Álvaro Cruz y el cartel de contratos de Bogotá

El ente investigador imputaría cargos al gobernador de Cundinamarca por cohecho, abuso de confianza e interés indebido en contratos. Nexos con ICM Ingenieros y supuestas coimas de $800 millones lo enredan.

El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, será llamado en los próximos días a audiencia de imputación de cargos. / Archivo

Las declaraciones de contratistas vinculados al millonario desfalco al Distrito conocido como el carrusel de la contratación, durante la alcaldía de Samuel Moreno, y las pruebas recolectadas en los allanamientos a la oficina y vivienda del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y a las instalaciones de las compañías Incoasfaltos e ICM Ingenieros, realizados en mayo pasado, tienen hoy al funcionario en un laberinto del que puede salir sin su cargo y hasta terminar tras las rejas.

Con pruebas que, según el ente investigador, son suficientes para demostrar los nexos entre Cruz y el carrusel, esa entidad anunció que en una audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá le imputará al gobernador los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar y ofrecer y abuso de confianza calificado. Según la Fiscalía, por la gravedad de lo acontecido solicitará también que le sea impuesta una medida de aseguramiento al mandatario departamental.

Según el ente investigador, el gobernador sería responsable de entregar, entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, sobornos por $800 millones a funcionarios de la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial de Bogotá y a concejales de la ciudad que manejaban la entidad a su antojo. $800 millones que, según la Fiscalía, habrían salido del anticipo de un contrato por $24.000 millones que fue adjudicado a la Unión Temporal Asfaltos 2009, que estaba integrada por Incoasfaltos y una empresa asesorada por Cruz y protagonista de este caso: ICM Ingenieros.

Al ya complicado expediente de Cruz se sumó a principios de esta semana el testimonio difundido por Noticias Caracol de Gabriel Molina Ruiz, gerente de Incoasfaltos, que aceptó haber girado cheques, por orden de Cruz, que fueron usados para pagar comisiones ilegales a concejales de Bogotá, entre ellos Andrés Camacho, Orlando Parada e Hipólito Moreno, condenados por el carrusel de la contratación.

En múltiples ocasiones Cruz ha manifestado que jamás incurrió en los hechos que han mencionado los exconcejales y algunos contratistas. De hecho, en una entrevista con El Espectador dijo hace unos meses que las acusaciones en su contra tienen como trasfondo el interés de recibir beneficios a cambio de ensuciar su nombre. “El sistema penal da beneficios a quienes logran involucrar a personas de jerarquía alta. Como yo soy gobernador, me están involucrando para ver qué logran. Que prueben con documentos si he cometido algún delito”. Además, agregó: “Hay varias personas procesadas por el carrusel que tenían contratos con la Gobernación, y cuando yo llegué, puse muchos en orden, los acabé y cobré multas. Por eso varios de ellos están bravos conmigo. Con esos antecedentes, es evidente que quieren debilitarme”.

Aunque desde 2013 el nombre de Álvaro Cruz empezó a escucharse en los juicios de los investigados por el carrusel, la relación del gobernador con este escándalo, puntualmente su poder en ICM Ingenieros, no ha sido clarificada. No obstante, en mayo, tanto Noticias Caracol como el periodista Daniel Coronell presentaron unos documentos que al parecer habrían sido firmados por el gobernador como representante de la firma de construcción en la compra de unos predios en Florida (Estados Unidos).

La investigación pretende establecer si el poder del gobernador dentro de la compañía era tal que, por así decirlo, era el jefe a la sombra, o si era, como Cruz dice, un simple asesor. Mejor dicho, esclarecer si tenía tanto poder como para beneficiarse del contrato, cuyo valor inicial fue de $15.639 millones pero que, después de tres adiciones, le terminó costando al Distrito casi $24.000 millones.

Estas acusaciones se dan en momentos en que la puja por la Gobernación de Cundinamarca se encuentra al rojo vivo con las candidaturas de Nancy Patricia Gutiérrez, apoyada por los liberales, el Centro Democrático y posiblemente el conservatismo, y Jorge Rey, candidato por el resto de la Unidad Nacional, peleándose el poder del departamento.

El gobernador, quien permaneció ayer en reuniones con sus abogados, no se ha pronunciado al respecto. No se descarta su renuncia y que, al final, no sea él quien le entregue la posta a Gutiérrez o a Rey.