar al Gobierno a revisarlos para detectar las fallas que se estén presentando y a adoptar los correctivos necesarios.

Que usted sepa, ¿existen modalidades de aspersión aérea menos dañinas que las que se hacen con glifosato?

Sé que la Policía Nacional ha estado investigando desde hace varios años nuevas moléculas para ser utilizadas en programas de aspersión, pero desconozco el estado actual de esos estudios. Su eventual utilización está condicionada por los lineamientos de la Corte Constitucional cuando ha invocado el principio de precaución.

De otro lado, sobre todo por parte de la oposición a Santos, hoy nuevo gobierno Duque, se vincula la decisión oficial de suspender las aspersiones aéreas con el Acuerdo de Paz y se ha dicho que fue un compromiso con las Farc. ¿Es cierto?

No. El estudio y diseño de una nueva política contra las drogas de uso ilícito es una antigua preocupación del presidente Santos que comenzó a trabajarse en Colombia y a exponerse y debatirse en foros internacionales con absoluta independencia de lo que se estaba discutiendo en La Habana. Es un asunto de ponderación de intereses, de concepción de Estado y de acatamiento a la Corte Constitucional.

El presidente electo, Iván Duque, no descartó, en campaña, que su administración pudiera reimplantar la aspersión aérea para combatir masivamente los cultivos. De hacerlo, ¿esa decisión iría en contravía, entonces, de lo ordenado por la Constitucional y de lo recomendado por la OMS?

Colombia era el único país del mundo que mantenía la aspersión aérea con glifosato como forma de erradicar cultivos de uso ilícito. Volver a esa práctica no sólo nos devuelve a esa poco honrosa posición, sino que supondría aceptar que la lucha contra el crimen puede hacerse a cualquier precio, incluso a riesgo de la salud de los habitantes de las zonas asperjadas.

Entre paréntesis, desde cuando usted era ministro y el fiscal, “superministro” durante el gobierno Santos, él parecía estar siempre en posición contraria a la suya. Recuerdo, además del tema de las aspersiones, el de la reforma a la justicia conocida como equilibrio de poderes y, ni se diga, el del proceso de paz. ¿Se podría afirmar que él le tiene a usted una especie de “bronca” personal o se trata de concepciones de Estado más conservadoras en el caso de Martínez y más liberales las suyas?

En lo personal, siempre he tenido una relación muy cordial con el actual fiscal. Sin embargo, en el espectro ideológico estamos situados en ángulos distintos. Con independencia de que él haya sido militante activo del Partido Liberal, lo cierto es que cuando se ha enfrentado a problemas concretos de la vida nacional, ha mostrado su inclinación por un derecho penal más represivo que preventivo; por una función más retributiva que resocializadora de la pena, o por enfrentar la delincuencia a través de mecanismos que pueden vulnerar indebidamente derechos fundamentales, como la desmedida utilización de la detención preventiva o la propuesta de asperjar con glifosato. Por el contrario, aun cuando no haya sido activo en temas partidistas, mi formación es liberal: defiendo el respeto de las libertades individuales; concibo el derecho penal como un mecanismo de control social que debe ser utilizado sólo de manera excepcional y cuando otras formas de prevención del delito se muestren inútiles o inadecuadas; creo en la sanción penal, no como instrumento de venganza, sino como una herramienta para mantener cohesionada a la comunidad social, y abogo por la utilización racional de la detención preventiva.

Usted es considerado como una persona de posiciones ponderadas, pero como cosa rara, se ganó la malquerencia del fiscal y de algunos periodistas y medios que lo han criticado con bastante acidez. ¿A qué le atribuye esa molestia con usted?

En esta época hay una gran polarización en el país en torno a temas como el proceso de paz y la política criminal, incluido el punto del aumento de los cultivos ilícitos. Esa polarización conduce a que la gente abandone la sana confrontación de ideas por descalificaciones. Por eso no se puede descartar que algunos actúen movidos más por la animadversión personal que por razones intelectuales.

“No me posesiono para poder opinar con libertad”

Usted fue elegido magistrado de la JEP, una  honrosa posición. Pero hace pocas horas envió una carta a la presidenta de esa jurisdicción en que le informa que no se posesionará ¿Por qué lo decidió, y por qué ahora?

A juzgar por lo que algunos sectores políticos han manifestado recientemente y por lo que el propio Presidente electo Iván Duque ha anunciado, se avecina un importante debate sobre las presuntas necesidad y conveniencia de realizar ajustes al Acuerdo de La Habana y, concretamente, a la JEP. Convencido, como estoy, de las bondades del proceso de paz y de la solidez de las bases estructurales sobre las que se construyó el modelo colombiano de justicia transicional, no quiero ser ajeno a esa discusión. Pero dado que el cargo de magistrado impone unas limitaciones obvias en ese sentido, prefiero mantener la libertad absoluta de opinar desde afuera. Concretamente, desde la academia. Cuando los magistrados de la JEP fueron escogidos, se esperaba que esa jurisdicción funcionara a plenitud en corto tiempo. Sin embargo, el Congreso sigue sin aprobar las normas de procedimiento para operar integralmente y, como dije, se avecina una gran polémica. Reitero, en esas condiciones, prefiero estar libre para debatir y eso no lo puedo hacer desde la magistratura.

“El Estado no puede limitarse a arrasar cultivos”

¿La discusión sobre los métodos para combatir los cultivos ilícitos pone en conflicto los intereses nacionales y los extranjeros? Se lo pregunto porque el mundo desarrollado polemiza, sin ningún cuestionamiento, acerca de la conveniencia del uso del glifosato. Pero aquí parece que proponer esa discusión es apoyar el narcotráfico…

Es cierto. Una de las propuestas que hizo Colombia en Naciones Unidas cuando planteó la necesidad de redefinir la política de lucha contra las drogas, fue la de permitir que cada país, de acuerdo con su propia realidad, pudiera diseñar la forma  de enfrentarla. Por ejemplo, en Colombia la problemática de los cultivos ilícitos está amarrada, en buena parte, a que las organizaciones criminales que controlan el negocio del narcotráfico, utilizan a pequeños agricultores  que no tienen alternativas reales de subsistencia distintas al cultivo de coca. Por eso, se decidió que mientras se perseguiría militar y judicialmente a las bandas criminales, se les daría la posibilidad, a los campesinos, de migrar hacia plantaciones lícitas. Pero si el Estado se limita a arrasar los cultivos ilegales de los que devengan sus únicos ingresos sin darles alternativas de subsistencia, lo único que logra es empujarlos, otra vez, al mundo del delito. La discusión  en otros países puede ser radicalmente diferente.

Por Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

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