Álvaro Leyva, el hombre de la paz que resultó “chuzado”

Álvaro Leyva lleva 40 años trabajando por la paz.

Si hay dos personas que en Colombia se la han jugado a fondo por la paz del país, con muchas críticas de por medio en razón de esa misma gestión, son el exministro conservador Álvaro Leyva Durán y la excongresista liberal Piedad Córdoba. Y sus comunicaciones, ahora vino a saberse, fueron interceptadas ilegalmente por las autoridades. En el caso de Leyva Durán, lo confirmó oficialmente la propia Fiscalía: “Los motivos fundados que sirvieron de soporte a la referida interceptación telefónica (…) son espurios”. En el caso de Piedad Córdoba, la ilegalidad de la interceptación la conoció este diario por una fuente de alto nivel de la Fiscalía.

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Leyva Durán lleva casi cuarenta años trabajando en aras de la idea de un país sin guerra. Comenzó contactos con la guerrilla de las Farc en los años 80, cuando, como ministro de Minas y Energía del presidente Belisario Betancur, integró la Comisión Nacional de Verificación, organismo clave para los acuerdos de paz con las Farc, que fueron el espacio en que germinó la Unión Patriótica. Su protagonismo en temas de la paz, desde entonces, ha permanecido como un inamovible. En la época de Virgilio Barco, después de la liberación del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado (secuestrado por el M-19), esa guerrilla y las Farc crearon una comisión para dejar las armas de la que Leyva fue el promotor.

Cuando aspiró a la presidencia por primera vez, su competidor, el liberal César Gaviria, se llevó la victoria. Leyva Durán pasó a hacer parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio vida a la Constitución del 91, y luego trabajó en pro de que realizaran diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, proceso que se instaló en Caracas (Venezuela) en 1991 y se vino al piso un año más tarde, por la muerte en cautiverio del exministro Argelino Durán. En el gobierno Samper, Leyva trató de seguir promoviendo diálogos de paz con las Farc, pero el Proceso 8.000 sepultó sus intenciones. Luego llegó Andrés Pastrana al poder, quien no habría podido sentarse a hablar con las Farc sin Leyva de por medio.

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Sin embargo, antes de que comenzaran los diálogos de paz en la zona de distensión del Caguán, Leyva resultó investigado por enriquecimiento ilícito, lo que lo llevó a pedir asilo a Costa Rica y dar un paso al costado en las negociaciones entre las Farc y Pastrana, que terminaron en un fracaso rotundo. El caso terminó en juicio y, en 2004, fue absuelto. Por esa época ya estaba Álvaro Uribe en el poder, ante quien Leyva insistió, sin éxito, en generar un espacio de conversaciones con la guerrilla en el Valle del Cauca, propuesta que no llegó a ningún puerto. Aun así, en 2007, Leyva fue el único autorizado para recuperar los cuerpos de los diputados del Valle, secuestrados por las Farc y ejecutados en cautiverio.

Luego llegó Juan Manuel Santos a la presidencia y Leyva recobró fuerza en el vaivén de los diálogos de paz con las Farc, al punto que fue considerado el hombre clave detrás del histórico Acuerdo de Paz que se firmó en 2016. Desde entonces viene insistiendo en la necesidad de que el Gobierno y el Eln se sienten a hablar de paz. Ahora se sabe que en 2013, cuando la mesa de negociaciones de La Habana estaba recién instalada, Leyva fue interceptado ilegalmente desde una sala de la Dijín, según confirmó la vicefiscal Martha Mancera. Ingresaron su teléfono dentro de una investigación por narcotráfico transnacional y, del 19 de febrero al 11 de junio de ese año, sus conversaciones fueron grabadas irregularmente.

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Por su parte, la exsenadora Piedad Córdoba está alejada de la política. Así permanece desde que el exprocurador Alejandro Ordóñez la destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos, con base en los computadores que se encontraron tras el bombardeo al campamento de Raúl Reyes. El Consejo de Estado anuló esa decisión disciplinaria, teniendo en cuenta que, como ya había dicho la Corte Suprema de Justicia, no se guardó la cadena de custodia sobre los mencionados computadores y, por eso, no eran prueba válida para ningún proceso en Colombia. Aunque podía volver al ruedo político, Córdoba no quiso y se marginó de la vida que conoció durante décadas.

En la era Uribe, no obstante, Córdoba fue fundamental para lograr acercamientos con las Farc. Ella, de la mano del presidente venezolano Hugo Chávez, fue fundamental para que la entonces guerrilla empezara a liberar a su preciado “botín”: los políticos que mantenía en cautiverio en busca de tener algún margen de negociación con un gobierno que había prometido mano dura con esa organización ilegal. Por esa vía volvieron a ser libres Sigifredo López, Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Jorge Gechem y varios militares y policías. Ella logró además, desde 2008, 31 liberaciones. Incluso, se sentó a hablar con exjefes paramilitares en las cárceles, tras haber sido secuestrada por orden de Carlos Castaño en 1999.

Córdoba y Leyva Durán comparten, además, una dolorosa experiencia: la pérdida de uno de sus trabajadores cercanos por cuenta de la violencia. El representante por Cundinamarca Jairo Rojas, mano derecha de Leyva, fue asesinado por paramilitares en 2001. Jaime Gómez, asesor de Córdoba, salió a trotar y apareció asesinado en el Parque Nacional de Bogotá en abril de 2006. Sin embargo, de las interceptaciones ilegales a Córdoba se sabe mucho menos. La vicefiscal Mancera no quiso referirse al tema ni en la rueda de prensa ni cuando habló con El Espectador después, solo atinó a decir: “Todavía estamos en el rastreo, estamos trabajando dentro del caso”.

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En noviembre pasado, Semana reveló el documento que Luis Carlos Gómez Góngora, exjefe de la sala de interceptación Diamante de la Fiscalía, entregó a la JEP. Gómez Góngora, condenado a ocho años de prisión por interceptaciones ilegales, dijo que quería someterse a la justicia transicional y que tenía información relacionada con el conflicto. Como que, por ejemplo, el exfiscal Néstor Humberto Martínez conoció de las interceptaciones ilegales a Leyva Durán y Córdoba, además de Enrique Santiago, Diego Martínez y Humberto de la Calle, todos relacionados con el proceso de paz. Una fuente de alto nivel de la Fiscalía que conoció la investigación interna que surgió de esas denuncias le aseguró a este diario que ni Santiago, ni Martínez ni De la Calle fueron interceptados ilegalmente; pero Córdoba sí.